En el derecho internacional, los crímenes contra la humanidad se encuentran claramente referenciados y tipificados. La definición de estos delitos es en suma precisa y determinante, todo ello resultado de un largo proceso de codificación internacional. De esta manera, tenemos que los delitos de lesa humanidad se refieren a hechos graves cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Tal definición supera los estrechos márgenes del primer concepto de crimen contra la humanidad definido por el Tribunal de Núremberg, en donde actos como el asesinato, la exterminación, la esclavitud y la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos figuraban como hechos concretos de este tipo de delitos.
En el Estatuto de Roma de 1998 encontramos una jerarquización bajo el criterio de mayor o menor gravedad en donde los crímenes de lesa humanidad aparecen en segundo lugar, detrás del genocidio y antes de los crímenes de guerra. Actualmente, la jurisprudencia internacional, siguiendo los lineamientos del Estatuto de Roma otorga especificidad a los delitos de lesa humanidad, estableciendo que éstos tienen lugar tanto en el marco de acciones masivas, con multitud de víctimas, como también, en el caso de una sola víctima, siempre y cuando el ataque o hecho punible responda a una acción del Estado u otra organización para promover algún tipo de línea política.
Es decir, la concurrencia de tres premisas fundamentales es indispensable para considerar un delito como crimen de lesa humanidad: 1) ataque generalizado y sistemático, 2) por parte del aparato estatal o grupos armados organizados, 3) contra la población civil. Estos factores son necesarios para poder procesar y sancionar a través de la Corte Penal Internacional a responsables de cometer delitos contra la humanidad, sobre todo de países como México, enfrentan una legalidad espuria, principalmente en lo que se refiere a casos graves de trasgresión de derechos fundamentales.
Bajo estas premisas la Open Society Justice Initiative y cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos presentaron el informe titulado Undeniable Atrocities: Confronting Crimes against Humanity in Mexico. En él se documentan casos emblemáticos que han socavado el estado de derecho en nuestro país.
Lo sucedido en Iguala, Tlatlaya, San Fernando, Ojinaga, Allende y Apatzingán, entre otros, son señalados como ejemplos fidedignos de las atrocidades cometidas tanto por el Estado mexicano, como por el crimen organizado durante la última década. La desaparición forzada, la tortura, los malos tratos, secuestros y asesinatos son fenómenos anquilosados en México hoy en día. La población civil constantemente se encuentra amenazada por este tipo de crímenes, vivimos en una sociedad en riesgo tal como la describiera Ulrich Beck.
En este contexto el informe señala, que de 2006 a 2015, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, más de 150,000 personas en México perecieron intencionalmente y otras miles, que por cierto resultan incontables, se encuentran desaparecidas. Se percibe como detonador de estos acontecimientos, la estrategia de seguridad nacional de lucha contra el crimen organizado del Estado. Las atrocidades cometidas por autoridades –civiles y militares- son ampliamente asentadas. La crisis es devastadora, también, es real e innegable.
Los autores de estos crímenes atroces son claramente expuestos: las fuerzas federales, estatales y los carteles, mismos que son señalados no solamente por perpetrar dichos delitos, sino también por obstruir la debida investigación y aplicación de la justicia, además de actuar sistemáticamente bajo la égida de la impunidad lacerante, prevaleciente en nuestro país. Como dice Edgardo Buscaglia la corrupción política mata. La red de complicidades en todos los órdenes de gobierno para evitar la responsabilidad penal es una realidad insoslayable.
Por todo lo anterior, llegan a la conclusión de que México padece de dos crisis, la primera en materia de crímenes contra la humanidad y la segunda en el ámbito de la impunidad desmedida sobre dichos delitos.
En dicho documento se sigue apelando a la buena fe de las autoridades mexicanas para llevar a cabo, con firmeza una debida procuración de justicia, investigando y sancionando adecuadamente, sin cortapisas, ni manipulaciones u ocultamientos. Lo anterior con base a la responsabilidad que adquirió el gobierno mexicano al ratificar el Protocolo de Roma y otros instrumentos internacionales. Sin embargo, claramente se específica que en caso de que México renuncié a realizar un adecuado procesamiento de las conductas punibles involucradas en este tipo de delitos de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional puede intervenir.
Lamentablemente, conociendo la indiferencia y desinterés de nuestros gobernantes, además de su tendencia a negar o minimizar los hechos y los daños, tendríamos que decir, que la buena fe no hace mejores países, por lo que hoy más que nunca, requerimos organismos internacionales que puedan intervenir sin restricciones para evitar que los crímenes más atroces contra la humanidad se sigan cometiendo en nuestro país.