Hablar de los procesos electorales en las trece entidades federativas en las que habrá elecciones el año que entra, implica revisar el marco normativo con el que se llevará a cabo la organización del proceso electoral en cada Estado. Quintana Roo está hoy en el ojo del huracán.
El pasado 10 de noviembre 19 legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza consiguieron la mayoría de votos en el Congreso del Estado para aprobar la iniciativa de Reforma a la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo en la que, al menos, la ciudadanía recibe una fuerte embestida en dos frentes: las candidaturas independientes y el derecho a la igualdad de derechos político electorales de las mujeres.
En el primero de los casos, Quintana Roo se une a una oleada de estados como Tamaulipas, Sinaloa, Puebla y Veracruz que por terror a las candidaturas independientes, han elevado los requisitos para hacer casi nugatorias las posibilidades de que contiendan en el proceso electoral contra el monopolio de los partidos políticos para postular ciudadanos a los cargos de elección popular.
El requisito del porcentaje de apoyo ciudadano aumentó, sin ninguna explicación, del 2% al 3% del padrón electoral por lo que las y los ciudadanos que tengan la osadía de aspirar a una candidatura independiente tendrán poco más de dos semanas para reunir 30 mil firmas y, además, presentar en persona a cada ciudadano y ciudadana que apoye su candidatura ante el órgano electoral local.
Semejante despropósito será decidido por la Suprema Corte en los próximos días cuando resuelva las acciones de inconstitucionalidad contra la legislación electoral del Estado de Puebla que establece este mismo requisito. ¿No es a los partidos a los que les deberíamos exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que deben cubrir para continuar con su registro?
Por otra parte, la mayoría del Congreso del estado de Quintana Roo en una actuación que violenta los derechos político electorales de las mujeres y desatiende todas las obligaciones a las que el Estado mexicano está obligado en diversos tratados internacionales, incumple con la paridad al reformar la ley electoral en ese entidad. Para los legisladores de esa entidad federativa, la paridad constitucional es un principio sin importancia y las mujeres debemos conformarnos con ser únicamente suplentes.
En esa entidad federativa parece que los legisladores vienen de otro planeta y se encuentran al margen de las reformas al artículo 41 de la Constitución Federal, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. Para esos 19 legisladores el principio de paridad incorporado a la Constitución en el año 2014 y las diversas reglas establecidas en la propia Constitución y en las leyes citadas para materializarla, simplemente no existen.
El artículo 159 de la Ley Electoral aprobada esta semana determina que los partidos políticos deben postular cincuenta por ciento de las candidaturas a diputados y de los Ayuntamientos de un mismo género, sin establecer una de las reglas más importantes para que la paridad se cumpla: Que las fórmulas postuladas deberán integrarse por propietario y suplente del mismo género. Con esta omisión los derechos de las mujeres serán vulnerados por dos vías.
La primera, al ser postuladas como suplentes con un hombre como propietario de la fórmula. La segunda, reeditando la vergonzante práctica que dio origen, primero, a la sentencia de la Sala Superior identificada como SUP-RAP-12624/2011 y después, a la reforma a la ley electoral en esta materia, el caso de Las Juanitas. En Quintana Roo se postularán mujeres como cabeza de fórmula para que, una vez en el ejercicio del cargo, las mujeres pidan –forzosa o voluntariamente– licencia a sus cargos para que los espacios públicos sean ocupados por hombres.
Quintana Roo hoy es el ejemplo claro de que los avances alcanzados pueden derrumbarse con una reforma que en lo obscurito se haga cargo de frenar de golpe los espacios ganados. No podemos bajar la guardia ni dejar que, con el pretexto de la libertad configurativa de las legislaturas estatales, se violenten los derechos humanos de las y los ciudadanos en nuestro país.