Opinión

Consejeros destituidos en Chiapas

Hechos retrasarán que a nivel federal se utilicen las tecnologías de la información y comunicación en los procesos electorales.

  • 13/05/2016
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La paridad no es un juego. El mensaje fue claro esta semana desde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al aprobar de manera unánime el proyecto de sentencia que confirma la destitución de los tres consejeros electorales que fueron removidos del cargo por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en un procedimiento ordenado por una sentencia de la Sala Superior el 8 de julio de 2015.

 

Además, la Sala Superior determinó la responsabilidad de la consejera presidenta y tres consejeros más en el incumplimiento de su obligación de garantizar la cabal aplicación del principio de paridad en la integración de las listas de candidaturas a cargos de elección popular y su participación en las irregularidades acreditadas en el voto de los ciudadanos chiapanecos en el extranjero. Como consecuencia, la Sala Superior ordena al INE destituir a estos cuatro consejeros. Los siete consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas fueron removidos de su cargo por notoria negligencia y descuido en el ejercicio de su cargo.

 

En efecto, todas las y los consejeros electorales que hasta ayer integraban ese órgano electoral local fueron responsables de las conductas por las que se ordenó su remoción. Todos forman parte del Consejo General con voz y voto y forman parte de las diversas comisiones que auxilian al Consejo en sus funciones, menos la presidenta, a cuyo cargo está la administración de los recursos institucionales. En el caso del flagrante incumplimiento de los partidos políticos en los que todos, salvo MORENA, no registraron listas paritarias de candidaturas, el tamaño del incumplimiento avalado por la autoridad electoral local tuvo como resultado que menos del 25% de mujeres integraran las listas de los partidos políticos y, aún así y sin mediar requerimiento alguno de la autoridad para que los partidos acataran el principio de paridad, las y los consejeros electorales por unanimidad registraron las listas irregulares.

 

En relación a la serie de irregularidades que afectaron el voto en el extranjero de los chiapanecos y que dejó a varios electores sin poder ejercer su derecho al voto por la alteración de la lista nominal, todos son responsables de no haber cumplido con su obligación de  vigilar y verificar el adecuado cumplimiento de los acuerdos tomados en este tema y de que, una vez conocidas las anomalías, tampoco tomaron acciones inmediatas y oportunas para reparar las irregularidades detectadas y garantizar el cumplimiento de los acuerdos aprobados para implementar el voto en el extranjero.

 

La reforma político electoral de 2014 otorga al INE la atribución de integrar los Organismos Públicos Locales en todo el país y también, bajo las causales establecidas en la norma, a removerlos. Es el primer instituto electoral local en el que son destituidos sus integrantes, sin embargo, es una determinación necesaria, apegada a derecho y que marca un precedente importante para la actuación de las autoridades electorales locales.

 

La negligente y descuidada actuación de las y los consejeros electorales que integraban esa autoridad electoral local sigue teniendo consecuencias negativas. Por distintos medios de comunicación hemos tenido conocimiento de alcaldesas y regidoras que sufren actos de violencia política para obligarlas a dejar el cargo y de renuncias de mujeres que, para cumplir con el principio de paridad después de la sentencia de la Sala que les daba 48 horas a los partidos para hacerlo, fueron  incorporadas en las listas y después sustituidas para colocar a las esposas, hermanas, amigas y novias por quienes después renunciarían para dejar que ellos ocuparan el cargo.

 

Además, con respecto al voto electrónico desde el extranjero el daño es tal que aunque haya funcionado de manera excepcional y sin ninguna impugnación a sus resultados, como el caso de la Cuidad de México, la descuidada actuación del Consejo General en Chiapas arroja dudas sobre su funcionamiento, cuando son las personas y no la tecnología ni los procedimientos, los que fueron manipulados para alterar las listas de votantes. Un nuevo revés que retrasará que a nivel federal se utilicen las tecnologías de la información y comunicación para eficientar el trabajo, tener los resultados con mayor rapidez y abaratar las elecciones en nuestro país.

 

Las autoridades electorales de todo el país tienen claro cómo actuará la Sala Superior ante hechos similares. Falta ahora que el Senado se haga cargo de la vista del Tribunal Electoral y tome las medidas necesarias para sancionar a dos magistrados del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, en los que la Sala Superior tuvo por acreditada la violencia y acoso laboral hacia la única mujer que ocupa una magistratura en ese Tribunal.

 

@C_Humphrey_J

@OpinionLSR

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