Enero ha estado cargado de noticias en el ámbito político, algunas más relevantes que otras.
La que mayor importancia reviste es la que proviene de Chihuahua. El lunes de esta semana, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, el gobernador Javier Corral denunció la estrategia del gobierno federal de no entregar los recursos del ramo 33 que fueron objeto de un convenio, como se hace con el resto de las entidades federativas, entre el Gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La negativa a transferir las aportaciones pactadas, es una represalia por las investigaciones, acciones y detenciones que ha realizado el gobierno de Chihuahua y que afecta a miembros distinguidos del Partido Revolucionario Institucional. El depósito de estos recursos en las arcas de los gobiernos locales es una práctica obscura, carente de regulación, que se hace a contentillo del presidente en turno, quien decide, en función de sus intereses, el monto de recursos públicos adicionales a los presupuestados por los estados que será entregado a cada entidad federativa, previa evaluación del gobierno en turno. Es un mecanismo de control político.
El gobierno federal, ante la omisión en la entrega de los recursos convenidos, ha esgrimido una serie de argumentos que resultan insostenibles como, por ejemplo, que el gobierno de Chihuahua remitió un número de cuenta bancario incorrecto por lo que el depósito no pudo concretarse.
Estrangulamiento económico
La respuesta a la conducta del gobierno federal debe buscarse en otra parte. Estamos ya en 2018, de aquí al 1 de julio todas las baterías estarán enfocadas en ganar la contienda presidencial. La detención de figuras relevantes del priismo, vinculadas con expresidentes de ese mismo instituto político, infringe un fuerte daño a la imagen del partido tricolor en pleno proceso electoral y, como respuesta ante las investigaciones que se llevan a cabo en Chihuahua, el gobierno federal decide estrangular económicamente a esa entidad federativa.
La conducta anhelada
La actuación del gobierno del estado de Chihuahua en contra del ex gobernador Duarte y sus cómplices, es la conducta que la ciudadanía anhela de sus gobernantes frente a cada acto de corrupción e impunidad. Deben investigarse y hacerse públicas las razones por las que el gobierno federal negó la entrega de las aportaciones federales convenidas a ese estado. Los recursos de todos los mexicanos no deben estar al servicio de los intereses de los gobernantes en turno y mucho menos de sus partidos políticos. Resulta urgente regular la entrega de estos recursos con la finalidad de que su manejo sea transparente y responda a criterios objetivos, no a estrategias políticas.
México en manos de sus electores
Por otra parte, pero también ligado al uso opaco de recursos en el ámbito político electoral, a las declaraciones de funcionarios públicos de desviar recursos a las campañas electorales en 2015 y 2016 en acatamiento a una instrucción del partido en el gobierno del país, y al cese del Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales por la investigación del presunto uso de recursos de Odebretch en la última elección presidencial; el miércoles de este semana, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio a conocer el resultado de una investigación realizada durante cinco años y que implica la comisión de faltas administrativas, el uso de financiamiento ilícito y quizá la comisión de delitos fiscales en la campaña presidencial de 2012, por el pago a los representantes de casilla mediante tarjetas bancarias, que no fue reportado a la autoridad electoral y que tiene como principales responsables al Partido Revolucionario Institucional y al Verde Ecologista, que ameritó la imposición de sanciones por 37 millones de pesos.
Ambos hechos evidencian el peso del dinero en la política. En los dos casos, la opacidad en el manejo de los recursos es una constante. El voto es el arma más fuerte de los ciudadanos en una democracia. Evaluemos seriamente la actuación de partidos y candidatos antes de emitir nuestro voto. Hoy más que nunca, México está en manos de sus electores.
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