La consulta popular que se realizará el 1 de agosto ha seguido un camino azaroso, que se extenderá un mes más, y el resultado es del todo incierto.
El 15 de septiembre del año pasado el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados la propuesta de una consulta popular con la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus gestiones?
Esa pregunta era controversial pues ponía a consulta si se debería cumplir la ley.
Posteriormente el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien posiblemente para complacer al presidente, dio luz verde a la consulta y reformulo la pregunta, para quedar así: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Por tanto la pregunta que se pone a consideración es ambigua y sujeta de muy diversas interpretaciones. Hay quienes sostienen que la consulta gira en torno a investigar a los ex presidentes, pero si se lee la pregunta, no es así.
La primera duda es ¿qué comprendería el proceso de esclarecimiento? Serán investigaciones administrativas, penales, una Comisión de la Verdad o qué otras vías se estarían considerando.
El proceso de esclarecimiento, según la pregunta, sería respecto de los actores políticos. En una lectura laxa se puede decir que ahí están considerados los expresidentes pero en realidad abarca a miles de actores políticos cómo senadores, diputados, ex gobernadores, ex presidentes municipales, etc.
Tampoco se determina un plazo y eso abre un compás temporal indefinido.
Por tanto la materia de la consulta es imprecisa y confusa; lo que representa un serio desafío para una participación ciudadana informada.
De acuerdo con las reglas de la consulta hasta el 15 de julio el INE iniciará la información sobre esta confusa consulta.
En caso que resulte exitosa la consulta, habría que preguntar cuál serán los posibles efectos. La respuesta es incierta pues parece sumamente complejo que se concreten acciones precisas respecto de funcionarios públicos específicos.
Lo más probable, es que la primera consulta popular sea frustrante como ejercicio de democracia directa.