Me imagino que para muchos pensar en la corrupción y la anticorrupción provoca cierta confusión. Para empezar, pienso que puede llegar a ser confuso el hecho de que todos reconocen que haya mucha corrupción en el país; y al mismo tiempo, todos (derecha e izquierda, populista o no) manifiestan su oposición a ella y su apoyo incondicional por combatirla. No obstante a ello, la corrupción sigue siendo un problema arraigado, pues existe una historia de reformas gubernamentales con pocos resultados, y un mínimo de corruptos encarcelados.
Quizá lo que genera confusión es el tema del castigo y la impunidad. Por un lado, parece que hay mucha información sobre los casos. Reportes mediáticos y las investigaciones oficiales abundan con los detalles sobre las maniobras chuecas, los movimientos del dinero, los depósitos, las empresas fantasmas, los personajes, y las redes. Gracias al periodismo de investigación, la transparencia y las investigaciones oficiales, sabemos de los nombres y los números de cuentas, tenemos copias de documentos y la descripción de cómo operaron la corrupción. En este sentido, da la impresión de que la evidencia es sólida pues las pruebas están a la vista de todos.
Sin embargo, existe otro cultivo de historias mediáticas, narrativas y actos judiciales que ponen en entredicho todo ello. A veces es el acusado, sus abogados o incluso la agencia implicada quienes presentan una historia contraria, explican con detalles la situación, niegan las acusaciones y refutan los hechos. Incluso son también los jueces quienes generan confusión al otorgar un amparo, o liberar o exonerar a un “corrupto”. Pues muy a pesar de los detalles que pensábamos que eran válidos, los argumentos legales de los jueces –los cuales suelen privilegiar los procedimientos y la falta de evidencia del gobierno o el manejo inadecuado del caso por la fiscalía– igualmente parecen contener cierta lógica y apegarse al estado de derecho. En este contexto, es fácil suponer que algo no cuadra y con ello alimentar la confusión sobre el combate efectivo a la corrupción.
Aunando al enredo que genera la actuación “legal” de los implicados en todo el proceso, también abona a la confusión las acusaciones de corrupción que brotan por todas partes. Por lo que a menudo, nos quedamos sin saber a quién creerle.
Frente a las acusaciones de corrupción (con sus detalles y lógica), por ejemplo, los acusados en turno suelen señalar a los medios o el gobierno de abuso de poder (corrupción); apuntan a la persecución política, las calumnias, las mentiras, las “fake news”, e información sesgada. Y aunque reconocemos que pocos corruptos podrían admitir sus ilícitos, es posible que realmente pueda existir la persecución política y la creación de pruebas completamente manipuladas.
Aunque esperamos que el gobierno de la 4T sea distinto en este sentido, la historia ofrece muchos ejemplos de “lawfare” (la utilización de la ley para fines políticos, e.g. el desafuero de López Obrador o, más reciente, el caso contra Lula en Brasil) y la manipulación e invención de pruebas por parte del gobierno a fin de castigar a sus enemigos, consolidar el poder, o simplemente legitimarse.
El hecho de que las acusaciones se mediaticen y “viralicen” fomenta aún más la confusión. Cuando un juez ordena liberar al acusado a quien la opinión pública y el gobierno consideran culpable, por ejemplo, surgen acusaciones de corrupción en torno a la actuación del juez. Para muchos, quizás, sea la única manera de explicar las decisiones judiciales dadas las pruebas tan abrumadoras. Y, otra vez, basado en ejemplos históricos, no es fácil descartar la posibilidad de que haya corrupción en el sistema judicial. Lo que al final nos deja más dudas que certezas.
Ejemplos abundan desde los más grandes hasta los más pequeños: Hay testimonio directo por parte del ejecutivo Marcelo Odebrecht, por ejemplo, que pagó $10 mil millones de USD a Emilio Lozoya. Debe de ser un caso fácil –pero, Lozoya no está encarcelado por soborno (aunque hay orden de aprehensión)–. Hay testimonios en el caso de Pemex, también desde las investigaciones de Estados Unidos, de que sobornaron no sólo a Lozoya, sino también a Peña Nieto –pero no hay (ni habrá por la política de “punto final”) ningún cargo en su contra–. El artículo periodístico de la revista Proceso 2237 concluye con una larga lista de los actores involucrados en el caso de Pemex, incluso Salinas Pliego, y sin embargo, no pasa nada. La Estafa Maestra ofrece otro ejemplo grande sobre lo cual hay muchísimos detalles. Y aunque Rosario Robles está detenida no es por lo que la mayoría supone.
Una segunda fuente de confusión se centra en si es fácil o difícil acabar con la corrupción. La demanda más contundente del pueblo –y de muchos analistas– es poner fin a la impunidad castigando a los corruptos. Y para una gran mayoría de ciudadanos esta tarea parece fácil. Todos sabemos que hay corrupción, y por lo tanto, corruptos. Y teniendo acceso a tanta información mediática y del gobierno uno pensaría que son suficientes para arrestar, enjuiciar y sentenciar. Pues para muchos ciudadanos, el combate a la corrupción se traduce en que las cárceles deben de estar llenas de corruptos.
Pero la realidad parece lo contrario: no es tan fácil. Los casos son complicados y si el gobierno se apresura en un caso, este puede arriesgar la integración del expediente. No obstante, al igual que la exoneración y la falta de pruebas generan dudas, la lentitud del proceso suele provocar sentimientos populares de decepción, sospechas y simulación.
Una de las grandes paradojas estriba que en tanto fortalecer las normas y las instituciones de la administración pública es de suma importancia en la lucha contra la corrupción –la prevención en vez de la reacción– esto representa resultados paulatinos y de muy bajo impacto público. Pues son importantes, pero esto no es lo que quiere ni lo que va a satisfacer las demandas populares de anticorrupción.
A pesar de la larga historia de corrupción y reformas sin resultados, el tortuguismo de los casos judiciales, e incluso a las advertencias del gobierno que abatir la corrupción es una tarea difícil –y que llevará su tiempo–: más aún, el gobierno incrementa la confusión cuando declara que la corrupción ya se acabó por el simple hecho de haberse concretado una transición de gobierno.
Que el gobierno ya no lo vaya a permitir es una cosa, pero decir que la corrupción terminó es otra. Y seguramente hay cambios sustantivos con la nueva estrategia. No obstante, también falta mucho por hacer. La tarea no es fácil y va a tardar tiempo. Declarar que ya se acabó, por un lado, mientras el ciudadano y el empresario siguen pagando mordidas o descubren nuevos hechos, genera confusión sobre el tema.
Stephen D. Morris
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Arizona Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Middle Tennessee State University y participa en el Mexico Institute del Baker Center of Universidad de Rice (Houston, Texas).
Integridad Ciudadana
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