Cada vez con más frecuencia se revelan en algunos medios de comunicación y sobre todo en redes sociales presuntos actos de corrupción o abuso por parte de servidores públicos que causan indignación pero salvo excepciones, pocas veces tienen consecuencias.
Uno de los más recientes es el del ex titular de la Comisión Nacional del Agua quien ante la presión social, tuvo que renunciar a su cargo al descubrirse, a través de una foto tomada por un vecino, que utilizó un helicóptero de esa dependencia para trasladarse con su familia al aeropuerto de la ciudad de México e irse de vacaciones.
A nadie escapa que se trata de una falta en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que debe ser castigada aún y cuando ya no ocupe el cargo y haya cubierto el costo que implicó el uso de la aeronave, pero no deja de sorprender que para algunos ciudadanos se trate de un asunto menor en comparación con otros que se han denunciado y consideren por tanto que su salida fue excesiva.
Lo anterior denota que la utilización de recursos públicos para fines personales no sólo es una práctica consentida dentro de las instituciones gubernamentales, sino que persiste en la propia sociedad -aunque afortunadamente esto ha ido cambiando- una actitud permisiva o tolerante.
Pero no lo veamos como un hecho aislado o “un error de 8 minutos” como nos lo quiso presentar David Korenfeld en una muestra más de la insensibilidad característica de este gobierno, ya que se inserta en un contexto mucho más amplio que debe ser analizado desde esa perspectiva.
Es sabido que muchos políticos hacen uso de los recursos que tienen asignados para el cumplimiento de su función como si fueran propios (vehículos, choferes, comidas, viajes), lo que se explica ya que además de prevalecer una concepción patrimonialista del poder a partir de la cual estos "privilegios" se asumen como inherentes al cargo, en realidad -y a pesar del marco legal que lo prohíbe- el único límite es el de su voluntad.
No hay mucho para donde hacerse pues actúan siguiendo el ejemplo de sus jefes y en esa misma lógica no les queda más que ser complacientes con los excesos de sus subordinados, quienes a su vez no hacen más que seguir el ejemplo de sus jefes y así continúa alimentándose este círculo perverso.
Por ello resulta claro que una vez más la única alternativa para imponer límites a esta visión patrimonialista y que las conductas indebidas tengan consecuencias, es mediante la vigilancia permanente y el control ciudadano como lo acaba de demostrar con gran decisión Ignacio Vizcaíno, el vecino incómodo de Korenfeld.