Opinión

Corrupción en la CDMX (I)

Prevalecen actos de corrupción entre elementos de la SSC y juzgados cívicos. | Adolfo Gómez Vives

  • 25/02/2019
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El 25 de enero, al filo de las 16:30 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a bordo de la camioneta marcada con el número MX-700-C1 detuvieron para revisión a los tripulantes de un vehículo color rojo, modelo Volkswagen Vento, en la calle de Tehuantepec, en la colonia Roma Sur.

El “delito” de estas personas —avecindadas de dicha vía— era traer un protector de mica en la placa trasera, lo que a juicio de los policías les alcanzaba para violar el derecho humano contenido en el artículo 16 constitucional, relativo a que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Diez elementos policiacos realizaron una minuciosa revisión del vehículo. Pidieron abrir la cajuela y sin la respectiva orden judicial, hurgaron las maletas que allí se encontraban. Inspeccionaron su interior; debajo de los asientos y en todos sus compartimentos. Catearon a sus ocupantes “en busca de estupefacientes”, ya que —según ellos— los tripulantes “traían los ojos irritados”, como si dichos elementos tuvieran atribuciones de peritos y como si el consumo de estupefacientes fuera delito en la Ciudad de México o en cualquier otra parte del país.

Su comportamiento también resulta discriminatorio, pues los policías determinaron que debían realizar la revisión exhaustiva del vehículo y de las personas por su apariencia física —cabellos largos y tatuajes—, ya que a su juicio eran motivo suficiente para presumir que podrían estar vinculadas a la comisión de delitos contra la salud.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal vigente, la mica puesta sobre la placa de vehículo daba lugar a una infracción, descrita en la fracción III del artículo 43, pues está prohibido utilizar portaplacas “que obstruyan la visibilidad de la información contenida en las placas de matrícula del vehículo”. Pero para los agentes del orden fue razón para violar los derechos humanos de los ciudadanos.

Corrupción en juzgado cívico

El 21 de enero fue detenida una joven cerca del metro Guerrero, mientras preparaba una pipa con mariguana para su consumo personal. Un elemento femenino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México revisó la mochila de la joven; posteriormente solicitó el apoyo de una patrulla para conducirla ante el juez cívico ubicado en la Coordinación Territorial CUH-5, en Santa María la Ribera número 37.

En ese lugar, la detenida fue valorada por un médico legista quien determinó —luego de que la joven soplara a un cucurucho de papel— que “traía aliento de mariguana”, cuando la joven ni siquiera había encendido la pipa al momento de su detención.

Personal del juzgado le explicó a la joven que se trataba de una “falta administrativa”, por lo que debería quedarse arrestada durante 25 horas o bien pagar una multa de mil 600 pesos para ser liberada.

Gracias al apoyo de un compañero, la joven logró reunir mil pesos, que para las autoridades del juzgado cívico fueron suficientes para ponerla en libertad. Desde luego, a la joven no le entregaron ningún tipo de comprobante de la recepción de dicho recurso y sobre el cual no existe control, lo que supone un acto de corrupción que se repite día a día todo el tiempo.

En la plaza Río de Janeiro, ubicada en las calles de Durango y Orizaba, los policías revisan todo el tiempo las mochilas y bolsas de los jóvenes cuyo aspecto difiere de los estudiantes de la zona. Ocurre lo mismo en el jardín Ramón López Velarde, ubicado frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde los agentes del orden incluso revisan los recipientes térmicos de los jóvenes en busca de bebidas embriagantes, a efecto de remitirlos ante el juez cívico, con las consecuencias ya descritas.

Del paso de personas arrestadas por consumo de mariguana y luego liberadas tras el pago de multas, no queda registro ni ante el juez cívico, ni ante las agencias del Ministerio Público. Sólo un esquema de corrupción que prevalece más allá del cambio de gobierno logra explicar el por qué un oficial, con sueldo de 12 mil pesos, de pronto es dueño de una camioneta cuyo valor asciende al medio millón.

López Obrador y las OSC

@gomezvives | @OpinionLSR | @lasillarota


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