Opinión

Corrupción y ley

Primero, hay que legislar el conflicto de interés, que ahora no está penado.

  • 26/01/2015
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El año 2015 ha iniciado con mucho escepticismo para los ciudadanos mexicanos sobre sus representantes electos. Para los políticos que pensaban que el puente Guadalupe Reyes iba a curar el desánimo de la población hacia sus gobernantes, no ha resultado así. Es probable que las protestas por Ayotzinapa vayan perdiendo fuerza, pero la decepción ciudadana por varios hechos del año pasado, y en general en los últimos años, no parece haber desaparecido.

 

El problema de fondo es que la sociedad mexicana ha evolucionado más rápido en sus expectativas sobre la ética y la corrupción que el entendimiento y, ni decir, la actuación, de los políticos en este tema. Los políticos siguen pensando que la corrupción es un tema culturalmente aceptado entre los mexicanos, mientras que los ciudadanos ya están hartos del costo en dinero, productividad y vidas que ha generado la corrupción. Las protestas por Ayotzinapa y antes por las muertes de Villas Salvárcar, las bromas que circulan por Facebook y Twitter sobre la Casa Blanca, y el Corruptour en Monterrey, en que activistas locales de la ciudad llevan a sus paisanos a conocer a los puntos más álgidos del desfalco y complicidad en la capital regiomontana, son sólo síntomas del hartazgo que están sintiendo los ciudadanos.

 

Lo extraño es que los políticos se han quedado callados ante esta ola de molestia pública, a pesar de que es quizás el tema que más resuena entre los votantes. Se justifican, se distancian de los casos más emblemáticos de corruptelas, prometen algunas medidas a medias y finalmente echan la culpa a la cultura que permite y tolera la corrupción. Sin embargo, ningún líder político ha querido entrarle de lleno al tema y proponer algo nuevo.

 

Primero, hay que aceptar que la corrupción no es un tema cultural que no se puede cambiar ni tampoco es el resultado de la actuación de algunos pocos malosos. No está incorporada inevitablemente en las costumbres mexicanas, pero si es el resultado de leyes e instituciones que la permiten y la fomentan en México.  Sólo hay que ver a los mexicanos que van a vivir a otros países, incluyendo más de once millones en el país vecino, para ver que la corrupción no se lleva en el alma, ya que los mexicanos en otros países actúan de otra forma. Y sólo falta observar a las empresas y personas de otros países que llegan a México para ver que ellos también aprenden a vivir según las necesidad vigentes (en dar mordidas y usar influencias para salirse con la suya), porque es la forma en que se hacen las cosas, de acuerdo con los políticos.

 

¿Entonces qué se puede hacer?  Las ideas no hacen falta, y han sido propuestas por muchos pensadores, activistas, empresarios y organizaciones mexicanas. Primero, hay que legislar el conflicto de interés, que ahora no está penado. No hay que hacerlo retroactivo, porque un gran número de los políticos han entrado en conflictos de interés porque no era ilegal, pero se debe cambiar el marco legal hacia adelante para restringir el margen de maniobra de los políticos para entrar en relaciones corruptoras. Un cambio de marco legal por sí sólo no va a cambiar el tráfico de influencias, pero en este momento no hay ni reglas al respecto y por lo mismo parece  un punto obvio de partida.

 

Segundo, muchos han hecho notar que simplemente hay que dar señas de que el gobierno va a hacer cumplir la ley frente a los intereses partidistas.  No debe tomar un caso tan cruento como lo que sucedió en Iguala para que las Procuradurías actúen contra autoridades electas que abusen de la confianza de sus ciudadanos y pacten con el crimen.  El gobierno federal y algunos de los estatales tienen información sobre otros casos más, y vale la pena convertir inteligencia en evidencia y actuar legalmente para mostrar firmeza contra la corrupción política. 

 

Finalmente, habría que pensar si México no necesita un esquema de fiscalías con mayor independencia, como pasa en muchos otros países que han enfrentado problemas de corrupción política.  Ahora los procuradurías son dependientes del Ejecutivo tanto a nivel federal como estatal, aunque la PGR tendrá un poco más autonomía a nivel federal cuando se implemente la nueva ley que se aprobó el año pasado, faltaría mucho más que hacer para que hubiera fiscalías en todos los niveles con autonomía y profesionalismo a la talla del reto que enfrenta el país.

 

El periodista Alfredo Corchado ha dicho múltiples veces que la lucha contra el crimen organizado es una lucha "del Estado contra el Estado" más que entre el Estado y los grupos criminales. Hay quienes en el gobierno de veras quieren cambiar el panorama del futuro, los que están atados a las prácticas del pasado y muchos en medio que no se atreven a actuar.  Ahora hay una señal clara de parte de los ciudadanos de que esperan que los políticos actúen contra la corrupción en cuanto a las complicidades no sólo con el crimen organizado sino con con muchos otros intereses privados también, y es un buen momento para que algunos políticos tomen nota y abanderen el cambio que sus votantes quieren.

 

¿Es posible que 2015 sea el año en que algún líder político -o varios- decida hacer algo en este tema?

 

Ojalá.

 

@SeleeAndrew 

 

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