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Crisis de justicia

El titular del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ) pidió liberación de un par de detenidos con armas de fuego.

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Escrito en OPINIÓN el

El Poder Judicial tutela para el Estado la función jurisdiccional, como aquellas actividades que tienen por objeto dirimir los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre éstos y el Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico, ejercidos de manera pronta y expedita, que son los principios constitucionales de esta función.

 

Todas estas actividades son ejercidas por una estructura que descansa principalmente en jueces y magistrados, entre cuyos valores de desempeño se encuentran la imparcialidad, independencia gratuidad de la justicia, y por extensión, la objetividad y el profesionalismo.

 

Pero cuando se rompe el equilibrio de alguno de estos principios, proviene la crisis en la impartición de la justicia. Esto es lo que ha pasado con algunas instituciones de impartición de justicia, como lo sucedido en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ), cuyo titular Luis Carlos Vega Pámanes, fue evidenciado en una grabación de audio publicada hace un par de semanas, pidiéndole al director de la Policía de Guadalajara, la liberación de un par de detenidos con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, bajo la recomendación que ambas personas trabajaban para un tercero al que le denominó “el patrón”.

 

Esta situación vino a vulnerar no sólo la función jurisdiccional, al tomar parte de manera activa, pidiendo la liberación de presuntos delincuentes, sin haber sido procesados. También vulneró y transgredió la función de seguridad pública y procuración de justicia, al solicitarle al titular de la seguridad pública del municipio de Guadalajara, hacer caso omiso de los delitos por los que habían sido detenidos.

 

Este tema tuvo un desenlace, cuando al ser evidenciado como un delincuente con una nota policiaca de 1984, el titular del STJ pidió licencia al cargo, al carecer de uno de los elementos para ejercer la función jurisdiccional, como lo es la probidad. En el absurdo, no puede ser titular de un órgano impartidor de justicia, quien tiene deudas pendientes con ella misma.

 

En una investigación de Grupo Reforma (Mural, 27/10/2016) Vega Pámanes en 1984 entonces estudiante de bachillerato, robó un automóvil con el que dio muerte por atropellamiento a una persona y se resistió al arresto. Cuando logra ser capturado por la policía se le encontró un arma de fuego, dinero en efectivo y joyas, producto de la actividad delincuencial. Nótese que no fue una travesura de muchachos, sino la comisión de delitos.

 

Si Vega Pámanes entonces hubiera sido procesado, conforme a derecho, hoy en día quizás sea interno de algún centro de readaptación social, por la muerte de una persona de manera imprudencial, pero no fue así.

 

Pero no fue así y la corrupción sometió a la autoridad, e incluso hoy en día, en un improvisado mensaje en el marco de una gira de trabajo, en el que se notaba la congoja y pesadumbre, el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, le pidió a Vega Pámanes aclarar esos dichos o separarse del cargo, al tiempo que informó que la Fiscalía General de ese Estado señaló que el expediente del criminal se encuentra perdido. Se dice que horas antes Sandoval recibió una llamada en Casa Jalisco de la Secretaría de Gobernación, en donde le instruía la solución a este penoso y lastimoso asunto.

 

Caben varias preguntas para el Gobierno y Congreso de Jalisco. ¿Quién es el responsable en el Gobierno de Jalisco de que Vega Pámanes haya obtenido una carta de no antecedentes penales, para concursar como magistrado del STJ? ¿Por qué los diputados locales de la LIX Legislatura no fueron minuciosos para filtrar a candidatos a Magistrado? Los delitos que cometió Vega Pámanes no son menores, ya que hubo víctimas y, por tanto, debe enfrentar la justicia, aun cuando en el texto del mensaje de comunicación social del STJ dice que ya pagó su deuda con la sociedad, sin demostrarlo con el auto de libertad expedido por el juez penal correspondiente.

 

Ejemplos como Vega Pámanes trascienden al ámbito nacional, por su impacto en la función jurisdiccional, de seguridad y de procuración de justicia, invadiendo esferas de competencias, del judicial al ejecutivo, sin que éste último tenga el menor recato en llamar la atención a su par, lo que abre la posibilidad de complicidad y corrupción.

 

Además, este tema es la llamada de atención al Poder Judicial, a conducirse bajo los principios que señala la Constitución y los del ejercicio propio de la función jurisdiccional.

 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 publicada por el INEGI, arroja que en 2014 se denunciaron 33.7 millones de delitos, con 22.8 millones de víctimas, en todo el país. Los sentenciados en todo el país del fuero local en ese mismo periodo, -al que pertenece el STJ-, fue de 119,964; lo que indica que hay un déficit en la impartición de justicia, de 33.6 millones de sentencias, es decir, más del 95% de los delitos que se cometen en este país, no llegan a sentencia.

 

¿Cuántos de esta falta de sentencias corresponde a Jalisco y cuantos a los demás Tribunales de Justicia en las Entidades Federativas?

 

@racevesj 

@OpinionLSR