La administración Peña Nieto ha determinado que la dirigencia nacional del PRI, que encabeza César Camacho, ceda en manos de los gobernadores priístas la definición de candidaturas a diputados federales, y en las principales posiciones en los casos en donde habrá comicios locales este año, a cambio de que los mandatarios estatales asuman la responsabilidad directa, política y económica, de que tales postulaciones resulten exitosas.
La decisión sobre candidaturas a gobernador en los nueve estados que tendrán un relevo en este ámbito, está respondiendo a una lógica similar: favorecer a los grupos dominantes, internos o externos –no necesariamente a los poderes locales-, y reclamar en correspondencia garantías expresas de obtener triunfos, así como subordinación a Los Pinos.
Esta postura representa un giro en la dinámica adoptada por Peña Nieto y su equipo en los inicios del sexenio, que se orientó a centralizar decisiones, extender controles y restar poder a los gobernadores, como lo representó el transferir a la Secretaría de Educación Pública el manejo de la nómina magisterial, no rescatar de sus deudas a ninguna hacienda estatal y aumentar la presión en favor de estándares contables comunes.
La urgencia de contar con una bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados federal durante la próxima legislatura –la que habrá de acompañar a Peña Nieto hasta el final de su gobierno- obligó a revisar estrategias y extender pactos. Tras dos años de nerviosismo y resistencia pasiva, los gobernadores-caciques-virreyes priístas vuelven por sus fueros.
El esquema ha incorporado nuevas modalidades: las listas de los candidatos de los gobernadores están siendo sometidas al tamiz de los órganos federales de seguridad. Si las luces rojas se prenden, se solicita al mandatario una sustitución. De acuerdo con datos aportados a este espacio, esto ha ocurrido con una treintena de casos, en particular en entidades con amplia penetración del crimen organizado.
Otro filtro lo han sido las encuestas: muchos favoritos de los gobernadores no ganarían una elección ni en su colonia, por lo que también se pide que estos casos sean ajustados. Pero al final del día los candidatos, hasta ahora para diputados federales, están saliendo de los establos del gobernador.
Una historia llamativa la ofrece el caso Yucatán, que gobierna el priísta Rolando Zapata. Formado bajo la mirada de su antecesora Ivonne Ortega, actual secretaria general del PRI nacional, Zapata Bello decidió tempranamente distanciarse de ella, así como de otra figura de la política estatal con proyección nacional, Jorge Carlos Ramírez Marín, ahora secretario de Estado, al frente de la Sedatu.
Ninguna figura local identificada con la señora Ortega o con Ramírez Marín llegó a las listas del PRI con aspirantes a una curul federal. El único pacto de Zapata fue con el coordinador parlamentario en el Senado, Emilio Gamboa, cuyo hijo menor, Pablo Gamboa Miner, un joven de 28 años, fue registrado para contender por el codiciado tercer distrito con cabecera en Mérida, una demarcación históricamente cómoda para el PRI.
El “alter ego” de Zapata lo ha sido su secretario general de Gobierno, Víctor Caballero. Es su brazo ejecutor contra cualquier expresión política que le sea adversa, dentro y fuera del PRI. Caballero sería incluso el delfín de gobernador para relevarlo en 2018. Pero desde la ciudad de México llegaron encuestas suscritas por dos casas nacionales en este campo, las que alertaban que la imagen del señor Caballero lo llevaría a lograr 16% de la votación en julio próximo. El gobernador Zapata ha de tener una baraja muy magra, pues escogió como alternativa a Nerio Torres, un hombre que ya fracasó como candidato para la alcaldía de Mérida apenas en 2012.
Este tipo de historias se multiplican en todo el país, o al menos en las dos terceras partes de las entidades, donde hay gobiernos emanados del PRI. Son producto de nuevas realidades en los equilibrios de poder dentro del partido gobernante, y en el conjunto de la política mexicana. Resultan de una visión pragmática en la casa presidencial, asumida aun bajo la certeza de que ello representa un retroceso en varios órdenes. Que los acuerdos no necesariamente garantizan triunfos electorales rotundos, pero que se está ante el menos peor de sus escenarios.
No vivirá mucho quien no vea en resultado de este modelo. Lo que ello traerá para el gobierno Peña Nieto, para el PRI, y para el país.