México sigue sufriendo diversas problemáticas en materia de salud, economía y seguridad; las cuales no se han logrado estabilizar con acciones concretas. Hoy se acumulan 185,715 fallecimientos por covid, y muchos programas sociales se han quedado cortos para la cantidad de mexicanos que somos. La economía sigue estancada sin que se logren acuerdos con el sector privado que requiere de impulso para lograr generar y mantener empleos, pero sin fines partidistas. Con respecto a la inseguridad sigue imperando la impunidad ante la falta de un estudio de política criminal y un sistema judicial que mejore los procedimientos en la etapa de investigación para una justicia pronta y expedita. En consecuencia, México necesita una mejor educación para competir en un mundo globalizado. Solo así lograremos vencer los efectos negativos de la pandemia y los problemas sociales que adolecen a México.
Por otro lado, se han ido incrementando diversos problemas con el personal militar y la Guardia Nacional, porque de alguna manera al intervenir en disturbios civiles, control de grupos subversivos, combate frontal al narcotráfico, al crimen organizado, combate del robo de hidrocarburos; y de alguna manera lidiar con los políticos sin ética que influyen en el retroceso; se ha producido desconfianza, por los casos donde se ve involucrado ese personal al inmiscuirse en actividades ilícitas. Ante la saturación de servicios, ha ido en aumento el número de deserciones y baja de personal; bajo rendimiento de sus obligaciones por los raquíticos sueldos; efectos negativos en la moral en los diversos niveles de mando y dirección.
Si bien existen aciertos, hace falta más certeza en las acciones de prevención y reacción durante las acciones que realizan los primeros respondientes o quienes hacen esas funciones. De repente podemos observar que el teatro de operaciones en cada una de las coordinaciones estatales (despliegues) son incipientes, debido a que la situación e información cambian rápidamente. El criminal inmediatamente muta y modifica su forma de operar, independientemente que sus grupos armados les brindan seguridad. Todo nace de la problemática de cada entidad donde se generan los delitos de alto impacto. Por consiguiente, es muy necesaria una estricta coordinación entre el gobierno federal y los estados para lograr atacar en un mismo frente y al mismo tiempo. Sólo así se podrán abatir las diferentes problemáticas y a los grupos criminales. Recordemos que el eterno problema comienza por la omisión y la impunidad que provoca la corrupción de los funcionarios públicos que son cooptados por los criminales.
Por otro lado, hemos visto como la falta de coordinación de las diferentes dependencias de seguridad pública, en los niveles municipales, estatales y federal, son la herramienta más productiva que tienen los grupos criminales; ya que se mueven entre los distintos municipios y estados, y se esconden de las autoridades a conveniencia, lo que genera una mayor preocupación para la sociedad civil, que con desesperación ve imposible que las autoridades puedan prevenir los delitos que se cometen día a día. Sumado al hecho de que el tema de la seguridad está politizado, el gobierno federal acusa a las autoridades de los municipios y estados de no querer cooperar con la federación y la Guardia Nacional. Por su parte las autoridades municipales acusan que los estados y la federación no apoyan a los municipios, y los estados se justifican con el discurso de que los municipios y la federación no apoyan el esfuerzo que realizan las dependencias estatales de seguridad.
Es importante no olvidar que la seguridad pública es una obligación de los tres órganos de gobierno. Es su obligación y mandato constitucional. Que dejen la politiquería y se pongan a trabajar y a dar resultados. Es increíble que sigamos viendo a presidentes municipales, gobernadores, periodistas y opinólogos, salir a decir que es una obligación de la federación perseguir los delitos del crimen organizado. ¡Caray!, cuando una autoridad de cualquiera de los tres niveles está en presencia de un delito que se comete en flagrancia, tiene la obligación real, legal y moral de prevenir y proteger al ciudadano. Recordemos que no somos autoridad judicial para determinar si el delito que se comete es del fuero común o federal. La obligación de las autoridades policiales es prevenir los delitos. Es cierto que tienen uno de los trabajos más ingratos de todos, ya que arriesgan la vida por un bajo sueldo, y que además siempre se le dará un trato preferencial al presunto delincuente sobre la autoridad policial o militar. Parecería que en México no tienen derechos humanos los elementos encargados de protegernos. A esto se suma la existencia de un grupo de intelectuales y luchadores de derechos humanos que utiliza cualquier pretexto para salir a acusar y difamar sin pruebas al policía, marino o militar, ya sea por intereses económicos, políticos o personales. Esto genera una doble violación a los derechos de los seres humanos que, en su interés por proteger a los demás ciudadanos, se enlistaron en la policía, marina o ejercito.
La impartición de justicia es el enlace más importante que debemos depurar para ver los resultados en el combate a la inseguridad. No es necesario cambiar la ley ni incrementar los excesos de prisión preventiva oficiosa. Lo único que necesitamos es mayor atención y presupuesto a fiscalías para que en un trabajo profesional, serio, bien remunerado y reconocido, tengan las mismas oportunidades que los abogados particulares, y no estén con cientos de asuntos que no conocen bien y que presentan ante los jueces de control. Éstos, a la menor equivocación, conceden la libertad y peticiones a los defensores particulares. El sistema que hemos adoptado es garantista y obliga a la autoridad en igualdad de circunstancias a demostrar los presuntos delitos que cometieron los probables responsables o en su momento imputados. Cuando el policía, marino o militar logra la detención en flagrancia de un presunto delincuente, no siempre tiene contacto ni interacción con el ministerio público judicial; lo que genera un problema en el flujo de la información directa. Aunque se tenga el IPH (informe policial homologado), no es lo mismo que escucharlo de viva voz de quien lo vivió; lo que se puede transmitir de forma clara y directa, lo acontecido, a quien será el encargado de ponerlo en conocimiento de un Juez, y explicar con mayor claridad y conocimientos jurídicos lo que sucedió en un caso concreto donde se cometió un delito.