Recientemente, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se llevó a cabo el foro “Federalismo Mexicano: El problema no resuelto”, en el cual se realizó un interesante y oportuno ejercicio de análisis entre especialistas en el tema, crucial para entender la coyuntura actual y las perspectivas a futuro para nuestro país y, por ende, merecedor de ampliar y difundir las reflexiones sobre él.
Y es que los procesos de cambio político en nuestro país han implicado la construcción de esquemas cada vez más sólidos de control y de garantía de derechos, en un escenario en el que las personas exigen una mayor democratización y una efectiva rendición de cuentas. A partir de esto, se ha replanteado la forma de concebir el federalismo y el reparto de competencias dentro del pacto que delimita los tres niveles de gobierno, conformado por entidades soberanas voluntariamente cohesionadas, donde se reconoce la existencia de fuerzas distintas al poder central, con ámbitos de actuación propios en esos espacios geográficos.
El avance democrático registrado en los últimos 30 años en México, también ha propiciado un esquema novedoso de complementariedad del ejercicio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la aparición de los órganos constitucionales autónomos, como instancias especializadas en ámbitos clave para el Estado, como la protección de los derechos humanos y la regulación de diversas actividades económicas. Estos novedosos espacios, además de no guardar sujeción a los dictados de autoridad alguna, son concebidos más cercanos al interés ciudadano, en oposición a las influencias partidistas o de poderes fácticos. Así, han irrumpido en el escenario institucional, incidiendo en las formas de funcionamiento tradicionales de nuestro régimen político.
Un claro ejemplo de este nuevo arreglo lo representa el INAI, el cual por disposición constitucional es el órgano garante de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, que está investido de autonomía y facultades de alcance tanto federal como nacional, y dotado de facultades para conocer asuntos más allá de la esfera de la Administración Pública Federal, alcanzando a los Poderes Legislativo y Judicial, partidos políticos nacionales, sindicatos, organismos autónomos e, incluso, asuntos de corte local a través del recurso de inconformidad o la facultad de atracción.
Adicionalmente, se tiene al Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que constituye un espacio de confluencia de los órganos garantes en la materia. Si bien este entramado institucional aporta beneficios a la tutela de derechos, al homogenizar criterios y marcos regulatorios, también puede dar pie a ser entendido como contrario al federalismo más fuerte, pues impone obligaciones y estándares que no en todas las ocasiones consideran las especificidades de las entidades federativas, como pueden ser las diferencias en recursos humanos y técnicos, así como los aspectos presupuestales.
Otro ejemplo es el Instituto Nacional Electoral, que tiene entre sus atribuciones para los procesos electorales federales y locales, determinar la geografía electoral, la ubicación de las casillas, la capacitación y la designación de los funcionarios de la mesas directivas, la fiscalización de las campañas; así como la elección y remoción de los integrantes de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales, y en determinados supuestos atraer a su competencia funciones de los procesos locales. Esto ha sido interpretado como una tendencia a concentrar la organización de las elecciones bajo una autoridad central. Desde esta óptica, si bien la instauración de organismos autónomos y la expedición de ordenamientos jurídicos de carácter general son consideradas como arreglos que han ganado consensos para apuntalar el funcionamiento del Estado; es necesario advertir sobre los efectos secundarios en el federalismo mexicano, dado que en cierta medida se ha erosionado la capacidad de las entidades federativas de legislar y operar en determinadas materias, al establecer disposiciones de aplicación directa en los distintos niveles de gobierno.
Organizar la vida institucional
Por ello, ante la inminente instauración de una nueva configuración del poder político, derivada del inédito proceso electoral -por su alcance y trascendencia-, se requiere el compromiso de las nuevas autoridades y representantes populares de encauzar y organizar la vida institucional de manera racional y efectiva, para dar soporte al fortalecimiento de la vida democrática y de nuestro régimen de libertades.
En ese sentido, no tiene cabida el debilitamiento de las autoridades locales, sino la adecuada configuración y reparto de competencias que haga funcional al entramado institucional a fin de que cumpla las expectativas de la sociedad acerca de nuestro federalismo, por medio de un marco que limite con claridad los alcances y los linderos de la actuación y atribuciones del entramado institucional del Estado mexicano, sin invasión o traslape de competencias. En este mismo ámbito de lo jurídico, se requiere de planteamientos inteligentes que eviten la parálisis institucional derivada de la politización de los nombramientos de los titulares de los organismos autónomos, o bien, de la inactividad legislativa cuando se tengan que armonizar las distintas regulaciones. De igual manera, se necesita la construcción de mecanismos para la confección de leyes que, tratándose de materias concurrentes, pudieran incluir una participación más activa de los estados y municipios.
Los actores políticos que lleguen al poder mediante el ejercicio democrático del próximo fin de semana, deberán encontrar en el acuerdo federalista una vía de apoyo para el desarrollo de nuestro país, en un marco que propicie el funcionamiento eficaz y armónico de las instituciones del Estado en todos sus niveles.