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Corrupción electoral y delincuencia

Los hechos hablan por sí solos, prometen una cosa y hacen otra

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Escrito en OPINIÓN el

Nuestro país atraviesa por una situación de emergencia, provocada por la fuerza de la naturaleza mezclada con la corrupción y una política de prevención de desastres que no acaba de ser lo suficientemente eficaz, no obstante los avances alcanzados de 1985 a la fecha. La adversidad ha sido enfrentada por la sociedad civil, por los gobiernos (con algunas reprobables excepciones); así como, por los partidos políticos.

En los últimos días ha crecido el cuestionamiento al financiamiento público de los partidos políticos (ordinario y electoral),  provocado en gran medida por la indignación ciudadana frente a excesos de políticos corruptos (Duarte, Borge, Yarrington, Moreira y un larguísimo etcétera), teniendo como catalizador el sismo del pasado 19 de septiembre.

Sin embargo, el análisis del tema del financiamiento debe ser integral para reducir el costo de la política y evitar el flujo de recursos ilegales y la mayor infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada en la definición de los gobiernos y representantes populares. Se debe evitar que la eliminación del financiamiento público de paso a campañas financiadas por la delincuencia organizada o por mecenas que se cobren su inversión con mayor corrupción, o también con el desvío de recursos de programas sociales, como se ha venido presentando.

Hemos de reiterar, como lo hemos venido haciendo desde hace más de 10 años, en voz de nuestro dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que compartimos la idea de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, ese es un punto que no se le puede regatear a la sociedad, empero, la propuesta que Movimiento Ciudadano ha planteado implica, también, necesariamente campañas austeras que promuevan el voto informado a través de los tiempos oficiales de radio y televisión y las redes sociales, implementando más y mejores mecanismos de fiscalización a los gastos de las campañas y la operación de los partidos.

El Instituto Nacional Electoral debe realizar un verdadero escrutinio de los recursos empleados durante las campañas, para evitar el manejo de dinero de procedencia ilícita y vigilar que estos procesos sean financiados por los propios candidatos, los simpatizantes y militantes, pero de manera totalmente limpia. De otra manera saldría peor el remedio que la enfermedad.

De cierto modo, todos hemos sido testigos de lo costoso que se han vuelto las campañas electorales y no solo por el financiamiento que se destina a los partidos políticos o a los órganos electorales, sino por el derroche desmesurado de recursos que se da durante las mismas, que supera con creces los supuestos topes de campaña autorizados por las instituciones electorales. A esta situación ha contribuido de manera determinante el PRI con su manera clientelar e ilegal de hacer política, que tiene como eje la compra de votos a una gran parte de la sociedad que se ha encargado de empobrecer con sus políticas y su corrupción.

Esta prostitución de la política (dinero, programas y dádivas a cambio de votos) ha propiciado una gran inequidad electoral y que arriben gobiernos maniatados y corruptos al servicio de la delincuencia. Como lo señaló Eduardo Buscaglia en CNN con Carmen Aristegui en junio de 2016: “No puede surgir ninguna democracia en el planeta con los flujos de dineros ilícitos o sucios que tiene en este momento México, no puede surgir ningún tipo de sistema democrático electoral a través de los vacíos institucionales que yo observo en el caso mexicano…. La corrupción y delincuencia organizada en México, nace de la corrupción político-electoral, punto”.

Tomemos como ejemplo las pasadas elecciones del Estado de México, donde el partido hegemónico hecho mano de los programas sociales, desviando recursos de las administraciones públicas federal y estatal, con la intervención cínica de los secretarios de estado, o en los casos registrados en ciertas partes de Guerrero y Michoacán, donde la delincuencia organizada financia a sus candidatos, de modo que cuando estos llegan al poder, se ven sometidos a los oscuros y criminales intereses de quienes costearon su triunfo.

Es justo por estas razones que se requiere de una autentica fiscalización, por una ciudadanía proactiva, lo cual, implicaría a su vez, cambiar la conformación del INE, pues su actual estructura se encuentra subyugada al régimen, lo que les ha permitido convalidar. En cada oportunidad, que las elecciones se ganen con recursos de procedencia ilícita, haciéndose de la vista gorda, en algunos casos, y ensañándose con la oposición en otros.

Sin duda alguna, se requieren candados para reintegrar a la Hacienda Pública Federal los cerca de 6 mil 778 millones de pesos que se habrían de destinar por concepto de financiamiento público de los partidos políticos y candidatos independientes para 2018. Se requieren previsiones y mecanismos que aseguren que dichos recursos serán empleados para la reconstrucción del país, situación que se complica de cara a una de las administraciones que se ha caracterizado por continuos  actos de corrupción.

La probidad de la actual Administración Pública se desvanece a la sobra de la Casa Blanca y, palidece, ante el gran gasto de comunicación gubernamental que, tan solo, durante 2016 (fecha en que supuestamente el Gobierno Federal había iniciado con su plan de austeridad) implica un monto muy superior a la del financiamiento público de los partidos políticos y candidatos independientes para 2018. De acuerdo con datos de la Cuenta Pública que entregó la Secretaría de Hacienda, durante ese periodo el gasto en publicidad oficial aumentó de los 2 mil 408 millones de pesos, que inicialmente se habían autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación hasta llegar a los 8 mil 500 millones de pesos.

Lo anterior significa que durante 2016, pese a las promesas de ahorro y austeridad, la administración priista, tan solo en el rubro de propaganda oficial se excedió en sus gastos por más de 6 mil millones de pesos (cifra similar a la del FONDEN aprobada en el Presupuesto de Egresos para este año); lo cual nos lleva a la pregunta obligada, qué garantía tenemos que el dinero que se reintegre por los partidos políticos será destinado a la reconstrucción de México, la respuesta es simple, pero dolorosa: ninguna.

Los hechos hablan por sí solos, prometen una cosa y hacen otra, salen a la luz con un discurso de austeridad y gastan 257% más de lo aprobado en publicidad oficial y la historia se repite una y otra vez, dejándonos a su paso una enseñanza a tomar en cuenta: no hay dinero que alcance mientras exista la corrupción.

@RicardoMeb | @OpinionLSR | @lasillarota