En la última década Tamaulipas ha vivido un proceso de descomposición sumamente importante; los datos oficiales de incidencia delictiva posicionan a la entidad como una de las más violentas del país, en un contexto donde en reiteradas ocasiones se tuvo la evidencia de autoridades corruptas que permitieron el mantenimiento y consolidación de los grupos de delincuencia organizada.

Tan solo en materia de secuestro, la entidad mantuvo los primeros lugares en esta década con una taza tres veces mayor que la nacional. Paralelamente, dos gobernadores enfrentan acusaciones por favorecer a grupos delincuenciales, enriquecimiento ilícito y otros delitos que aún son investigados. Ante la ola de violencia, en los últimos 10 años se ha mantenido la presencia de fuerzas federales. Policía Federal, Ejército y Marina Armada de México han sido los encargados del combate a la incidencia delictiva en la entidad.

Tamaulipas duele

A pesar de los miles de millones de pesos gastados para fortalecer las condiciones de seguridad en la entidad, poco o ningún avance se ha logrado. Tamaulipas sigue siendo una entidad que nos debe doler a todos los mexicanos debido a los inaceptables niveles de violencia.

Por ejemplo, podemos recordar cómo la pasada administración estatal comprometió la conformación de una policía estatal acreditable, eso significaba que el estado debía incorporar por lo menos 3000 nuevos policías al estado de fuerza de la policía estatal. Al finalizar el pasado sexenio, el gobernador Egidio Torre Cantú, entregó menos de 300 de los 3000 policías acreditables comprometidos.

Los miles de millones de pesos destinados a este proyecto aparentemente fueron utilizados para mantener la presencia de las fuerzas federales, es decir, se prefirió que esos recursos sirvieran para solventar los gastos que significaba mantener a Policía Federal, SEDENA y SEMAR como encargados de la seguridad de los tamaulipecos, en vez de formar instituciones locales capaces de prevenir, reaccionar y sancionar la conducta ilícita.

Participación integral

La experiencia nacional como la internacional nos enseña que para poder pacificar un lugar que vive crecientes problemas de violencia, se requiere de la participación de todos los integrantes de la sociedad como empresarios, medios de comunicación, sociedad civil, y que estos colaboren con las instituciones de seguridad y justicia de los diferentes órdenes de gobierno.

Ahí donde solo se ha mantenido la presencia de fuerzas federales sin la conformación de instituciones confiables de seguridad y justicia, no se han logrado avances significativos. Este precisamente es el caso de entidades como Guerrero o Tamaulipas.

Conscientes de la necesidad de conformar instituciones locales efectivas y honestas para reducir la desbordada violencia que vivimos, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos impulsado un acuerdo con el gobierno estatal de Tamaulipas para que en esta ocasión se pueda revisar el proceso de construcción de una policía confiable, local, eficaz y eficiente, y evitar que en cinco años más debamos cuestionar a los mandatarios estatales por no haber cumplido su promesa de mejorar la seguridad y entregar instituciones locales sólidas.

La donación que desde el ONC estamos haciendo, incluye revisar los procesos y resultados de reclutamiento, selección, capacitación e incorporación de los elementos de la policía estatal acreditable.

Para esto se llevará a cabo un trabajo de gabinete que permita analizar los procesos, metodología, perfiles y currícula con la que se pretende conformar a la policía estatal, de la mano de un trabajo de campo que verifique si los procesos se cumplen y los candidatos adquieren las competencias necesarias.

Paralelamente, en el ONC estamos buscando el involucramiento de diferentes actores sociales para mejorar las condiciones de vida de los integrantes de las instituciones de seguridad y justicia; queremos generar un movimiento que logre mejores condiciones laborales para policías, peritos y ministerios públicos, que permita modificar el marco normativo del apartado B fracción XIII del artículo 123 Constitucional, los procesos de control y confianza, e involucre a los empresarios en generar incentivos para quien respeta la ley.

Este proyecto, innovador en todo sentido, sienta las bases de una colaboración que seguirá abarcando otras áreas de la administración pública estatal y permitirá fortalecer la atención a víctimas del delito, así como la construcción de inteligencia y así mejorar el acceso a la justicia para todas las personas. Se buscará evaluar el trabajo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro e incidir en las políticas de combate a los mercados ilegales y al tráfico de armas.

Para cristalizar todos estos proyectos, el ONC contará con la asistencia de los observatorios acreditados que pertenecen a la Red Nacional de Observatorios de Seguridad, con sede en Ciudad Victoria y en Tampico.

Corresponsabilidad

En el ONC agradecemos y reconocemos la disposición que ha mostrado el gobierno del estado de Tamaulipas, esta es una oportunidad única para que la sociedad civil pueda incidir en la conformación de instituciones y políticas que respondan a la necesidad de seguridad de todos los mexicanos y siente un antecedente que muestre que sociedad y gobierno podemos trabajar juntos.

En contraste, lamentamos que el gobierno de Guerrero, entidad en una grave crisis de violencia, a pesar de la insistencia con la que los hemos buscado, siga relativizando la grave crisis que vive y no permita la colaboración de la sociedad civil para verificar avances o retrocesos en materia de seguridad, sobre todo si se les recuerda que todo nuestro trabajo es donado y no le cobramos ni un solo peso a los gobiernos.

Hoy más que nunca sabemos que la corresponsabilidad y los contrapesos son factores que permiten avanzar en materia de construcción de un sólido Estado de Derecho. Con el paso que dimos este 15 de enero, estoy seguro de que pronto veremos mejorar las condiciones en materia de seguridad y justicia en Tamaulipas, en favor de todos los mexicanos.

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