La idea: Uno de los problemas graves del país es la corrupción estructural: aquella donde empresas poderosas infiltran en el gobierno a funcionarios que los favorecen, o bien, los compran a cambio de sobornos, empleos posteriores y otros beneficios ilegales. Se requiere desbaratar estas redes de intereses y complicidades entre funcionarios y empresarios como un paso importante para combatir la gran corrupción.
La obligación de presentar declaración patrimonial y de intereses es una de las herramientas para tratar de identificar los posibles conflictos de interés de los servidores públicos, los de sus cónyuges, concubina o concubinario y/o sus dependientes económicos.
La Secretaría de la Función Pública recibe esas declaraciones y cuando el funcionario manifiesta algún posible conflicto de interés, se turna al órgano interno de control (OIC) correspondiente para su investigación.
Los OIC investigan si las empresas u organizaciones en las que el funcionario declara que tiene intereses, tienen alguna relación con la institución como proveedores, entes regulados o receptores de permisos y concesiones.
Se revisa también si el funcionario está en un puesto en donde se pueda materializar el posible conflicto de interés. Por ejemplo, la esposa del funcionario puede trabajar con un proveedor de la institución, pero si el funcionario no tiene ninguna responsabilidad en la contratación o interacción con dicho proveedor, no se concreta el conflicto de interés.
Sin embargo, los funcionarios corruptos es muy probable que no manifiesten en su declaración patrimonial y de intereses que tienen relaciones de negocios a través de las cuales se benefician al favorecer a empresas u otros particulares.
Como lo he expresado antes, las 3 de 3 o declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal no sirven para nada si no se les verifica a fondo.
Otro tipo de investigación
Partir de la mera declaración patrimonial y de intereses para detectar casos de corrupción, rara vez dará resultados. Se requiere otro tipo de investigación. Una que permita establecer verazmente y no partiendo de lo que el servidor público declara, sus redes de vínculos, movimientos bancarios, adquisición de propiedades, participación en sociedades mercantiles y otra información que pueda ayudar a detectar posibles conflictos de interés.
Tampoco sirve de mucho dar a la publicidad las declaraciones patrimoniales y de intereses. Seguramente los funcionarios corruptos no pondrán información fidedigna mientras que los funcionarios honestos que sí den a conocer con verdad su patrimonio, se exponen a ser víctimas de la delincuencia.
Valdría la pena replantearse la utilidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses como herramienta para detectar posibles actos de corrupción, ya que no parecen ser muy eficaces, y complementarlas con otras alternativas.
La llegada de una nueva administración constituye una buena oportunidad para tratar de identificar a aquellos servidores públicos en funciones que tengan conflictos de interés. Es conveniente realizar investigaciones utilizando labores de inteligencia para detectar esas relaciones ilícitas y armar casos que permitan juzgarlos o por lo menos evitar que continúen en la administración pública.
Asimismo, será importante que se identifiquen los conflictos de intereses reales, potenciales y aparentes en las personas que se incorporan a nuevas labores dentro de la administración entrante. Una forma sería aplicando controles de confianza, los cuales incluyen una investigación socioeconómica, especialmente en los niveles más sensibles de la administración pública.
Otra forma podría ser invitando a algún organismo internacional, neutral e independiente, similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo financiado por Naciones Unidas que opera en dicho país investigando y sancionando a muy altos funcionarios, para que investigue a quienes se van incorporando, impidiendo la infiltración de aquellos vinculados a empresarios corruptos.
No se puede permitir que casos como los de la Casa Blanca de las Lomas, en donde un empresario contratista del gobierno construye y financia una residencia a la esposa del presidente, se vuelvan a repetir en esta administración que ha hecho del combate a la corrupción su principal bandera.
La corrupción estructural o capitalismo de compadres le ha causado mucho daño al país. No solo se causa un daño al erario, sino que la impunidad va legitimando con el tiempo las enormes fortunas producto de la corrupción. Basta recordar el caso del Prof. Carlos Hank González quien de ser un humilde profesor rural y sin haber trabajado nunca en la iniciativa privada, hizo una enorme fortuna que hoy disfrutan sus hijos y nietos como empresarios.
Ojalá que el presidente López Obrador logre acabar con la corrupción estructural que tanto ha dañado al país. Por lo pronto, es oportuno investigar a funcionarios de los que se sospeche pudieran estar coludidos con empresarios para realizar actos de corrupción y por otra parte, impedir que ingresen servidores públicos que busquen beneficiarse a través del tráfico de influencias y desvío de recursos.