Parece que la recién resucitada Secretaría de la Función Pública (SFP) no es, ni será, un dolor de cabeza para la clase política, al ser sorprendida en actos de corrupción.
Esto según la sanción que recibió el ex director de la Comisión Nacional del Agua (CNA), David Korenfeld, al ser sujeto de una sanción por 638 mil 653.33 pesos, que equivale a tres veces el daño causado y el beneficio obtenido, por el uso personal de un helicóptero oficial de la CNA.
Además, la dependencia dirigida por el ex consejero electoral, Virgilio Andrade Martínez, no inhabilitó a Korenfeld, por lo que tranquilamente, -sin pena ni gloria-, podrá volver a ocupar un cargo en la administración pública.
La clase política sabe perfectamente que el sistema anticorrupción en nuestro país no está diseñado para procesar y llevar a la cárcel a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones, cometan delitos en contra del buen desempeño del servicio público.
Así han transcurrido 14 años en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que ha documentado 458 expedientes y sólo se han consignado a 7 presuntos responsables de delitos; cuando sólo en el Senado la ASF documentó en febrero pasado, que se omitió comprobar 1,200 millones de pesos, como si se tratara del cambio de las tortillas, caray.
Ejemplos van y vienen. El caso Oceanografía en Petróleos Mexicanos (Pemex), corrupción en Comisión Federal de Electricidad (CFE) y recientemente, corrupción en la empresa española OHL y la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, en la anterior administración.
Prosiguiendo con el escándalo de Ficrea, la línea 12 del metro, las propiedades del ex gobernador de Oaxaca, José Murat, la cancelación de la licitación del tren rápido México–Querétaro, las mochadas de diputados e todos los grupos parlamentarios en el Congreso y, por supuesto, la casa blanca y la casa de Malinalco.
La corrupción también está en el desempeño de las instituciones, cuando de manera premeditada la Procuraduría General de la República (PGR) envía a seis juzgados ubicados en Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y Guadalajara, las trece causas penales de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa en Guerrero, y por tanto, las investigaciones se encuentran dispersas en vez de concentrarlas en una sola investigación y en un sólo lugar.
En el mismo tenor, un reporte de capital humano del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) señala que nuestro país se encuentra ubicado en el lugar 102 de 124 países en la medición de la calidad de educación en escuelas primarias, y por tanto, en México la educación básica tiene una calidad debajo del promedio de la mayoría de los países del mundo, a pesar de la reforma educativa aprobada por esta LXII Legislatura próxima a terminar.
Ya que estamos en plenas campañas políticas, hay partidos políticos, como el Verde, que le es más redituable violar la ley y pagar cualquier sanción. Pero ojalá el tribunal electoral confirme la multa impuesta por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por 329.4 millones de pesos, por haber recibido aportaciones en especie de sus legisladores federales, corrupción al fin. Queda pendiente la petición que ciudadanos hicieron por la vía del portal change.org para retirar el registro a ese partido, por las violaciones reiteradas al colocar propaganda electoral en elementos de la vía pública, sin pudor alguno.
Estos temas y los que salen a colación son denunciados por el grado de corrupción que es transparentado, mostrando la vulnerabilidad de los procesos y sistemas de las instituciones, pudiendo haberse evitado con controles adecuados y con estrictos estándares de transparencia y vigilancia.
Esta misma vigilancia es la que no concuerda. Mire usted. Mientras el gobierno sólo puede ser auditado una vez al año, mediante el mecanismo instituido por la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, usted como contribuyente es auditado cuantas veces sea necesario y requerido por la autoridad fiscal.
Lo anterior es injusto, toda vez que por razones políticas casi siempre es que trasciende la corrupción en dependencias del gobierno y no como un acto como consecuencia de la prevención que podría generar la transparencia, en los controles y estándares de la anticorrupción.
Es un problema de seguridad nacional, porque está nutrido del componente político, quien participa activamente en su realización, así como del componente económico o material, como objeto de intercambio.
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