Opinión

Conclusiones de las elecciones 2019

El reto consiste en lograr fiscalizar los recursos que los partidos, candidatas y candidatos erogan en sus campañas y que no son reportados. | Carla Humphrey

  • 09/08/2019
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Esta semana el Instituto Nacional Electoral presentó ante el Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2019, conformado en el Senado de la República, un informe sobre la elección extraordinaria local organizada por la autoridad nacional electoral y sobre la revisión de los informes de campaña de los partidos políticos y coaliciones.

El INE, además de compartir los resultados del proceso electoral extraordinario de Puebla, en el que la gubernatura fue ganada por la coalición conformada por MORENA, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, compartió que las elecciones en los cinco ayuntamientos en los que se llevaron acabo elecciones extraordinarias, no siguieron la misma tendencia que la votación para la gubernatura. El voto diferenciado en Puebla fue una de las principales conclusiones del proceso electoral en esa entidad, que mandata una conformación plural dentro de los diversos órganos de elección popular que estuvieron en juego en el mes de junio.

Si bien la elección fue organizada de forma eficiente por la autoridad nacional electoral, esta excepción no debe convertirse en la regla y ojalá sea el primero de los muy pocos casos en el que, a solicitud y juicio de la propia autoridad electoral nacional, el contexto político y social y la autoridad local no dan certeza suficiente respecto a la organización de un proceso local imparcial que, en primera instancia, no compete al INE.

El INE, además, dio cuenta en el Senado de otros datos relevantes relacionados con los procesos electorales de 2019, como el resultado del monitoreo en medios de comunicación de las precampañas y campañas a la gubernatura de Puebla, que fue realizado por la UNAM. De este ejercicio se desprende que el candidato ganador obtuvo la mayor cobertura, con el 41.1 por ciento del espacio en los noticieros, seguido por los candidatos que obtuvieron el segundo y tercer lugar en la votación, con el 33.4 y 25.5 por ciento, respectivamente.

En un dato compartido por el INE que da cuenta de la magnitud del trabajo que realiza esta autoridad en la fiscalización de los ingresos y egresos de campaña, se fiscalizaron en todas las elecciones locales 830 candidaturas, que implicaron un total de 23 mil 608 operaciones, en las que se registraron 508 millones de pesos relacionados con ingresos y 503 millones registrados como egresos en las 6 elecciones locales de 2019.

De conformidad con el INE, los partidos más sancionados fueron MORENA, seguidos del PRI y el PAN y, el menos sancionado, fue el Partido del Trabajo.

Estas cifras dan cuenta de las tareas que debe realizar el INE al revisar los informes de gastos e ingresos de partidos y candidaturas, pero también de las limitantes que enfrenta la autoridad fiscalizadora al momento de llevar a cabo estas revisiones. La fiscalización de los gastos e ingresos reportados se realizan tal y como lo señala el marco normativo y las reglas de auditoría comúnmente aceptadas; sin embargo, el reto de fondo consiste en lograr fiscalizar los recursos que los partidos, candidatas y candidatos erogan en sus campañas y que no son reportados por los sujetos obligados.

El financiamiento ilícito, las consecuencias legales de su uso en campañas y la omisión en su reporte, son los temas centrales a los que se enfrenta la autoridad electoral en esta materia y que requiere de reformas legales y reglamentarias para dotar al INE de facultades, procedimientos y herramientas que le permitan sacar a la luz el monto de los gastos y las fuentes del financiamiento que no se reportan en los informes que se presentan a la autoridad electoral y que, por tanto, violentan uno de los principios constitucionales que debe garantizarse en toda competencia electoral: la equidad en las contiendas.