Uno de los elementos que ha ido evolucionando en nuestro sistema político, lo constituye la transparencia y la rendición de cuentas. Son cada vez más los elementos jurídicos y normativos que obligan a las instituciones públicas a difundir su información y, con ello, la regulación, control y seguimiento de esta difusión pública es cada vez más estricta y, me atrevería a señalar, necesaria.
Las instituciones púbicas son instancias que están para cumplir una labor en beneficio de la sociedad, por ello se deben en primera instancia, a la sociedad en su conjunto y, consecuentemente, las instituciones están obligadas, por ley, a rendir cuentas de sus acciones e informar oportunamente de los asuntos que sean de interés colectivo.
Pero cuando hablamos de instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene la gran labor de planear, organizar, desarrollar y ejecutar los procesos electorales en nuestro país, la situación adquiere una dimensión mayor.
Conteo rápido
En el desarrollo del proceso electoral hemos sido testigos de la información que constantemente el INE difunde sobre sus actividades, sus acciones, sus determinaciones y resoluciones emanadas de su Consejo General, que es su máximo órgano de dirección, entre otras. Pero recientemente, fuimos testigos de una polémica suscitada a un primer esquema integrado por el INE en torno a la difusión de las tendencias electorales a través del Conteo rápido, que es un ejercicio estadístico que estima, justamente, las tendencias electorales.
Derivado de dicha situación, recientemente el INE, con el objetivo de informar a la población de las tendencias electorales, propuso una ruta alternativa para dar a conocer a la sociedad, con certeza, la información sobre las tendencias electorales de la votación de la elección presidencial el mismo día al de la jornada electoral.
Para llevar a buen puerto este esquema de trabajo, el INE establece en su propuesta lo siguiente:
· Para la elaboración de las estimaciones de los rangos de votación, para el Conteo rápido, se tomarán los datos asentados en las hojas de operaciones establecidas en la legislación electoral federal (artículo 290, inciso f), para asentar los datos del escrutinio y cómputo, empezando por la elección presidencial y siguiendo en su orden con el resto de las elecciones según la normativa electoral.
Al respecto, es importante referir que las hojas de operaciones constituyen el documento en donde se transcriben los resultados que se asentarán en las Actas de Escrutinio y Cómputo correspondientes.
Asimismo, en nuestra opinión, con este esquema se estaría respetando el proceso ininterrumpido y simultáneo del escrutinio y cómputo de cada elección.
Esta alternativa, insisto, aún en calidad de propuesta, está siendo analizada por los órganos auxiliares del Consejo General (Comisiones) y el INE tendría programado subirlo a su máximo órgano de dirección el 28 de febrero.
Independientemente, de lo que determine el INE, nos parece que la búsqueda de alternativas que den certeza al proceso electoral, generará confianza en la población y se cumpliría, una vez más, con la exigencia, no solo de los actores políticos que contenderán en la elección, sino con la sociedad, de trasparentar uno de los elementos más importantes de la elección: sus tendencias electorales.
Bien por el INE que una vez más demuestra ser una institución sólida.