Ante el cúmulo de acontecimientos verdaderamente sorprendentes que se suceden en la agenda internacional viene bien recordar la célebre, siempre antigua y siempre nueva, expresión del Quijote “cosas veredes amigo Sancho” aunque quizá sea más propia para el caso el origen atribuido al Cantar del Mío Cid cuando Rodrigo Díaz de Vivar le dice a Alfonso VI: “muchas cosas han venido por los Reyes que se ausentan” ante lo que el monarca contestó: “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”.
Así es que cosas vemos cuando una filtración, atribuida a una profunda investigación periodística conocida como “Panama Papers”, se convierte en un escándalo mundial de inesperadas consecuencias que ya ha costado el cargo y quizá cueste la libertad a cientos de personajes de la vida pública y del ámbito privado por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero de origen dudoso y evasión fiscal.
Hoy se sabe que en el origen de la filtración de los millones de “papeles” comprometedores están las desavenencias, pasiones e intrigas entre miembros del despacho panameño Mossack Fonseca dignas de una emocionante serie de dinero y poder. Por lo pronto, los efectos han sido escandalosos para el gobierno panameño el cual, con agilidad diplomática, ha dado a conocer a través del ministro de gobierno Milton Henríquez y de sendas misiones ante los organismos internacionales como la OCDE, todos los esfuerzos realizados en los últimos años por Panamá para garantizar el flujo legal de capitales e inversiones hacia ese país latinoamericano.
Y los efectos también han sido devastadores para algunos políticos relevantes como el primer ministro de Islandia S. David Gunnlaugsson y el ministro de industria, energía y turismo de España José Manuel Soria, brazo derecho de Mariano Rajoy, que han renunciado sorpresivamente a sus cargos y otros muchos que, balbuceantes, se encuentran en la tablita.
Hasta ahora, las repercusiones en México han sido acalladas por el anuncio de una investigación a los involucrados por parte de las autoridades hacendarias y con el ofrecimiento incluido de un programa de repatriación de capitales con pago de impuestos para quienes se acojan voluntariamente al mismo. Poco se ha dicho de inversionistas mencionados que han estado ligados al gobierno como el dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa, mejor conocido como “el constructor favorito”, durante los sexenios estatal y federal del presidente Enrique Peña e involucrado en grandes escándalos como el de la Casa Blanca y la Casa de Malinalco.
“Cosas veredes Sancho, cosas tenedes Cid” cuando los reyes se ausentan. Como en Brasil, donde luego de una serie de escándalos de corrupción política como el “mensalao” y de multimillonarias inversiones opacas en el sector energético y de infraestructura estratégica que se acompañan de denuncias por tráfico de influencias, defraudación fiscal y sobornos al más alto nivel gubernamental al grado que están bajo arresto los presidentes de las cuatro empresas petroleras más importantes; se pretendió extender un manto de impunidad al ex presidente Lula da Silva, nombrándolo jefe de gabinete, cargo que fue revocado por el juez; y la presidenta Dilma Rousseff enfrenta un juicio político, votado a favor por dos terceras partes en la cámara de diputados en medio de multitudinarias manifestaciones de repudio en las calles, que ya fue remitido al Senado para que se haga la investigación y eventual destitución de la presidenta.
Cosas así vemos en nuestro país como cuando, en medio de un alto descrédito de la clase política por la corrupción e impunidad reinante, el PRI y el PVEM se niegan a aprobar la legislación secundaria del Sistema Anticorrupción y toman distancia de iniciativas ciudadanas como la iniciativa de ley general de responsabilidades administrativas mejor conocida como tres de tres. Las razones de la sinrazón de operadores del sistema contrasta con el bloque formado por el PAN y el PRD para exigir la aprobación en tiempo y forma de las citadas leyes y, sobre todo, la adición de reformas para asegurar la autonomía del nuevo fiscal anticorrupción, condición indispensable para asegurar que será independiente a la hora de conocer de denuncias de corrupción tanto en la investigación como en el castigo a los responsables.
A dos semanas de que concluya el periodo legislativo, tiempo en el que vence el plazo para contar con la legislación secundaria que permita el funcionamiento del sistema anticorrupción, es indispensable que cesen las tácticas dilatorias, al mismo tiempo que se desvanezca el intento de albazo legislativo de quienes pretenden achicar la reforma, tal y como lo denunció el presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, al impulsar una propuesta que le quita fuerza a los mecanismos de investigación y sanción que se necesitan para prevenir y acotar la corrupción que, como cáncer social, corroe a las instituciones mexicanas.
Tal y como sucedió en Brasil durante la votación del juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff, el voto de los legisladores mexicanos al dictamen de leyes secundarias anticorrupción y de ley general de responsabilidades administrativas será uno de los más observados. No es para menos ya que se trata de concretar uno de los últimos esfuerzos democráticos antes de que, por hartazgo, la sociedad rebase a la clase política por la vía de los hechos. “Cosas veredes” y otras muchas vienen si el rey se ausenta. No hay más tiempo para lograr que México cuente con instituciones libres y autónomas para combatir la corrupción, el mal más dañino y extendido de nuestra democracia.