La corrupción es, desde hace años, uno de los grandes protagonistas de la política en cualquier latitud. Existen casos de corrupción en gobiernos nacionales en los cinco continentes, pasando por casas reales e incluso en gobiernos de países donde el índice de corrupción es bajo.
Los empresarios y grandes firmas trasnacionales no se escapan de este problema, recordamos los casos de Parmalat, Enron, o más recientemente el de Carlos Ghosn, reconocido como la persona que logró revivir a la empresa Nissan, y que la compañía informó que una investigación basada en una pista descubrió que su presidente falsificó informes sobre su compensación “durante muchos años”, incluyendo otras irregularidades, como el uso personal de activos de la compañía, por lo que será destituido de su cargo como presidente de la automotriz japonesa.
Los casos de corrupción en la política son más habituales tal vez, por lo que incluso cuando salen a la luz pública no es extraño o sorprendente, como lo es el enriquecimiento ilícito, tales son los casos como el que protagonizó del expresidente nigeriano Sani Abacha, a quien se le acusó de tener 2.500 millones de dólares en cuentas personales de bancos en Suiza, el Reino Unido, Luxemburgo y Liechtenstein, por citar un ejemplo.
Así como los casos de corrupción donde los involucrados son empresas privadas y el gobierno, como el protagonizado por la empresa Odebrecht, donde hay informes que aseguran que la empresa brasileña pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica.
Gracias a una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht, se detalla que la misma habría realizado “gratificaciones” y sobornos millonarios a funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Según detallan las investigaciones norteamericanas, Odebrecht creó esta “Caja B” a finales de los años 2010 con el nombre de “Sector de relaciones estratégicas” para disimular la maraña de “gratificaciones” y sobornos.
Muchos otros casos relevantes vienen a la mente cuando hablamos de corrupción, como fueron los casos del Watergate, el caso Irán-Contras, y partidas secretas en apoyo a gobiernos extranjeros, como el suscitado en 1992 en Venezuela, por el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, cuando el periodista José Vicente Rangel reveló que el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, había utilizado 250 millones de bolívares pertenecientes al presupuesto del Ministerio de Relaciones Interiores para financiar las elecciones en Nicaragua y apoyar al gobierno de la recién electa presidenta, Violeta Barrios de Chamorro.
En días pasados, y durante el juicio que se le lleva al narcotraficante mexicano en una Corte federal en Nueva York, Joaquín “el Chapo” Guzmán, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante el jurado en Brooklyn que realizó en concreto dos pagos entre 2005 y 2006 para garantizar la protección de su hermano mayor Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del cartel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido. El primer soborno, que se produjo en un restaurante, ascendía a tres millones de dólares. A este siguió otro de entre tres y cinco millones con Genaro García Luna, exjefe de la policía mexicana durante el gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón.
Durante este juicio han comenzado a mencionarse nombres de funcionarios públicos mexicanos que han sido, según los dichos de estos narcotraficantes y que fungen ahora como testigos protegidos ante el gobierno norteamericano, sobornados desde hace décadas.
La corrupción en México (y en cualquier nación que se diga democrática), es una asignatura pendiente que se arrastra desde el siglo pasado –por decir lo menos–, y que los políticos de todos los partidos han rehuido legislar para aplicar castigos severos a funcionarios públicos que cometan algún delito y, tal vez, así evitar que nadie goce de más protección que la que la ley le da.
Han sido una serie de casos que todos los gobiernos han tenido que enfrentar.
Requerimos una aplicación de la ley en materia de corrupción sin distinciones, sin cortapisas y que, responda a una urgente necesidad por el bien de la sociedad. De no ser así, la gobernabilidad estará en riesgo.
Tiempo al tiempo.