El gobierno de Estados Unidos decidió unilateralmente expulsar, al sur de México –pretextando razones de salud– a solicitantes de asilo y migrantes con lo que se advierte una inminente crisis humanitaria.
La ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados detalló que los extranjeros son enviados vía aérea, hacia el sur de México (Tapachula y de ahí hacia puntos fronterizos con Guatemala).
Las personas solicitantes de asilo y migrantes están siendo expulsadas en virtud de una orden de salud pública de Washington.
Las personas o las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades.
Estos vuelos, a través de los cuales se trasladan hacia el interior de México a ciudadanos no mexicanos, constituyen una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con la covid conocida como Título 42, señaló Matthew Reynolds, representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe.
Hay un significativo deterioro de las condiciones humanitarias de las personas migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras norte y sur de México, según se ha podido corroborar.
En este contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha protestado y su cancillería no se ha pronunciado abiertamente para que a los extranjeros no los dejen en suelo nacional sino que los remita EU a sus países de origen.
Los movimientos migratorios mixtos requieren de una respuesta integral en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, cualquiera que sea la nacionalidad o condición migratoria de las personas y en todas las fases del ciclo migratorio –origen, tránsito, destino y retorno– incluyendo principios fundamentales como la no devolución, la protección de la niñez y la no discriminación, expresaron cinco agencias de Naciones Unidas.
Teniendo esto en cuenta, las Oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), manifiestan su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación de la norma denominada Título 42.
Mediante esa norma, el gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública.
La aplicación de esta norma ha colocado a miles de personas mexicanas, centroamericanas y de otras nacionalidades en una situación crítica.
Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México, señala un informe oficial de la ONU.
Aquí es más que obvio que hay una crisis humanitaria en momentos en que la capacidad de recepción de los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera se encuentra rebasada.
En este contexto urge fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal y de la sociedad civil para atender esta delicada situación humanitaria.
El panorama es poco halagador para los extranjeros en momentos en que se ha agravado la pandemia por covid-19 y la falta de protocolos de salud para mitigar los riesgos de contagios.
Las devoluciones en frontera, desde la semana anterior dieron inicio por medio de vuelos desde Estados Unidos hacia el sur de México con personas expulsadas. Algunos volverán a internarse en territorio mexicano y con ello una serie de problemas para las autoridades en Chiapas.
Las Agencias de Naciones Unidas reconocen que la realidad de la movilidad humana en la región es compleja y que en el caso de México, requiere atender movimientos migratorios mixtos, que incluyen personas con diferentes necesidades, edades y perfiles, tales como personas en situación migratoria irregular, personas en necesidad de protección internacional, personas apátridas, mujeres y personas LGBTI+, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y sexual, personas víctimas de trata y otros delitos, así como niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, entre otros.
Con 12,807 nuevas solicitudes de asilo tan solo en el mes de julio, más de 70% en Chiapas, la tendencia en México de llegadas a gran escala se mantiene desde 2018, tendencia que se recuperó una vez que disminuyeron las restricciones fronterizas por covid-19 y comenzaron a reflejarse los efectos directos e indirectos de la pandemia.
Esta situación representa un enorme reto para México, cuya respuesta exige intervenciones adicionales al sistema de protección internacional y asilo.
De igual modo, la llegada de miles de personas migrantes en tránsito, que son retornadas o que han elegido a México como país de destino, requiere de políticas públicas centradas en las necesidades particulares de las personas migrantes y refugiadas y generar alternativas de regularización e integración viables, dignas y seguras.
Las Agencias reconocen que la covid-19 representa importantes desafíos para todos los países, por lo que trasladar personas de un país a otro bajo argumentos de salud pública no es una respuesta viable.