Era de esperarse. La enorme cantidad de información que hemos recibido sobre las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones en los últimos días ha provocado en buena medida confusión, apatía o desinterés de la ciudadanía.
Las noticias y argumentos parecen dirigidos a especialistas.
En las discusiones, comunicados, conferencias de medios, entrevistas, mesas de trabajo, análisis de especialistas y editoriales destacan las explicaciones complejas, en las que sobresalen conceptos técnicos de difícil comprensión para la mayor parte de la sociedad.
Además, los conflictos han dominado la agenda.
El espacio público mediático se convirtió en un campo de batalla con tantos frentes, que ha dificultado reconocer quién emite una postura imparcial o representa el interés político o económico de los directa e indirectamente involucrados en el tema.
Las recriminaciones y réplicas aparecen a diario.
Y aunque el resultado final no será sorpresivo, ni muy diferente al que concibió el Gobierno de la República en el marco de las negociaciones del Pacto por México el año pasado, habrá consecuencias políticas de peso y daños colaterales para el 2015.
El tema abrió de nuevo la Caja de Pandora.
Los conflictos y divisiones internas en el PAN y PRD provocados por el sentido del voto de sus bancadas en el Congreso, dejaron en segundo plano, entre otros asuntos, los resultados de las elecciones del domingo pasado.
¿Cuántos saben qué ganó cada partido?
Si bien no se trataba de procesos que despertaran un enorme interés periodístico, sí llama la atención los pequeños espacios que obtuvieron estas noticias en relación con la cobertura que se dio a las informaciones sobre las telecomunicaciones.
La importancia del tema lo ameritaba.
Sin embargo, cantidad no se tradujo en calidad. ¿Cuántos entendieron la diferencia que hay entre lo que es preponderancia por sector o por servicio? ¿A quiénes les quedó claro si se restó o fortaleció la autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones?
¿Se respetó o no la esencia de la reforma constitucional?
¿En qué términos quedaron las tarifas de interconexión? ¿Quién podrá cobrarlas, quién no? ¿Cuántas cadenas de televisión habrá, además de las actuales? ¿Serán más de lo mismo o habrá cambios en la calidad de los contenidos y de los servicios? ¿Qué cambios habrá en los medios públicos? ¿Y qué pasará con las radios comunitarias?
¿Cuáles serán los beneficios directos para los usuarios?
¿Cuándo bajarán los precios de dichos servicios? ¿Cuándo y cómo veremos la mayor competencia? ¿Quién ganó y quién perdió más? ¿Carlos Slim o Emilio Azcárraga? ¿Hubo o no conflicto de interés entre los integrantes de la llamada telebancada?
¿Era esta confusión lo que se esperaba?
Las preguntas son muchas y las respuestas concretas sólo las tienen los interesados y especialistas. Un amigo me comentaba que en este momento, "quien no está confundido, no está bien informado". En ocasiones, algunos políticos y empresarios de los medios consideran que un resultado así es lo más conveniente para sus intereses.
¿Lo pensarán o dirán en serio?
La comunicación política no puede ni debe partir de este tipo de premisas, pues van en contra de los principios del derecho a la información, la transparencia y la libertad de expresión. Es natural que siempre alguien salga ganando en el caos. Por eso siempre habrá quien opta por él.
Pero no es lo que necesita un país democrático.
Las encuestas ayudarán a comprender mejor qué sucedió. Con seguridad, instituciones y personajes tendrán la oportunidad de hacer ajustes en sus estrategias. Terminada esta fase, viene la que el Gobierno de la República considera la más relevante: la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética.
Seráel clímax político de los primeros dos años de gobierno.
Luego vendrá el espacio del segundo informe del presidente Enrique Peña Nieto. Lo aprovechará no solo para dar a conocer los resultados obtenidos, sino para la reflexión y el análisis sobre los efectos del nuevo marco legal. Sin duda enfrentará un dilema.
Las reformas serán el mayor logro de su gestión.
Sin embargo, al parecer no son prioritarias para la sociedad. El estudio de opinión de GEA/ISA dado a conocer a finales de junio, refleja que dos de cada tres ciudadanos consideran poco relevantes para sus vidas las reformas energética, educativa, financiera, de transparencia y... de telecomunicaciones.
¿Qué ha fallado, entonces?
Es urgente revisar algunos puntos de las estrategias de comunicación del gobierno y los partidos. La mejor ruta sería conciliando sus legítimos intereses con las problemáticas y expectativas de la gente.
¿Por qué?
Pues porque en julio de 2015 los ciudadanos darán respuesta a la clase política con el poder de su voto. Y podría haber sorpresas por la falta de una interpretación correcta del actual escenario, que resultará determinante para el futuro de nuestro país.
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