Si se revisa la información oficial sobre la pandemia del viernes 13 se encontrará que hubo una ocupación de camas con ventilador del 26%. El dato nos diría que el sistema hospitalario cuenta con capacidad de atención para aquellas personas que requieran ocuparlas. Eso supone que, si alguien contagiado va a un hospital y es valorado, el personal médico tiene que tomar una decisión de hospitalizarlo o enviarlo a su casa. Hay en eso una decisión que se toma dentro de los márgenes del conocimiento médico o de las directivas de atención.
En eso es posible que se den diversas situaciones.
Un ejemplo es el siguiente:
Gary Fowler de 56 años quien vivía en Detroit, falleció el 7 de abril en su casa, luego de que fuera rechazado por tres diferentes hospitales. A pesar de tener síntomas compatibles con covid (dice la nota de Infobae del 23 de abril), nunca le aplicaron ninguna prueba. “Estaba rogando por su vida, pero nadie lo quiso ayudar”, declaró uno de sus familiares.
En un suceso como el anterior pueden estar presentes diversas circunstancias, por ejemplo, un mal diagnóstico, negligencia médica, negativa de atención por carecer de recursos económicos, etcétera.
Imaginemos por un momento que un caso como el anterior se presentara en algún hospital público en México en el que habiendo camas con ventiladores se le negara la hospitalización, dándose posteriormente su muerte. Supongamos también que es un hospital de atención a la población abierta, por lo que no se presenta alguna razón formal para negarle el servicio.
Pierde una oportunidad quien, estando en una condición que amerita hospitalización, no la tiene existiendo la disponibilidad de camas con ventiladores. Si tomamos en cuenta la información del viernes 13, existía una disponibilidad del 74%.
Alguien podría decir que Gary Fowler de todas maneras iba a morir porque ese era su destino o porque era obeso e hipertenso, o porque decía mentiras, o simplemente porque los fríos números dicen que, en México, más del 50% de los pacientes intubados fallecen.
Y sí, es posible que alguien como Fowler, hubiese tenido pocas probabilidades de sobrevivir aun cuando se le hubiese hospitalizado e intubado.
Sin embargo, habría tenido una oportunidad mayor de sobrevivir.
Si se le impidió esa oportunidad puede generarse una causa de responsabilidad de reparación exigible a los hospitales públicos.
En el nivel federal como en todas las entidades federativas del país existen leyes de responsabilidad extracontractual del Estado. El Estado responde por actividad administrativa irregular y las personas tienen derecho a reparación si no tienen el deber jurídico de soportar un daño.
Cuando alguien en condición que amerita hospitalización, teniendo derecho de acceso a la salud, se le niega el ingreso existiendo disponibilidad de camas con ventilación, se le priva de oportunidades o “chances”. Si se le interna se le da la probabilidad o chance de sobrevivir (la probabilidad de poco menos del 50%), si se le niega el ingreso, se disminuye la probabilidad de sobrevivir.
La “pérdida de la chance o de la oportunidad” ha sido considerado por diversos tribunales en el derecho comparado. Por ejemplo, la Corte Suprema de Chile ha emitido sentencias condenatorias contra el Estado chileno por no emitir oportunamente la alerta de tsunami (Escalona y otros vs. Fisco).
La pérdida de la chance o de la oportunidad no requiere demostrar la relación causal entre la falta de hospitalización y el fallecimiento de alguna persona; solamente que se privó a una persona de una oportunidad. Del chance de sobrevivir.
A veces la perversión de los indicadores conduce a inhibir, disuadir o incluso forzar para que ciertos indicadores no suban. Por ejemplo, cuando para que los datos de robo en el ministerio público no aumenten, se disuade a las personas a no denunciar.
En el caso de la negativa a hospitalizar, lo perverso se daría en el robo de una oportunidad.
Por eso también se es responsable.