Con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en mayo de 1993, dio inicio uno de los periodos más oscuros y violentos en la historia reciente de México. Igual que en aquellos años, la vecindad de los procesos electorales y el señorío de la delincuencia organizada se tocan y se influyen mutuamente.
Al mismo tiempo que el Instituto Nacional Electoral enfrenta el ataque sistemático a su legitimidad por parte del propio presidente de la República y sus huestes, la delincuencia organizada exhibe su músculo, lo mismo imponiendo candidatos a gubernaturas y alcaldías —sin importar color o denominación política—, que sembrando el terror entre los gobernados.
Guadalajara vuelve a ser el escenario del crimen, con el secuestro y asesinato de los hermanos González Moreno. A pesar de los años transcurridos —veintiocho, para ser exactos— en todo este tiempo las instituciones del Estado no fueron lo suficientemente fortificadas, ni se logró erradicar a la delincuencia organizada.
La debilidad de las instituciones sigue siendo inversamente proporcional al poder del jefe del Ejecutivo federal, quien, en esta administración en particular, se preocupa más por demolerlas, que por atender sus debilidades y combatir sus amenazas, como correspondería a un estadista que vela por el futuro del país y no por mantener el poder al costo que sea.
El artero crimen contra los hermanos González Moreno ahonda el miedo de la sociedad y pretende su inmovilidad, al tiempo que exhibe la nulidad de los gobernantes y la pequeñez de las autoridades responsables de la procuración de justicia.
El asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, y abogado defensor de la familia LeBarón es otro crimen que exhibe la ausencia de Estado de Derecho y manda mensajes claros sobre el interés de la delincuencia organizada en el proceso electoral.
La estrategia —si es que puede calificarse así— de “abrazos y no balazos”, ha probado en los hechos su más rotundo fracaso. La presencia militar en las calles no ha impedido la consumación de delitos como son el robo de hidrocarburos o el tráfico de estupefacientes y menos ha desestimulado la violencia política que se ensaña contra los candidatos a puestos de elección popular.
El declive de Carlos Salinas de Gortari tuvo su punto de partida el 24 de mayo de 1993 en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Vendría después el alzamiento zapatista en Chiapas, el homicidio de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu. Ninguno de los asesinatos tuvo una explicación convincente. En todos aparece la sombra de la delincuencia organizada entremezclada con el poder político.
Ya sabemos cómo inicia y sabemos también cómo termina. Al presidente de la República parece no preocuparle demasiado. Quizá suponga que su condescendencia hacia los principales cárteles le alcanza para mantener el mínimo de gobernabilidad que necesita para la continuidad de su proyecto político.
Quizá suponga también que, por miedo, la sociedad no se movilizará para exigir justicia y legalidad y para ejercer su derecho al voto. Diez mil personas manifestándose contra el crimen de los hermanos González Moreno son un indicador valioso de que el futuro depende de la sociedad organizada y no de gobiernos timoratos y displicentes, como el que encabeza.