Opinión

Consejeras y Magistradas

Uno de los criterios centrales del acuerdo del Consejo General del INE es garantizar la equidad de género en el personal que integre los OPLES. | Carla Humphrey

  • 02/11/2018
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Esta semana el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento de una de las atribuciones que le confiere la Constitución desde el año de 2014, culminó con el proceso de selección de las personas que ocuparán un espacio en el Consejo General de diversos Organismos Públicos Locales (OPLES).

Desde 2014, es la primera ocasión en que el INE designó a los consejeros y consejeras de los institutos locales, el máximo órgano de dirección de la autoridad electoral nacional aprobó un procedimiento que incluía diversas etapas con la finalidad contar con total certeza de que las personas que concursaran cumplieran con los requisitos determinados en la ley para ocupar estos espacios. El proceso ha ido adecuándose con la finalidad de garantizar la transparencia y la objetividad en la selección de las personas que integren los OPLES, a cuyo cargo está la organización de los procesos electorales de las entidades federativas.

En esta ocasión, el Consejo General del INE designó a 37 mujeres y hombres de las siguientes 13 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Uno de los criterios centrales del acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprobó el procedimiento de designación de las y los consejeros de los OPLES, es garantizar la equidad de género. No se establece como principio la paridad porque la ley determina una integración impar, de siete personas, en los consejos generales de los institutos estatales electorales.

De las trece entidades federativas, en Durango, Tamaulipas y Tlaxcala, la mayoría de sus integrantes serán mujeres y en las 9 restantes, cuatro hombres ocuparán una silla en esos espacios. El porcentaje de mujeres designadas fue de 48.6 por ciento y el de hombres, de 51.3 por ciento. Las y los consejeros de Durango, Baja California, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz tomaron posesión del cargo el 1 de noviembre, mientras que las personas designadas en Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Puebla y Quintana Roo, lo harán el sábado 3 de este mes.

El INE, que cuenta con la atribución de designar a las y los consejeros electorales locales también puede removerlos de su cargo. Hasta este momento, la autoridad electoral nacional ha removido a 11 consejeras y consejeros electorales que han quebrantado la ley e incumplido con sus obligaciones. El INE evalúa de manera permanente la actuación y el trabajo de las personas que integran los consejos electorales de los OPLES.

La autoridad administrativa electoral ha dado muestras claras de su compromiso con la paridad de género. La equidad de género en la designación de las y los consejeros, es solo una muestra de ello. Mientras el INE designa a las y los integrantes de las autoridades administrativas electorales locales, en el Senado se lleva a cabo el proceso para designar a las y los magistrados de diversas entidades federativas.

La LXII y la LXIII legislaturas del Senado de la República hicieron un trabajo deficiente, vergonzoso, opaco y deficiente en la integración de los tribunales electorales estatales. No solo nombraron a personas con antecedentes penales, que no cumplían requisitos, con procedimientos a modo que no garantizaban imparcialidad y objetividad, sino que se jugaban en lo obscurito y de acuerdo a sus intereses políticos la designación de las y los integrantes de esos tribunales, además de eludir su responsabilidad y lavarse las manos respecto a la vista que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación envió al pleno del Senado –y que el pleno nunca conoció– de la sentencia en la que se tuvo por acreditado el acoso laboral contra una magistrada integrante de uno de estos tribunales. Para la anterior integración del Senado, los magistrados electorales son intocables.

En relación con el acceso de mujeres a espacios de decisión pública, de los 49 magistraturas que conforman 13 tribunales electorales locales que ahora renuevan integrantes, el Senado designó a 33 hombres y a 16 mujeres, solo un tribunal, el de Quintana Roo, es presidido por una mujer y en cuatro de ellos no se designó a ninguna mujer, todos los integrantes son hombres. Si sumamos el número de magistraturas de las 18 entidades federativas que no renovarán integrantes, la diferencia entre mujeres y hombres designados en aún más alarmante. Así de evidente era la falta de compromiso del Senado 2012-2018 con la garantía y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en nuestro país.

Esta legislatura que apenas comienza, reaviva la esperanza de contar con que las y los senadores aprueben procedimientos claros, objetivos y transparentes en los que el principio constitucional de paridad se respete en la integración de los tribunales electorales de las entidades federativas.

A un año de #HeForShe

@C_Humphrey_J  | @OpinionLSR | @lasillarota

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