Hoy sabemos que al INE, o sea a nosotros, nos va a costar 30 millones de pesos cotejar las firmas recolectadas por los partidos en su guerrita absurda de consultas populares. Ello, sin contar lo que nos cueste los juicios que partidos y ciudadanos interpongan en contra de las resoluciones del INE que desconozcan firmas de los formatos de recolección de rúbricas, los cuales se antojan por decenas de miles, habida cuenta la afición a la simulación de nuestros partidos.
¡Qué se le va a hacer: ¡The show must go on!
Un principio constitucional en materia electoral es la imparcialidad. Por ella entendemos la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.
Y también la propia Constitución señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa y democrática entre otras características.
No obstante ello, la propia norma suprema introduce parcialidad o, si se me permite, designio anticipado y prevención a favor de unos y en contra de otro, lo que a mi juicio, no sólo se aleja de un proceder recto, sino además es injusto y antidemocrático.
Permítaseme explicarme.
A lo largo de un sin fin de reformas electoreras -eufemismo con que en México llamamos a los chantajes y timos partidistas- hemos llegado a disponer desde la propia Constitución que ningún partido puede tener por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional) más de 300 diputados federales. Es decir, más del 60% de esa Cámara.
Ahora bien, si fuese el caso que un partido obtuviese el 80% de la votación, un 20% de ella es transferida a partidos por los que sus emisores expresamente no votaron.
Por supuesto, estamos hablando de casos hipotéticos. Afortunadamente, nuestra democracia hace mucho abandonó esos niveles de falta de competencia electoral. Lo cual, no obstante, no salva a la norma de atentar contra la voluntad popular, la imparcialidad y la democracia, de ser el caso.
Lo que hizo el Constituyente Permanente, previo a la voluntad popular y por sobre ella, fue entregar desde la norma espacios que sólo el voto popular puede otorgar. En la exposición de motivos de reforma constitucional de 1986, no sin un toque de orgullo de vendedor de autos, se sostiene: “El espacio mínimo que se reserva en beneficio de la minoría es equivalente al 30 por ciento”.
Pronto ese 30% no fue suficientemente democrático para los partidos y hoy el espacio reservado es del 40 por ciento.
Reservar es, a fin de cuentas, un designio anticipado o prevención a favor de unos partidos y en contra del que alcance votaciones superiores al 60%, que, sin duda es un proceder sin rectitud.
El asunto no es menor. Nuestros partidos están acostumbrados a ganar en mesas de negociación política, plantones o luchas callejeras lo que las urnas no les otorgan. Esta costumbre, abiertamente partidocrática, ignora y castiga al ciudadano, violenta el principio democrático y favorece los acuerdos copulares.
Este entuerto, además, conlleva a la simulación y a la desidia. Los partidos salen a competir sabiendo que les conviene perder un número significativo de distritos. En otras palabras, si un partido ganase los 300 distritos no tendría derecho al reparto de representación proporcional, y sale mucho más barato un diputado de éstos que uno de mayoría.
Así, cada partido sale realmente a competir por alrededor de 200 distritos, los demás los condena a ser perdidos. Los candidatos de esos distritos condenados lo desconocen y son utilizados por los partidos como carne de cañón y tontos útiles.
Además, si algún candidato de un distrito verdaderamente competido osa disentir de su dirigencia, ésta le cierra los recursos y lo suma a la suerte de los distritos destinados a perder.
Los electores tampoco saben qué distritos del partido de sus simpatías ha señalado para perderse, de suerte que su militancia, esfuerzo y compromiso son vilmente utilizados a sabiendas de que de nada servirán en los distritos previamente condenados.
Finalmente los partidos apuestan a la molicie, desde donde, flotando, sin despeinarse y con financiamiento público, alcanzan el porcentaje necesario para ingresar por la vía de la representación proporcional a los espacios reservados por la ley al menor esfuerzo.
Hablábamos hace unas semanas que el voto es intransferible y de que, pese a ello, el voto de mayoría se transfiere al de representación proporcional, en abierta violación a la Constitución.
Pues, bien, aquí encontramos otro tipo de transferencia de votos. Si un partido obtiene más del 60% de los votos, el porcentaje por encima de ese umbral se transfiere a los partidos contrarios.
El ciudadano, por supuesto, no sabe que su voluntad está siendo distorsionada y abusada. Por el contrario, le hacen creer que eso es verdaderamente democrático, cuando es todo lo contrario.
Nuestra legislación electoral está plagada de estas contradicciones y absurdos.
Y lo seguirá estando, habida cuenta que quien hace la norma hace la trampa, y en este país las normas y sus trampas se copulan en la cúpula de nuestra partidocracia.