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Corrupción y opacidad en la antesala de la visita de AMLO a la ONU

Mientras AMLO se prepara para presumir “avances” en materia de combate a la corrupción, los datos duros de su propio gobierno muestran otra realidad.

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Escrito en OPINIÓN el

El World Justice Project (WJP) es una organización independiente internacional, que tiene como objetivo la promoción del Estado de Derecho en el mundo. En México, el WJP ha generado diversos proyectos, entre los que destacan, la creación del Índice de Estado de Derecho y la evaluación de impacto de la reforma al sistema penal.

En el Índice Global de Estado de Derecho 2020, México ocupaba el lugar 104 de entre los 128 países evaluados. Sin embargo, el informe de este año presenta un escenario aún más desalentador, pues nuestro país cayó al lugar 113 de entre los 139 países evaluados.

Una de las variables que analiza dicho índice, es la “ausencia de corrupción”, en la cual México ocupa en 2021 el lugar 135, sólo por encima de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo, lo que da una idea del nivel de corrupción en el que nos encontramos, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador diga a cada rato que ya se terminó.

La corrupción está directamente vinculada con la opacidad y la simulación. Y en México, han ido adquiriendo niveles alarmantes, pues la transparencia y la veracidad no han logrado afianzarse en las instituciones del Estado.

Algunos ejemplos más allá del caso Lozoya:

El 19 de agosto de 2021, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, dijo en entrevista concedida a Sabina Berman, que el Tren Maya pretende coadyuvar con el ordenamiento territorial de las comunidades que impactará.

Sin embargo, la Unidad de Transparencia de Fonatur Tren Maya ha señalado que no se localizó información relacionada con el proyecto de ordenamiento territorial y que tampoco se localizaron los estudios económicos que debería haber realizado Fonatur, sobre las necesidades de movilidad que atenderá dicho medio de transporte.

En el mismo documento, Fonatur reconoce no poseer información referente al costo que tendrá el pasaje por viajero no turista a partir de su funcionamiento, ni durante los siguientes diez años, como lo llegó a afirmar Jiménez Pons en la entrevista señalada con anterioridad.

Fonatur Tren Maya informa que tampoco se localizó “información relacionada con el tipo de combustible que utilizará el Tren Maya”, ni del expediente relativo al estudio de impacto ambiental que provocará el uso del combustible que usará.

En la misma tónica, la Secretaría de Bienestar informa que no cuenta con información referente al número de técnicos agrícolas contratados en el ámbito del programa Sembrando Vida, a pesar de ser una de las acciones contempladas en sus Reglas de Operación.

Y aunque reconoce que se ha beneficiado a un millón 112 mil 135 hectáreas en lo que va de 2021, clasifica como “confidencial” la georreferenciación de sus ubicaciones, lo que contraviene el mandato del artículo primero de la Ley General de Transparencia, que explícitamente reconoce que se trata de información pública, pues se refiere a personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos.

Ya veremos qué presume el presidente en la ONU el próximo 9 de noviembre.