“México pisó una mina y esa mina explotó, provocando una corrupción generalizada y desorganizada que ni el Estado puede controlar”.
Ésta es una frase de Edgardo Buscaglia, con la que certeramente ha descrito la situación actual de México, en donde hoy sabemos que la corrupción ha penetrado la estructura del Estado hasta niveles inimaginables.
La corrupción es parte de la crisis nacional económica, política, social, moral y de seguridad. No es tampoco, como lo ha querido decir el titular del Poder Ejecutivo, un problema de orden cultural, pues asumir que las mexicanas y mexicanos estamos hechos para la corrupción, sería caer en el cinismo y liberar de responsabilidades a las autoridades.
La corrupción que padece la sociedad mexicana es consecuencia de la colusión de los poderes económicos y políticos. De acuerdo a criterios internacionales evaluadores de este fenómeno, en Latinoamérica, México sólo es superado por Haití y se encuentra lejos de países como Argentina, Brasil o Chile, y aún de República Dominicana, cuyas disposiciones en la materia son más vigorosas.
En 2013, según el Índice de percepción de la Corrupción que publica la organización para la Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 106 de los 175 países evaluados en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes; por lo que es notorio que las y los mexicanos creen que existe mucha corrupción en el sector público.
Estas condiciones han logrado que el gobierno experimente, en todos los niveles, el fenómeno de la “corrupción desorganizada”, mismo que se da cuando las instituciones comienzan a ser controladas por grupos criminales o por poderes fácticos legalizados, incluidos los medios de comunicación.
El problema ante ello es que el Estado pierde su capacidad de control del comportamiento de sus funcionarios, quienes van formando pequeños feudos en cada estado y municipio, dando como resultado que ya no respondan a nada ni a nadie.
Por ello, la corrupción desorganizada del Estado alimenta a la delincuencia organizada.
Todos esos pedazos de Estado que terminan quedando bajo el control de gobernadores feudalizados, a través de empresarios locales corruptos o a través de los mismos grupos de delincuencia organizada, se ven pisoteados por policías municipales que le responden a un grupo criminal, la policía estatal del mismo lugar le responde a otro grupo criminal y ambas policías dejan de proteger a la población; generando así un estado de descontrol y caos para la ciudadanía.
Las reacciones hasta ahora no han sido suficientes. En México se castiga políticamente a algunos corruptos porque son enemigos políticos del gobierno de turno, pero no se pone en marcha un programa integral masivo y generalizado de prevención y castigo a la corrupción que es lo que tanta falta hace en nuestro país. Sin eso, no se puede contener a los grupos criminales que integran al gobierno o los que se encuentran fuera de él.
Un caso particular en el que se han logrado comprobar graves casos de corrupción es el del sector minero, y un ejemplo específico es el que ocurrió en Sonora que tiene que ver con el Grupo México en la mina de Cananea.
Como legisladores hemos planteado que se revise particularmente el tema de la minería en el país, es un área de la Secretaría de Economía, la Coordinación General de Minas que si bien en el organigrama está escondida, tiene grandes facultades ya que otorga concesiones mineras, certifica reservas de minerales, brinda apoyos económicos a empresarios y particulares para la exploración y explotación de minas, es decir que tiene toda la cadena del sector minero del país; otorga a discreción permisos y concesiones, certifica reservas sin -a veces- ni siquiera acudir a los lugares, por lo que es un tema en el que debemos profundizar; nos parece inadmisible la conducta de los funcionarios de la Secretaría de Economía quienes han otorgado, por amistad y compadrazgo, concesiones mineras, han certificado yacimientos mineros inexistentes o que no corresponden con la realidad y que no obstante estos hechos, han otorgado apoyos económicos sin apego a la normatividad correspondiente.
Otro ejemplo reciente de corrupción es la licitación, ahora cancelada, del tren de alta velocidad México-Querétaro, en donde el consorcio a quien le habían entregado el contrato estaba conformado por las empresas China Railway Construction, CSR, GIA+A, Prodemex, GHP y Constructora Teya, ésta última y otras pertenecen a un grupo empresarial relacionado a la campaña presidencial y al Gobierno en el Estado de México del presidente Enrique Peña Nieto ya que se sabe el dueño de ésta, Juan Armando Hinojosa, fue favorecido con cuantiosos contratos de obra durante las administración mexiquense 2005–2011, además de que prestó los aviones de su empresa al presidente Enrique Peña Nieto durante la campaña 2012.
No obstante esto, se sabe también que Grupo GIA pertenece al empresario Hipólito Gerard cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Este consorcio misteriosamente fue el único que presentó una propuesta de las 14 empresas que en un inició habían adquirido las bases de licitación, ya que todas a excepción de ésta, habían pedido a la SCT una prorroga en algunos casos de hasta ocho meses para poder presentar un proyecto serio dado la complejidad de las especificaciones técnicas del mismo, ya que según lo dicho por la dependencia, este sistema compartirá infraestructura de riel con el tren suburbano que actualmente está en operación de Cuautitlán a la estación Buenavista.
La corrupción afecta lo mismo a las instituciones de procuración de justicia que a los municipios, los órganos electorales o a los funcionarios encargados de ordenar la recolección de basura o cualquier otro servicio público.
Es parte de la descomposición que viven las instituciones. El fenómeno se reproduce desde las “mordidas” que piden los agentes de tránsito, hasta los contratos de licitaciones para grandes obras públicas que un funcionario entrega a su amigo o familiar.
El reto no es menor: hay que pasar de las palabras a los hechos. El discurso político contra la corrupción está muy desgastado, pues viene desde la "renovación moral" de Miguel de la Madrid en 1982, sin que a la fecha –treinta años después- se aprecien grandes avances sino todo lo contrario.
Una política efectiva anticorrupción debe partir de cuatro elementos: La prevención para que no se cometan estos actos, la disuasión para tratar de inhibirla; la detección para poder ubicar claramente dónde está el cáncer y la sanción para que no vuelvan a repetirse este tipo de hechos.
Hasta ahora no vemos voluntad del régimen para combatir la corrupción, sólo simulaciones y discursos.