Los recientes efectos de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente López Obrador, para detener o contener el robo de hidrocarburos y productos petrolíferos, han causado hasta cierto punto una psicosis colectiva atípica que vale la pena reflexionar.
Por décadas la sociedad ha tenido conocimiento -por supuesto incluidas en primer término las autoridades- de la existencia de células o grupos delincuenciales dedicados al robo de combustibles y, sin embargo, ese conocimiento se ha reducido al saber, ver, callar o tolerar. Diríamos que mientras el delito cometido no nos ha perjudicado directamente -al menos en nuestro habitual ritmo de vida- como sociedad hemos sido complacientes en cierta medida, en tanto se han elegido gobiernos que no han sabido, podido o querido dar solución a la problemática.
En esta nueva historia democrática de México, con un gobierno etiquetado de izquierda, pero conformado por grupos políticos de derecha, centro y centro izquierda, parece que lo que se requiere -en primera instancia- es avanzar del reconocimiento social y especialmente oficial, del robo de combustibles o huachicoleo, hacia la toma de acciones decisivas de gobierno.
Huachicoleo
Estas acciones normalmente causan cierta convulsión social -en mayor o menor grado-, descontento o enfado social como diría un ex presidente, sin embargo, sería importante considerar que el objetivo es combatir y acabar con un flagelo que ha dañado gravemente la economía de México y los mexicanos. Asumir con responsabilidad y prudencia estas medidas, no es cosa sólo del gobierno a quien por mandato de las urnas se le otorgó la oportunidad de demostrar su eficiencia, sino también de todos los mexicanos que aspiramos a un cambio por el bien común.
Hablar de huachicoleo es hablar de corrupción como una plaga que logró penetrar no sólo las esferas del Gobierno Federal, sino también gobiernos estatales y municipales. Sería bueno pensar que, ahí es donde hay que encausar nuestras molestias o enfados, hacia ese infortunio social, ese crimen organizado que daña nuestra economía, altera el orden jurídico y, por consiguiente, nuestra seguridad y paz.
Las molestias son temporales, los beneficios serán permanentes, decía una frase hace algunos años cuando el gobierno del entonces Distrito Federal -ahora Ciudad de México-, realizaba las obras de los segundos pisos para el tránsito vehicular. Muchas protestas se abalanzaban contra esas obras y, no obstante, luego se convirtieron en caminos del día a día de millones de ciudadanos. Aclaro, por supuesto, que en ese caso no ha sido la panacea al problema grave de tráfico que se vive en la Ciudad de México, pero eso es otra historia.
Corrupción
Ahora lo que interesa es tener claro que la corrupción en el campo de los hidrocarburos y petroquímicos, es tan grave que todavía hace casi un año, en abril de 2018, el ex director de PEMEX daba cuenta de las pérdidas por más de 30 mil millones de pesos al año por el robo de estos combustibles. Sin embargo, con independencia de la veracidad de esa cifra, lo cierto es que esos miles de millones son los que el gobierno deja de percibir para destinarlos al desarrollo de los mexicanos, especialmente a los más de 60 millones de ciudadanos que viven en pobreza.
Avanzar hacia espacios libres de corrupción, requiere de la voluntad y disposición de las autoridades, pero también de los ciudadanos. El boleto no es sólo del gobierno, es de todos. Recordemos que el ciclo de la corrupción no está compuesto sólo por servidores públicos sino también por particulares. Esto es tanto como entender que, si no hay consumidores de huachicol, tampoco habrá proveedores.
La tarea es titánica en el plano interno, pero también hay que considerar que México ha asumido compromisos internacionales en la materia, con la Convención Interamericana contra la Corrupción,[1] de tal manera que está obligado a la adopción de medidas de prevención, penalización y fortalecimiento de la ley, esto último no sólo es a través de la amplificación de medidas y sanciones penales o administrativas, sino de la realización de investigaciones eficaces, completas, multidisciplinarias, pero sobre todo contundentes que inhiban la comisión de este delito.
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Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.