Abruptamente el pasado miércoles 25 de octubre por la noche los integrantes de las Comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, recibieron un oficio en el que les citaba a sesión al día siguiente a las 9 de la mañana para dictaminar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados que reformó los artículos correspondientes a los derechos de las audiencias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los legisladores llevaban prisa, tanta que en unas cuantas horas la minuta aprobada por las comisiones unidas se presentó en primera lectura en el pleno, con dispensa para su segunda lectura para ser votada, con lo que en un día se aprobó lo que se conoce como la #LeyDoringTelevisa, impulsada inicialmente por el diputado Federico Döring del PAN en abril junto con Lía Limón del PVEM, que derogó los derechos de las audiencias en radiodifusión que reconocen en la constitución.
Con 72 votos a favor (de la mayoría del PRI, PVEM y de los legisladores del PAN llamados “rebeldes”, que más bien parecen “obedientes” al PRI), 13 votos en contra y 3 abstenciones, se aprobaron las reformas en medio de acusaciones por parte de la oposición de violar los procedimientos parlamentarios establecidos en el reglamento del senado, por lo que se retiraron de la sesión los integrantes de las bancadas PT-Morena, PRD y parte del PAN, que después regresaron para votar en contra, en un ambiente de crispación que ha caracterizado al congreso desde el inicio de sesiones en este periodo.
El fast track legislativo tuvo toda la intención de madrugarse al poder judicial, ya que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó nuevamente entre los asuntos a resolver las controversias constitucionales que interpusieron tanto la presidencia del senado, en su momento a la cabeza con el PVEM, y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de los Lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre los Derechos de las Audiencias, se corría el rumor de que la corte daría razón al instituto, así que determinaron cambiar la ley para dejar sin efecto el control constitucional que debía hacer la SCJN.
Esta conducta indebida ahonda más la crisis institucional que vivimos en el país. En los últimos años el gobierno federal del PRI con su mancuerna del PVEM en la práctica han utilizado los poderes del Estado para desmantelar las instituciones y anular los pesos y contrapesos necesarios en una gobernabilidad democrática. Como algunos lo han sostenido, son ellos por la vía de los hechos quienes están mandando al diablo a las instituciones, con todo el riesgo que ello implica para el país. Así, el Congreso, en lugar de esperar a la determinación del máximo órgano de justicia, prefirieron saltárselo, dejando un claro mensaje de que lo que menos les importa es el control judicial y por lo tanto la legalidad y la racionalidad.
Como se lo he comentado en otras colaboraciones, esas reformas afectan a millones de mexicanos y son inconstitucionales. Dice el artículo 1º en su párrafo tercero que:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad
En clave de derechos humanos, la progresividad indica que una vez que un derecho ha avanzado no se puede retroceder y a todas luces lo aprobado es un enorme retroceso al derogar de un plumazo los derechos de las audiencias en la ley. El principio de protección indica la obligación del Estado de establecer todos los mecanismos legales e institucionales para impedir que particulares violen los derechos de terceros, que en este caso son los concesionarios frente a las audiencias, que se quedan totalmente desprotegidas, pues ahora las reformas dejan a total discreción de los concesionarios el cumplimiento de sus derechos mediante la autorregulación y sin ningún mecanismo de exigibilidad, no solamente por la ausencia de sanciones, sino porque no existirá institución alguna a la cual acudir porque le quitaron al IFT las facultades para regular en la materia y porque el poder judicial no podrá resolver sobre la violación de derechos que no están contemplados en ley.
Otra inconstitucionalidad es que se permitirá la transmisión de publicidad engañosa y de propaganda como si fuera información noticiosa, algo que se prohíbe en el artículo 6º. Esta legalización del engaño a las audiencias abre la puerta para que fácilmente funcione el mercado negro de la información para manipular la opinión pública y para los tiempos electorales con la venta millonaria de entrevistas, editoriales, etcétera, que se presentan como información periodística cuando en realidad es propaganda.
En pocas palabras, se creó un régimen de excepción para los concesionarios de la radio y la televisión comercial, es un ganar-ganar principalmente para los más grandes, que en este caso de la televisión es Televisa y TV Azteca. Regalazo de los senadores del PRI, PVEM y los obedientes del PAN a las televisoras, que sometieron junto con el gobierno al poder legislativo, con miras a las elecciones del 2018.
Por si fuera poco, lo que aprobaron los senadores va en sentido totalmente opuesto a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que dio a conocer este año en la materia. El organismo internacional afirmó que la regulación de contenidos audiovisuales se beneficiaría del fortalecimiento del papel del IFT, en especial en lo relativo a garantizar los derechos de los niños y de las personas con discapacidad, como parte de su misión general de regulador convergente, y acusó que las cuestiones relativas a la protección de los niños y la accesibilidad no han recibido la importancia que merecen, al haber sido dejados a mecanismos de auto-regulación, por lo que llamó a reforzar la protección a través de la legislación considerando las mejores prácticas internacionales.
Buena jugada distractora de Televisa al anunciar en el momento en que se discutía en el senado la aprobación de las reformas, que su dueño Emilio Azcárraga Jean, salía de la dirección de la empresa, la prensa nacional e internacional se volcó en esa noticia, desdibujando el atropello en el senado.
Las alternativas a la contrarreforma
¿Todavía se puede hacer algo frente a esta contrarreforma? Sí, con los senadores opositores se junta el porcentaje requerido por ley para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para que se haga efectivo el debido control judicial, deben hacerlo y lo aplaudiremos en aras de la gobernabilidad democrática y la defensa de derechos.
El IFT también tiene facultades para interponer la misma acción, misma que nos debe al darle elementos a los telesenadores para este atropello frente a las audiencias, quienes argumentaron en comisiones unidas que era claro que los lineamientos eran incorrectos ya que el propio IFT había diferido la entrada en vigor en dos ocasiones, argumento tramposo y mentiroso, pero cierto en su última parte. La pregunta es si los comisionados tendrán el valor para hacerlo, no digo las comisionadas porque ellas sí que han tenido iniciativas para defender a la institución y su autonomía. Buena prueba para su presidente Gabriel Contreras, que en su programa de trabajo para ser ratificado en el senado se comprometió a trabajar por el fortalecimiento del IFT y que fue designado bajo la sospecha de ser el candidato del oficialismo, es una oportunidad inigualable para que muestre su independencia.
De la CNDH ni hablamos, pues en este tema no ha mostrado el más mínimo interés, una desgracia, sería una agradable sorpresa que me equivocara.
Si ninguna de estos garantes de los derechos lo hiciera, tendremos los ciudadanos, una vez más, que defender por nuestra cuenta nuestros derechos por la vía del amparo.