La convergencia tecnológica es un fenómeno que ha implicado un cambio sustancial en los sistemas de comunicación en el planeta. En materia de servicios y contenidos audiovisuales su consumo se ha vuelto multipantalla, así podemos ver programas en el aparato receptor de televisión, en la computadora, en la tablet o el celular a la hora que queramos, con la libertad de escoger los contenidos de acuerdo a un amplio catálogo que ofrecen empresas con video bajo demanda (VOD) por un costo mínimo (Netflix, Claro Video, Blim, entre otros) o incluso gratuito (youtube).
Este tipo de servicios integrados en la definición de OTT´s (Over the Top) están planteando desafíos en la competencia y los mercados, así como en las políticas públicas y regulaciones a nivel global.
En el primer caso los operadores de telecomunicaciones que ofrecen banda ancha, se quejan porque las llamadas OTT’s utilizan las redes para transmitir sus contenidos a sus suscriptores sin tener que pagar por ello y sin invertir en infraestructura para ampliar el acceso a la banda ancha, por su parte los operadores de servicios audiovisuales se quejan de que las OTT’s les quitan audiencias (en TV abierta) y suscriptores (en TV de paga), ya que hay una tendencia a suspender la TV de paga y quedarse con el servicio de alguna OTT que tiene un costo mucho más barato y se suprime al programador al tener la libertad de escoger y ver el contenido cuando se quiera y en varias pantallas, es lo que se conoce como el cut cord, por lo que consideran que afecta su modelo de negocios ya que esas empresas por tener su sede principalmente en Estados Unidos, ni siquiera pagan impuestos a pesar de los millones de suscriptores que tienen en el país, ni tienen ningún tipo de carga regulatoria, lo cual consideran injusto, por lo que existe una demanda para que se regulen. En tanto hay quienes opinan que no se les debe de regular y que el mercado irá por sí sólo indicando las pautas del juego.
Este fenómeno se ha convertido en un desafío regulatorio en los países, no solamente por cuestiones de mercado, sino también para salvaguardar el pluralismo y la diversidad y la protección de sus propias industrias culturales en las que muchos Estados invierten a través de fondos públicos para la producción nacional e independiente.
Europa ha tomado la delantera ante este desafío y en mayo pasado el Parlamento Europeo aprobó la propuesta del Comité de Cultura (CULT) para iniciar consultas inter-institucionales con el Consejo de Europa con miras a la aprobación final de la reforma de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y un proyecto sobre portabilidad de contenido en línea.
El CULT amplió el alcance de la Directiva para incluir a las redes sociales, e introdujo la ampliación de la cuota del 20 al 30% de producciones europeas en los catálogos de proveedores de VOD y determinó que los ciudadanos europeos tengan la posibilidad de acceder a los servicios de TV en línea, así como también a música y juegos, desde otros países de la Unión Europea. La propuesta establece que “los proveedores de contenidos en línea podrán adoptar medidas “proporcionadas y razonables” para comprobar que el abonado no vive de manera permanente en otro Estado miembro, dado que las exigencias respecto a los derechos de autor pueden variar de un país a otro. Entre los posibles mecanismos para verificar la residencia se indican la comprobación del documento de identidad, cuentas bancarias o tarjetas de crédito, una declaración de impuestos, la dirección postal o la dirección IP desde la que el suscriptor accede al servicio.
En América Latina ANCINE, la agencia reguladora del cine y el audiovisual en Brasil, realizó una consulta pública para la aprobación de recomendaciones para los servicios VOD, entre las que se incluyen una cuota del 20% de contenidos brasileños sobre el total de horas disponibles en el catálogo; obligación para los proveedores de servicios de VOD en relación al contenido independiente a través de la puesta a disposición en el catálogo de modo permanente; invertir directamente en la producción o licenciamiento de contenidos audiovisuales brasileños independientes; garantizar la equidad en la divulgación de contenidos audiovisuales de ese país a través de la exposición visual equilibrada en la interfaz del servicio, incluso abarcando mecanismos de sugerencia preferencial de obras, entre otras medidas. De estas obligaciones quedan exceptuadas las micro y pequeñas empresas para evitar la creación de barreras para el surgimiento de nuevos proveedores[1].
En Colombia, Uruguay y Argentina también se está discutiendo la necesidad de regular a estos proveedores de servicio aunque con propuestas más reducidas que se centran sobre todo en la parte tributaria. En el caso de México el debate es incipiente y el propio regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ha afirmado que “Si el mercado de OTTs funciona, no hay necesidad de regular”[2].
Creo que no debería de ser así y que se hace necesario dar el debate al respecto, especialmente ahora que México tiene que renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte e incluso con la Unión Europea. ¿Qué lugar ocuparán las industrias culturales de México frente a las empresas del audiovisual de Canadá y Estados Unidos? La cancha está muy desigual especialmente para los productores mexicanos independientes, así por ejemplo, a pesar de que numerosas películas han ganado premios internacionales en México no encuentran circuitos de distribución y transmisión, ni en la televisión abierta, de paga o a través del duopolio de salas de exhibición de cine, ¿habrá un trato equitativo para la industria cultural mexicana frente a Hollywood? ¿Cuál será la opinión del IFT, la Secretaría de Cultura, entre otras instancias, respecto a este rubro de contenidos audiovisuales que traspasan fronteras?
También la cancha está muy desigual porque incluso la producción independiente (esa que no es de las grandes empresas televisoras) está muy castigada en las propias leyes nacionales tanto de cinematografía como de telecomunicaciones y radiodifusión, así que en el pecado llevamos la penitencia, no se puede exigir piso parejo a empresas extranjeras si primero no se aplican reglas equitativas a las empresas nacionales. Creo que la renegociación del TLC tiene que abrir el debate sobre la situación interna de nuestras industrias culturales, así como la defensa que el Estado mexicano debería de hacer de éstas frente a los vecinos del norte, lo cual se antoja difícil ya que el propio gobierno mantiene una total secrecía sobre los temas y estrategias a negociar, peor aún, lo hace con la aquiescencia de un grupo de empresarios, a los que debemos de confiar como un acto de fe que negociarán en beneficio de la nación.
La radio comunitaria en México.
AMARC México cumple 25 años de estar presente en el país, más de dos décadas tuvieron que pasar para que finalmente el Estado les diera un reconocimiento, aún falta mucho camino por andar y para darles condiciones de igualdad y no discriminación con respecto al sector comercial y público, lejano se ve que en lo inmediato puedan hacerse cambios legales para tal efecto, sin embargo, a través de una política pública muchas cosas se pueden avanzar, por eso es una buena noticia que el IFT junto con la UNESCO y el Grupo de Incidencia para el Desarrollo de la Comunicación Indígena y Comunitaria, realice del 9 al 11 al de agosto un encuentro internacional en Oaxaca para revisar experiencias internacionales sobre radiodifusión comunitaria e indígena y la política desarrollada en México para estos sectores.
[1] Información tomada de www.observacom.org
[2] Información en http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/si-un-mercado-funciona-no-hay-necesidad-de-regular-ift.html