Durante la semana tanto el jefe del Ejecutivo, que nos dice que no está de acuerdo pero que “bueno, no tiene la verdad absoluta”, como sus secretarios y legisladores se han volcado para proponer un debate sobre el uso autorizado de la mariguana, como si fuera un asunto de primera necesidad, de extrema urgencia, sin considerar que, en su caso, la gente tiene el derecho de decidir por sí misma si fuma o no, y sobre todo cuando se han quedado en la mesa los temas relevantes, esos que definen el tipo de país que queremos, frente al que pretenden que seamos.
No ha habido convocatoria gubernamental para un debate amplio por la presencia del ejército en las calles, la seguridad nacional, el tratado ATP y demás tratados de comercio de los que somos parte; sobre los migrantes, el presupuesto y sus destinos, la corrupción y la estrategia para eliminarla, para ir abriendo boca.
El propio Instituto Nacional Electoral se apresura a proponer una consulta ciudadana sobre el tema de la despenalización durante las elecciones del próximo año, cuando el organismo, junto con muchos otros no fueron capaces de pronunciarse a favor de las iniciativas para que la ciudadanía se expresara sobre la reforma energética o la educativa, por ejemplo. No es que el asunto de la mariguana sea irrelevante pero me parece que se intenta distraer la atención mientras en las cárceles sigue el doctor Mireles, los maestros, muchos autodefensas o un sinnúmero de indígenas; hay que exigir que el Ejecutivo actúe de manera clara y de forma diáfana en el combate a la violencia que se genera en los estados desde las mismas estructuras de gobierno, estatales, municipales o federales.
¿Eso es todo?
El crimen organizado es más que el trasiego o el consumo de mariguana; la violencia y la drogadicción no se acaba con la legalización de una u otra droga, pues eso es un problema estructural. Los recursos usados para el combate a la siembra y para la detención de consumidores, pueden usarse perfectamente para las campañas de prevención que necesariamente deben hacerse, tanto para esos hábitos como para muchos otros, incluyendo el consumo de refrescos.
¡Viene el lobo…!
Hace tiempo que viene hablándose de una reforma al sistema de pensiones, lo que era negado por diversas autoridades. El pasado mes de octubre, el representante de los intereses económicos y de la política neoliberal, José Ángel Gurría, presidente de la OCDE, mexicano, pensionado desde los cuarenta y tantos años de edad por su trabajo en el Banco de México, propuso revisar el esquema de aportaciones a las afores, y sobre todo, que los trabajadores que están en la etapa de transición del régimen de la ley de 1973 del Seguro Social, a la ley de 1997, pasen a formar parte de éste último esquema, con las implicaciones y afectaciones económicas para los trabajadores.
El tema sigue y los legisladores proponen modificar el régimen de pensiones de los trabajadores del Estado, que administra un organismo estatal llamado Pensionissste, a un régimen de afore privada, “aunque con control gubernamental”. Gracias a los sindicatos universitarios no se ha dado cauce a la modificación pero ahí está como punta de lanza de una reforma, una más de las que ha sufrido el esquema de pensiones desde el año 1997. ¿Estamos ante la quiebra del sistema de pensiones? ¿Qué sucede en Pemex?
El Dirigente de la Amafore, (Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro), Carlos Noriega Curtis, propone que se cambie el esquema de participación de los trabajadores para que su contribución al fondo de retiro sea más alto, pasando de 6.5% que actualmente aportan, a un 13% o 15 por ciento. Por su parte, Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Consar dice que en el esquema actual, al pensionarse un trabajador lo haría con aproximadamente un tercio del salario mensual de los últimos cinco años de cotización y con la propuesta obtendría 70% del promedio de salario de esos mismos cinco años finales, lo que “es apropiado para atender a sus necesidades”.
¿Y las comisiones bancarias? ¿Qué responsabilidad tienen las Afores por malas inversiones? ¿Alguna sanción? Eso sí merece una consulta, un debate, como dice el secretario de Gobernación para el caso de la mariguana, en tres etapas:
- Con los especialistas, organizaciones y académicos.
- Hacia la sociedad, con información especializada.
- Con el debate en el legislativo (y esto último, digo yo, con vocación social no por consigna).
¿Se podrá o lo prohíbe algún precepto constitucional o algo sacado de la manga?
De pilón…
Leemos mucho, leemos poco, leemos en dispositivos, en impresos. Hay cosas que por obvias habría que descartar: Leemos cualquier cosa desde que tenemos noción de que las cosas tienen significado. ¿Qué significa leer en términos de medición? Eso debería de ser la primera pregunta y de su respuesta se deriva todo, entre otras que por más que nos digan hacen falta librerías y no hay políticas públicas para eso, como sí las hay, suponemos, para dar televisores.
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(Obviedades es un ejercicio de reflexión que comparto con mucho gusto no para que estén de acuerdo sino para hacer conciencia de las contradicciones de un régimen… que puede ser cualquier régimen, no importa el partido, por supuesto)