Las noticias diarias dan cuenta del fuerte binomio entre la corrupción y la política. Candidatos y funcionarios públicos investigados por corrupción y vínculos con el narcotráfico desde sus campañas electorales y por supuesto, en el ejercicio del cargo. Diversos funcionarios públicos han sido, están siendo y serán investigados por actos de corrupción, por actividades ilícitas o al margen de la ley y por "negocios" en los que por el cargo que ostentan pueden verse beneficiados, o bien, por el tráfico de influencias para conseguir que una determinada legislación sea aprobada o reformada o un asunto de su particular interés, esencialmente monetario, se convierta en una realidad. El dinero extra legal al que diversos funcionarios públicos tienen acceso sigue estando al margen de la ley y por lo tanto, se presta para continuos abusos por parte de los servidores públicos, que en la mayoría de los casos, tienen niveles de vida ostentosos que por mucho exceden al de los sueldos que reciben y de los que como ciudadanos no recibimos explicación alguna. Una gran parte de los funcionarios públicos creen que es jurídica y éticamente correcto obtener recursos adicionales a los sueldos del erario público que reciben "hay que hacer negocio con el cargo".
Quizá deberíamos voltear al viejo continente para ver cómo han sido expulsados altos dirigentes y militantes de diversos partidos políticos por actos de corrupción como las llamadas tarjetas "black" u opacas de 86 consejeros y directivos de Caja Madrid; la investigación y juicio a Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, la imputación de varios miembros de su familia, círculo cercano de amigos y empresarios que el día de ayer, en otra secuela del juicio, tuvo como consecuencia la detención de uno de sus hijos; el caso Bárcenas, entre muchos otros. En México, las sanciones por actos de corrupción, simplemente, brillan por su ausencia.
El problema es entonces la impunidad. Funcionarios que a conveniencia de los que ejercen el poder, son investigados o señalados como responsables, o bien, se negocia con ellos para que resuelvan un tema favorablemente, voten algún otro según las instrucciones y el dinero recibido o dejen de realizar posicionamientos y cuestionamientos críticos. El asunto no es que no haya pruebas para sancionar administrativamente y penalmente a más de uno, el asunto es que esos expedientes se usan para ejercer presión en los momentos adecuados, no para sancionar a los culpables independientemente de su extracción partidista.
La corrupción es entonces un problema social. Corrompe quien tiene poder para ello. Corrompe quien tiene a su alcance los medios para ejercer presión política, económica o social favorable a sus intereses. No hay incentivos para luchar contra la corrupción cuando los instrumentos jurídicos y legales no se utilizan para fincar responsabilidades y sancionar a los culpables. La denuncia de actos de corrupción tiene efectos negativos. Es cierto, faltan políticas públicas que combatan de frente y a largo plazo la corrupción pero, también, hacen falta funcionarios públicos que trabajen por el bien común, no por sus intereses y sin buscar beneficios económicos, mediáticos o políticos por realizar el trabajo que le fue encomendado. Esos servidores, por desgracia, cada vez son más escasos.
En materia electoral no se ha podido controlar la incursión de personas ligadas al crimen organizado a candidaturas a cargos de elección popular. El dinero que fluye y circula durante las campañas electorales es uno de los temas en los que autoridades y partidos políticos han fallado en controlar y erradicar.
Al inicio del proceso electoral 2014-2015 escuchamos propuestas de integrantes de los partidos políticos respecto a la certificación de sus candidatos con la finalidad de tener la mayor certeza respecto de sus actividades, relaciones personales y políticas y las fuentes de financiamiento para sus precampañas y campañas.
El día de ayer fueron presentadas en el poder legislativo federal un par de iniciativas para reformar las leyes electorales. La primera, propone una sanción para los partidos políticos que postulen candidatos que en el ejercicio de su encargo resulten culpables de delitos sentenciados o juzgados durante su gestión. La sanción consiste en impedir que el partido del que provenga este candidato pueda postular candidatos en la siguiente elección de que se trate para ese mismo cargo. La segunda iniciativa, propone que los candidatos para poder ser postulados por los partidos políticos deban acreditar los controles y pruebas de confianza aprobados por la autoridad electoral y que resulten idóneos para comprobar las condiciones físicas y mentales de los aspirantes a registro como candidatos de los partidos políticos. Estaremos pendientes del resultado del análisis y discusión de estas propuestas que, por el momento en el que se presentan y la redacción de éstas, parece complicado que tengan efectos en el proceso electoral que ya ha comenzado.
Si en la relación entre partidos políticos y sus candidatos existen riesgos por todos conocidos respecto a vínculos y dinero proveniente de la corrupción y el crimen organizado, en el caso de las candidaturas independientes que se estrenarán a nivel federal en las elecciones del año que entra, debe ponerse especial atención. El surgimiento de este tipo de candidaturas que, sin duda, ensanchan las vías de participación político electoral para los ciudadanos, también generan retos importantes para la legislación y autoridades electorales.
Los requisitos y recursos que se requieren para contender a través de esta figura son muy elevados. La autoridad electoral, por ley, puede conocer de las aportaciones y del uso y destino de sus recursos desde el momento que se registren como aspirantes a una candidatura independiente y hasta la revisión de sus informes por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización. En ningún caso antes de los periodos establecidos por la norma. Los incentivos a hacerse de dinero ilegal para financiar y cumplir con los gravosos requisitos y contar con la posibilidad real de ganar una elección, son muy elevados. La vigilancia permanente y continua de la autoridad electoral debe hacerse patente en cada etapa de este proceso.
Lo cierto es que, hasta hoy, todos los intentos de regulación y control han fallado.
Las autoridades electorales no tienen las atribuciones legales para frenar, de inmediato, el flujo de dinero ilícito a las campañas electorales, para quitar el registro a los candidatos a los que se les comprueben vínculos delictivos y en general, los partidos no se hacen responsables del tipo de candidatos que postulan a los cargos de elección popular. El problema al que nos enfrentamos es grave y las soluciones deben ser radicales. Los partidos políticos deben convertirse en los principales responsables, en potentes filtros que se encarguen de discriminar y eliminar a las personas que tengan estos vínculos de sus filas de candidatos y militantes, lo que frecuentemente no sucede por diversas presiones y porque son éstos los que, al final, triunfan en las elecciones.
Las sanciones por actos de corrupción en los que incurran los funcionarios públicos o candidatos a puestos de elección popular están establecidas en las leyes. Las herramientas o instrumentos que deben otorgarse a las autoridades para cumplir con sus obligaciones y perseguir y sancionar los actos de corrupción deben profundizarse y multiplicarse. Las políticas públicas transversales de lucha contra la corrupción se encuentran ausentes de la vida política nacional y local. La legislación sin duda, es una parte central del ataque a la corrupción y el crimen organizado; sin embargo, la principal razón por la que no se combate la corrupción es porque dichos actos no tienen consecuencias ni generan responsabilidades jurídicas para los corruptos. La inaplicación de la ley, no su modificación, es la que permite la proliferación de actos de corrupción y de la actuación del crimen organizado. En una frase, los corruptos saben de antemano que la ley no se aplicará y que las sanciones por sus actividades ilegales no serán castigadas por las autoridades competentes. La ley no se aplica y la corrupción sigue abriéndose paso en nuestra sociedad.