La crisis que arrojó la muerte de 6 jóvenes y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural normal de Ayotzinapa en Guerrero, trae consigo consecuencias de corto y largo alcance e impacto.
En el campo político, mostró la corrupción y la colusión de servidores públicos locales y municipales, así como en el partido político y su dirigencia, que postuló al presidente municipal de Iguala en Guerrero, José Luis Abarca, quien contaba presuntamente con la participación de su esposa.
Los servidores públicos en quienes se presumen una militancia, o por lo menos simpatía con el partido gobernante en la entidad, debieron haber conocido de las ilegales actividades en que figuraba Abarca y su esposa, por tanto, los hace corresponsables.
Además, es muy posible que la colusión de servidores públicos haya hecho posible que la autoridad conferida a ellos, violara el bien jurídico tutelado del derecho a la seguridad, a la vida, a la integridad, a sus derechos humanos, entre algunos más.
Pone en tela de juicio las relaciones de poder político, al interior y entre los partidos políticos, con fines de protección e impunidad.
Justo ahora que se encuentra el tema la elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el momento idóneo para reflexionar sobre el pobre, tibio y decadente papel que ha tenido la administración de Raúl Plascencia al frente de la oficina del ombudsman nacional.
Dentro de todo el análisis que realicen los especialistas de la materia, es prudente incorporar la valoración que pueda tener su desempeño, como un elemento a considerar en su probable corresponsabilidad en el estado de indefensión en materia de derechos humanos en que se encuentra la ciudadanía.
El desempeño en casos como los migrantes, el menor fallecido por la aplicación de la Ley Bala en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla; los civiles muertos por elementos del ejército en Tlatlaya, Estado de México y los muertos y desaparecidos de Ayotzinapa, han colocado a México en el banquillo de los acusados a nivel internacional, cuyo órgano autónomo mexicano de protección de derechos humanos, ha sido inútil y rebasado por los temas.
La crisis no concluyó con la licencia de Ángel Aguirre y el nombramiento de Rogelio Ortega Martínez, como gobernador interino, ya que éste último está denunciado en la Procuraduría General de la República (PGR), como enlace de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en México, cuya organización realia secuestros de larga duración a personajes de la vida política de Colombia, como Ingrid Betancourt, quien duró secuestrada 6 largos años, y cuyo modus operandi es el que probablemente pueda tener retenido a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No sólo esto, sino que la llegada de Ortega Martínez al poder pueda generar un frente de crisis, primeramente ideológico, con otras organizaciones subversivas con asiento en Guerrero, que más adelante escale al terreno de violencia.
En el campo social, la ciudadanía muy seguramente conoció por vox populi la podredumbre en la que se revolcaba su clase política. Es muy probable que por miedo no denunciara ante la autoridad local o federal, pero se comprueba que poco o nada podría haber servido una denuncia ciudadana anónima, cuando era de su conocimiento y aun así, se permitió seguir en el cargo.
La crisis genera protestas que son capitalizadas por grupos anarquistas, quienes encuentran en la impunidad, el motivo para cometer actos vandálicos y destrozos.
En el campo de la seguridad, los sistemas de inteligencia de los cuerpos de seguridad local y federal debieron conocer en tiempo y forma las actividades en las que participaban las autoridades de Iguala en complicidad con la delincuencia, mostrando con esto, un desinterés en la actividad de inteligencia y hasta una desarticulación en las corporaciones y cuyo trabajo informativo, en poco o nada, previno hechos de esta naturaleza.
Para subsanar esta deficiencia y buscar el paradero de los estudiantes desaparecidos, hay toda una división de unos diez mil hombres que buscan por cielo y tierra a los jóvenes.
Pudiera ser que dentro de esta transformación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), haya decidido de inmediato tomar manos a la obra y recomendar al Gobierno de Jalisco la remoción del director de seguridad pública del municipio de Zapopan, Hernán Guízar Maldonado, cuando este personaje nunca debió ser nombrado como tal, ya que de ser reportero de la fuente fue habilitado e investido con mando policial por el Fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, sin que Guizar tuviera conocimiento en técnicas y tácticas policiales y en quien recayó una recomendación en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco dirigida a su exjefe Nájera Gutiérrez, por la muerte de un detenido. Cabría la duda si la remoción es porque el CISEN descubriría la comisión de algún delito, del fuero común o federal.
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