Opinión

Contrato por 25 mdp a proveedor multitask para adquirir cubrebocas

Base de datos del gobierno de la CDMX presenta datos distintos del contrato, no disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. | Adolfo Gómez Vives

  • 01/06/2020
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El jueves de la semana pasada, la periodista del diario Reforma, Selene Velasco, dio a conocer la existencia de un contrato por más de 25 millones de pesos, para la adquisición de 4 mil tapabocas, los cuales habrían tenido un costo unitario de 6 mil 298 pesos con 80 centavos.

El contrato de marras, identificado con el número SSPCDMX-SRMAS-JUDCCM-ADQ-032-20, fue firmado por los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y la empresa Partners & Pérez S.A. de C.V., cuyo representante legal, Arturo Pérez Castellanos, también aparece como persona física en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, vigente desde el 5 de noviembre de 2019.

En enero de 2014 Arturo Pérez Castellanos fue el responsable de pintar doscientas bardas y colocar tres espectaculares para la difusión del Primer Informe de Gobierno de la entonces Jefa Delegacional perredista en Iztacalco, Elizabeth Mateos Hernández.

Dos años después, Pérez Castellanos fue convocado —mediante oficio DRMSG/006/2016— a participar en el procedimiento de invitación restringida AIR/DI-001-16 para la adquisición de juguetes, por parte de Jorge Alonso Ramírez, entonces director de Recursos Materiales y Servicios Generales de esa misma demarcación territorial.

Tres meses más tarde —en abril de 2016— se encargó del mantenimiento y reparación de las "sillas de madera tipo antiguas" de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por ese trabajo —que realizó en tres días hábiles— cobró 188 mil 258 pesos, según consta en la requisición de servicio 0224, firmada por el entonces oficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Guillermo Sánchez Torres.

La empresa denominada Distribuidora Castellanos, de la que también aparece como representante legal, fue la responsable de la pinta de las 200 bardas en Iztacalco. Dicha empresa aparece señalada en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SDF-JRC-4/2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en razón de que —según ese instituto político— la jefa delegacional "gastó en demasía el dinero del erario público" en la promoción personalizada de su nombre, imagen y logros como servidora pública.

El 27 de marzo de 2020, en su calidad de representante legal de la empresa Partners & Pérez, S.A. de C.V., Pérez Castellanos firmó un contrato con los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, a efecto de proveer a ésta de "materiales, accesorios y suministros médicos", por un total de 25 millones 195 mil 200 pesos.

La periodista de Reforma basó su afirmación, referente al costo de cada tapabocas —que habría sido superior a los 6 mil pesos— en la información contenida en la base de datos de contratos adjudicados en el contexto de la pandemia por Covid-19, en la que se consigna que el 27 de marzo de 2020 se realizó la contratación señalada, en su modalidad de adjudicación directa, afectando el capítulo 2000, partida presupuestal 2541, con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal vigente, que faculta a los titulares de las dependencias a realizar dicho procedimiento "cuando se trate de caso fortuito, fuerza mayor, desastre o peligre la seguridad e integridad de los habitantes" de la Ciudad de México. Dicha base de datos precisa que el número de cubrebocas adquirido fue de 4 mil unidades y no de 104 mil, como se consigna en el contrato.

Antes del mediodía del jueves pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum difundió un tuit en el que afirmó —en relación a la nota de Reforma, pero sin aludirla directamente— que "debe prevalecer la ética periodística por encima de intereses personales o de grupo", sin tomar en cuenta los señalamientos de la periodista, en el sentido de que el gobierno local "no muestra copias físicas de los contratos y sólo enlista los detalles generales".

A su tuit, la jefa de Gobierno anexó una nota informativa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, que califica de "falsa" a la información de Reforma y alardea que, si el diario hubiese querido obtener la información detallada, "se le hubiera proporcionado, de manera transparente", como si no existiera la obligación constitucional de difundirla, sin necesidad de andarla solicitando.

En el primer punto de su comunicado, la Secretaría de Administración y Finanzas comete un dislate. Señala que el documento fue firmado el 16 de marzo, aun cuando el contrato en versión electrónica establece como fecha de firma, el 27 de marzo de 2020.

En el documento reservan la identidad del representante legal de Partners & Pérez, lo que contraviene lo expresado en el artículo 1o de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y su correlativo en la Ley General, respecto a la obligatoriedad de transparencia por parte de "cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos".

Más importante aún es el hecho de que el contrato signado con Partners & Pérez no ha sido difundido en el apartado de obligaciones de transparencia de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, ni en el de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Plataforma Nacional de Transparencia, como corresponde por mandato de la fracción XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y su correlativo en la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General, lo que constituye un evidente acto de opacidad respecto de temas de interés público.

Aunque la nota informativa de la Secretaría de Administración y Finanzas señala que los Servicios de Salud Pública realizaron "el sondeo de mercado correspondiente" y que "verificó que los proveedores que presentaron cotizaciones cumplieran con los requisitos legales, administrativos, así como con las especificaciones técnicas", dicha información tampoco está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El domicilio de la empresa denominada Partners & Pérez es un local que, a decir de los vecinos, se encuentra cerrado desde mucho antes de que iniciara la pandemia.

Desde el jueves pasado, la página de Facebook de la citada empresa fue dada de baja. Nadie responde en los teléfonos vinculados a ésta y el número que aparece anotado afuera del local ubicado en doctor Balmis 82 C, corresponde a otra persona. En su modus operandi, el proceso de asignación de dicho contrato por más de 25 millones de pesos, se parece mucho a los descritos en la Estafa Maestra.