Lo de hoy son los conflictos de intereses.
Escoja el que más le cuadre, que tenemos para dar, prestar y rentar, como los inmuebles incómodos del sexenio.
Yo, por mi parte, me refiero al conflicto de intereses que pulula y apesta en el caso de Ayotzinapa, por lo que toca a los peritos argentinos.
Dice el omnipresente vocero, Felipe de la Cruz, que “los compañeros argentinos”, con su “informe”, acreditan que las investigaciones de la PGR sobre Ayotzinapa se caen a pedazos. Razón por la cual teme por la seguridad de sus “compañeros” y responsabiliza desde ahora al gobierno mexicano por su integridad.
Partamos de lo elemental, perito es quien, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.
En el caso que nos ocupa, los peritos argentinos fueron llamados por el gobierno mexicano para coadyuvar con la Procuraduría General de la República en la investigación del caso de Ayotzinapa, obvio, en el área de su especialidad y experiencia. La investigación, no está de más recordarlo, se rige por la legislación mexicana y, por ende, quien en ella coadyuve también.
¿Cuál es el área de especialidad y experiencia de los peritos argentinos? Antropología, criminalística y genética.
¿A quién deben de rendir su peritaje? A la PGR, con quien coadyuvan en la investigación bajo leyes mexicanas.
¿Cuál es el alcance de su peritaje? El atingente a su área de especialidad y experiencia.
Los peritos argentinos acudieron, en y con esa calidad, al llamado de las autoridades mexicanas para cooperar en una investigación. No son peritos nombrados por una de las partes en un juicio, ni peritos terceros designados por un juez en caso de existir contradicción entre los peritajes de éstas. No son, ni podrían ser, por corresponder a las autoridades mexicanas en exclusiva, responsables finales de la investigación, ni sus supervisores y menos sus auditores. Sólo pueden responder al área de su especialidad y con el carácter de peritos, no de autoridad.
En su papel de peritos están obligados por el profesionalismo, la verdad científica de su especialización, la ética y la ley.
En ese tenor, ¿están legitimados los peritos argentinos para valorar, juzgar y desacreditar los trabajos de la Procuraduría General de la República que no son del ámbito de su especialidad ni experiencia? No.
¿Tiene algún valor científico, jurídico y social el informe dado a conocer por los peritos argentinos al margen de un peritaje formal, puntual y acorde a su coadyuvancia? Ninguno.
Esta acción a quién desacredita, ¿a ellos y a su profesionalismo, o la PGR cuyos trabajos recusa sin autoridad para ello?
¿Esa actitud es profesional, legal y éticamente justificable? No lo creo.
¿Constituye un peritaje? No.
Y para colmo, flaco favor les hizo Felipe de la Cruz. ¿Cuál puede ser la consistencia científica y legal de un informe publicitado por afuera y en contra de la investigación a la que debieran coadyuvar?, abordando temas ajenos al ámbito de su pericia y responsabilidad, cuando las cabezas visibles del movimiento embozado tras Ayotzinapa califican a los peritos argentinos como “compañeros” y prácticamente los asumen como parte de su movimiento y los señalan como perseguidos políticos con riesgo de su integridad y vidas.
¿Puede un perito coadyuvar en una investigación cuando alinea su peritaje, que debiera ser imparcial y profesional, con un movimiento social que desconoce autoridades, procesos judiciales y legislación nacional, que llama a impedir las elecciones, que ataca cuarteles militares y que promueve la toma de alcaldías para imponer autoridades de facto?
Los conflictos de intereses, pues, no son exclusivos de la clase política.