En los últimos días el poder judicial federal ha sido tema de conversación y titulares en los medios. ¿Le suena conocido? “Magistrado del tribunal supremo renuncia” y “Magistrado encargado de revisar la suspensión del aeropuerto de Santa Lucía es suspendido”. En ambos casos se sospecha posible relación con actos de corrupción. Los ciudadanos están pidiendo detalles a través del derecho de acceso a la información. En el INAI atendimos el recurso de revisión RRA 8781/19 para instruir al Consejo de la Judicatura Federal informar sobre el procedimiento disciplinario a dos magistrados de Campeche que fueron separados de sus cargos también por presuntos casos de corrupción.
La remoción de jueces sospechosos de corrupción no está libre de implicaciones políticas, pero el tema de fondo es asegurar la correcta impartición de justicia y garantizar los derechos de la población. La justicia no puede estar supeditada a intereses particulares, los juzgadores tienen la función de destensar a la población, de solucionar conflictos para restablecer el equilibrio entre las necesidades de la ciudadanía y los derechos del individuo. Esto se vuelve imperioso en contextos como el mexicano donde las desigualdades se expresan incluso en el acceso a la justicia. Por eso, cuando los ciudadanos interesados requieren información sobre estos casos es preciso atender cabalmente sus requerimientos, como ejercicio de rendición de cuentas y como un paso fundamental para reivindicar el poder judicial en la democracia mexicana y recuperar la confianza en él. La transparencia puede ayudar a que la población confíe en el Poder Judicial, pues hoy por hoy la percepción es que uno de cada dos mexicanos asocia a los jueces con el soborno, la corrupción y el nepotismo, y desconfía de ellos.
Los juzgadores enfrentan limitaciones para desempeñarse que podrían incentivar posibles prácticas de corrupción, errores en la impartición de justicia y opacidad. México tiene en promedio cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo, el promedio global es de 16 juzgadores por cada 100 mil habitantes. La información pública es la clave para demostrar con evidencia que, además de sancionar a los juzgadores federales, se toman las acciones necesarias para atender estas limitaciones. La transparencia y el acceso a la información también deben formar parte de las acciones que desarrolle el poder judicial federal en contra de la corrupción si desea recuperar la confianza ciudadana, porque son vía para monitorear y supervisar a todos los servidores públicos, incluyendo a quienes imparten justicia.
Otros poderes de gobierno como el legislativo también trabajan para fortalecer la transparencia en el poder judicial. Por ejemplo, recientemente la Comisión Anticorrupción del Senado avaló una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información para obligar a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias, no solo aquellas consideradas de interés público como establecía previamente. Por su parte, organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INAI pueden colaborar con el poder judicial en la definición de criterios para garantizar la protección y promoción efectivas de los derechos fundamentales. En específico, el INAI y el poder judicial federal pueden colaborar para fortalecer la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como en la implementación de mecanismos de transparencia proactiva y otras iniciativas que enfilen hacia una justicia abierta.
El objetivo debe ser alcanzar un poder judicial cercano a la población, cuya información pública sea aprovechada para detonar procesos de rendición de cuentas en sus tareas administrativas y sustantivas, así como procesos de retroalimentación donde la ciudadanía interesada pueda proponer mejoras y tener certeza de que se les tomará en cuenta.