Todos las administraciones de gobierno construyen una narrativa que sirve para apoyar y justificar sus acciones de gobierno. Se trata de una versión simple de lo que se pretende como proyecto, que apela al interés público para justificar las políticas y acusa a los que se oponen de querer mantener el estado de las cosas con fines personales. La narrativa está compuesta por argumentos verídicos, medias verdades y simples mentiras. Todo gobierno exitoso construye una, es parte fundamental de la administración política. El problema es cuando se confunde la narrativa con la realidad, es decir cuando uno se cree su propia historia.
Esa es la falla de la actual administración presidencial. Su narrativa fue que el problema del país residía en hacer posible una serie de reformas legislativas que había impedido la oposición (curiosamente que antes la representaba el propio partido del Presidente) y una serie de poderes fácticos que se beneficiaban con la falta de las mismas.
Una vez logradas las reformas en energía, telecomunicaciones, fiscal y educación, así como otras menores en materia financiera y de competencia, el país retomaría el crecimiento. La tesis era que las reformas de mercado iniciadas en los años 80 no tuvieron el éxito esperado debido a que fueron incompletas. Para lograr el cambio se requería un pacto político de amplio espectro, por lo que era fundamental que la oposición de izquierda y de derecha simpatizaran con el gobierno. La inseguridad, por otro lado, se reconocía como problema grave, pero en franca mejoría. Así lo demostraba la caída en los homicidios.
Bastaba con reducir el nivel de cobertura en los medios, y continuar con el tipo de estrategia militar y de inteligencia de la última parte de la administración Calderón, para que la situación estuviera bajo control. La inseguridad era más un problema de comunicación que la principal prioridad nacional.
Algunas de las premisas de la narrativa en cuestión era irrefutables, otras cuestionables y algunas simplemente falaces. Eso no tendría que ser un problema si simplemente se tratara de la historia que cuenta el gobierno, no de su verdadero plan de acción. La reforma fiscal, por ejemplo, era necesaria, pero requería de apresurar la inversión en proyectos con impacto de largo plazo para compensar sus efectos negativos.
Los cambios tributarios apenas incrementaron en un punto del producto los ingresos públicos, generaron una confrontación muy seria con el medio empresarial y contribuyeron a que la economía no se recuperara. A la fecha, ninguno de los grandes proyectos de infraestructura han iniciado, faltó un programa de inversión de corto plazo y una estrategia para mejorar la calidad e impacto del gasto público. La reforma fiscal ni siquiera sirvió para poner en operación un nuevo programa social insignia de la nueva administración.
En energía, es claro que se van a concretar en el año 2015 inversiones importantes en generación de electricidad, pero las que tienen que ver con gas esperarán a que el tema de los gasoductos se resuelvan, mientras que las de petróleo difícilmente se concretarán hasta que los precios se estabilicen. Era necesaria una estrategia más agresiva para apurar las inversiones en energía, también en comunicaciones, en donde los jugadores apenas si se han movido. El gobierno nunca decidió cambiar la naturaleza de la banca de desarrollo para detonar el crédito, tampoco generar competencia en el sector bancario. En suma, no se tomaron medidas efectivas para acelerar en el corto plazo la decaída economía nacional.
En seguridad, como el problema era mediático, se contrató a un colombiano mediático, el General Naranjo, y a un policía mediático, el Dr. Mondragón. El resultado fue menos cobertura de los medios al tema, pero ningún avance en los temas sustantivos, en la investigación pericial, en la vigilancia a los jueces, en la medición de la calidad de la procuración de justicia, en la profesionalización de la policía, en la inteligencia que sirva para proteger a la ciudadanía y en el combate al lavado del dinero.
Es por eso que cuando suceden los hechos de Iguala el Gobierno Federal no puede acreditar avance alguno. Ni en la Policía Federal, ni en Michoacán, ni en Tamaulipas, mucho menos en Guerrero. El gobierno perdió dos años para construir una estrategia que generara expectativas reales de mejora, regaló su bono, no lo utilizó para transformar las instituciones de seguridad, por eso no es creíble en el tema.
Lo que se requería era retar el paradigma, acusar a los norteamericanos de su absurda guerra contra las drogas y sus consecuencias, cambiar el enfoque de continuar con una guerra por el de proteger a la ciudadanía, comprometerse a metas concretas en temas que realmente le importan a los ciudadanos, como el número de secuestros, el cobro de piso, la extorsión, el control de territorios enteros del país.
La muestra de que el gobierno se creyó su narrativa es el discurso del secretario de Gobernación, del de Marina (sí el de Marina, que en realidad dirige una agencia de inteligencia encargada de las relaciones con la DEA) y del Jefe de la Oficina de la Presidencia en el sentido de que son los afectados por la reformas los responsables del clima de inestabilidad. No existe un reconocimiento al reclamo legítimo por un Estado capaz de garantizar seguridad y justicia a la ciudadanía. Los que protestan son todos enemigos de un proyecto de modernización, que es el único que puede ofrecer prosperidad de los mexicanos. No existe la capacidad de entender que un sector muy amplio de la sociedad no está de acuerdo con los planteamientos del gobierno, que exige cambios legítimos y que no encuentra interlocutores. Curiosamente esa exigencia de cambio no está encabezada por los dirigentes de los principales partidos de oposición.
Los riesgos del escenario que vivimos son enormes. El gobierno no entiende que su narrativa ya falló, que requiere de otra, con nuevos argumentos, voceros, operadores e interlocutores. Sectores importantes de la población, estudiantes, empresarios, intelectuales, creadores, profesionistas, no encuentran expresión en el sistema político.
La gran mayoría de la población tampoco percibe resultados concretos de la acción de gobierno y tiene pocas opciones para expresar su descontento en las urnas. Tenemos una crisis del manejo del gobierno, pero también de la representación, lo partidos no tienen propuestas alternativas, en parte porque son parte de la narrativa fallida del gobierno. Es urgente que el debate nacional se centre en la crítica severa de la actual crisis y de sus alternativas. Para eso no se requiere un pacto en el que todos se tomen de las manos para acordar el menor cambio posible.
Se requiere de un debate frontal, en el que se expresen todos los puntos de vista y se reconozca la enorme gravedad de los problemas de seguridad, desigualdad, pobreza y falta de dinamismo económico. El país tiene que renunciar a la idea de que el progreso es fácil de alcanzar, que no basta con ponerse de acuerdo, sino que se requiere replantear muchas de las ideas que antes pensábamos que nos llevarían a una sociedad mejor. Lo que es claro es que el gobierno tiene que dar un giro, salvo por el hecho de que ahí adentro nadie parece darse cuenta.