Para buena parte de la comunidad científica es un hecho que el CONACYT de la administración del presidente López Obrador ha quebrado la continuidad que había operado en administraciones previas: canceló programas en operación sin que mediara para ello ejercicio alguno de evaluación; ha impulsado nuevos programas que no emergen de reuniones de consulta ni de diálogos con las sociedades científicas mexicanas, con sus integrantes o con los propios organismos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) ni de las Instituciones de Educación Superior que existen en nuestro país; ha disminuido recursos destinados a iniciativas que habían operado bien, y permitido que el gobierno federal aplique severos recortes a un presupuesto que ya venía decreciendo desde finales de la administración de Enrique Peña Nieto. Entre otras acciones, también ha reorientado las directrices en la materia, sin realizar consultas amplias e incluyentes, en atención a los propósitos del gobierno en turno y a las preferencias científicas y sesgos ideológicos de la responsable del ramo.
Dicha política se ha puesto en marcha con desapego a la ley vigente y a la normatividad del propio Consejo, lo cual se ha dejado ver en decisiones como la de desconocer el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y su reemplazo por uno a modo, en el despido de miembros de comisiones sin fundamentación alguna, en el desacato de resoluciones judiciales y hasta en el despido de directivos de Centros CONACYT bajo su coordinación, por razones controvertidas y sin mayor preocupación por la institucionalidad.
Por este tipo de proceder, que no es tan diferente al modo de actuar de otros espacios de la Administración Pública Federal (APF), no es de extrañar que la reciente aprobación del denominado “Programa Institucional 2019-2024” por parte de la Junta de Gobierno del CONACYT, según declaraciones de su Directora General, se haya dado enmedio de inconsistencias y destiempos legales. Para tratar de entender esta anomalía conviene precisar: el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) de la nueva administración se debió haber emitido, de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología todavía vigente, hacia enero del año en curso, antes de la aprobación del Programa Institucional del CONACYT y después de haberse publicado el programa sectorial. Del primero, se informó por la prensa que había sido aprobado por el Consejo General de Investigación el pasado 21 de diciembre. Este dato fue confirmado por su Directora durante su comparecencia ante la Comisión de Ciencia del Senado de la República el 9 de julio pasado, aunque debe mencionarse que en su elaboración no se realizó una consulta amplia –como lo establece la ley– ni se ha dado a conocer públicamente hasta el momento, como lo establece la norma. En cuanto al segundo, es el momento que no se conocen avances ni se ha reportado su existencia.
Por lo anterior, no es excesivo considerar el escenario de que el recién aprobado “Programa Institucional” sea el que contenga no sólo las directrices generales de la política en la materia del gobierno en turno, sino también las del propio CONACYT para el resto de la actual administración. Por ello, este Programa amerita una mirada cuidadosa, dejando de lado que no se ha respetado lo establecido en la ley que todavía está vigente, puesto que han habido suficientes evidencias de que éste no es un tema que preocupe, como tampoco ocurre nada si se contraviene la norma. Hasta ahora, las señales enviadas por el gobierno en turno y por algunas áreas del poder judicial parecen mostrar que no les preocupa la institucionalidad ni la observancia de la ley. Pareciera que priva el principio, como dijera el poeta Machado, de hacer camino al andar.
Del Programa en cuestión, lo primero que destaca es su ligereza, por decirlo de alguna manera, en tanto que llama la atención que un texto de esa naturaleza haya sido aprobado por los distintos integrantes del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, entre los que se incluyó al propio titular del Ejecutivo Federal. El Programa destaca por su desorden y uno que otro párrafo ininteligible; por un diagnóstico superficial e infecundo del estado de la ciencia y la tecnología en México; por la ausencia de objetivos ambiciosos y metas concretas; por sus postulados contradictorios; por su extendido uso de lugares comunes; por disponer de una fraseología ideologizada que forzadamente busca estar a tono con los pronunciamientos de la Cuarta Transformación (4T), como se autodefine la administración pública federal en turno; por repetir clichés propios de un discurso político muy limitado; por sus insistentes repeticiones; y por las afecciones científicas y los sesgos ideológicos de la titular del ramo.
Se puede decir también que se trata de un documento en el que prevalece una mirada administrativa, en el que sobresalen las buenas intenciones de conectar y aprovechar mejor la infraestructura en CTI, al igual que la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, más que la búsqueda de un salto cualitativo en correspondencia con lo alcanzado en la materia por México hasta el momento. Tampoco está a tono con lo que el incipiente Sistema Nacional de CTI requiere, ni en sintonía con una ciencia globalizada que ahora menos que nunca se debe visualizar con criterios nacionalistas o bajo la vieja lente en la que el concepto de soberanía no puede ajustarse a un mundo interconectado, además de que el concepto mismo se encuentra en proceso de revisión.
A continuación expondremos los tres puntos que consideramos centrales en un Programa de esta naturaleza: 1) el que se refiere a las características que definen el punto de partida; es decir, el diagnóstico; 2) el que plantea los objetivos y prioridades; y 3) el que hemos denominado Miscelánea de propuestas.
El diagnóstico
Llama la atención el poco conocimiento que sobre el estado de la CTI en México se manifiesta en el documento. Sobresalen las descalificaciones y cuestionamientos a políticas e iniciativas del pasado, sin presentar la información que los sustente ni una argumentación pertinente. Abundan estribillos propios de los seguidores de la 4T y generalidades como la “apuesta por la libertad de investigación” y “la participación ampliada de la comunidad científica” en la definición del rumbo y de las prioridades. Todo ello sin dejar de señalar su compromiso por un diagnóstico riguroso, lo cual sorprende pues lo que se presenta no se ajusta a lo proclamado.
El diagnóstico que se presenta sobre el estado de la CTI en México es simple: el neoliberalismo es la causa de todos los males, de la falta de interés por la ciencia, del descuido de la investigación fundamental, de la dependencia científica respecto a Norteamérica y Europa, lo mismo que de empresas trasnacionales, y del desinterés en el medio ambiente. Esta deliberación acompaña el argumento de que el “paradigma” heredado fomentaba la competencia, el individualismo y la exclusión de actores sociales del “mundo de la ciencia”.
Bajo esta peculiar mirada, en su visión la herencia de la administración del presidente Peña Nieto y de los regímenes previos es prácticamente nula. En su visión, las administraciones anteriores no hicieron nada: descuido de la investigación fundamental, reducción de la inversión en el ramo –presentan que se destinó el 0.39% del PIB al Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE), sin precisar a qué año corresponde esa cifra. Con sólo verificar las estadísticas oficiales, al término del sexenio 2012-2018, el GIDE cerró en 0.47% del PIB, habiendo ascendido al 0.53% en 2014, el porcentaje más elevado que se haya registrado en todo el siglo XX.
Con todo y esta crítica mal fundamentada, en el documento se estima que, durante la presente administración, ese porcentaje bajará todavía más, al 0.29% del PIB para el año en curso.
La percepción negativa sobre todo el pasado los lleva a afirmar repetidamente que los responsables anteriores dejaron al sector en una situación “crítica”, de tal manera que en la actualidad se pueden observar sus “estragos”.
Para no dejar dudas de su cambio de “paradigma”, el Programa Institucional califica de “populista” la aspiración de alcanzar el 1% del PIB de inversión en CTI –que, conviene mencionar, es una recomendación de la UNESCO y de la OCDE, y de otros organismos similares, de décadas atrás–, consideración que explica que la responsable del CONACYT, en su comparecencia ante la mencionada Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, no hubiera tenido empacho en afirmar, con gran seguridad, que su administración pretende demostrar que se puede hacer mucho más aún con disminución de recursos (https://www.youtube.com/watch?v=aDdJ9R1snpQ).
También sobre este tema de los recursos, el Programa advierte que se tienen 58 fideicomisos, en los que existe un remanente de 4,937 mdp, de los cuales sólo el 52% se encuentra etiquetado, por lo que se apresta a señalar que “resulta desatinado mantener los recursos en dichos fideicomisos”, sin mostrar la mínima noción sobre sus orígenes, funciones y relevancia, ni preocuparse por presentar un balance de sus resultados. Estos simplemente se descalifican al mencionar la intención de tomar el remanente e incorporarlo en un solo fondo, sin aludir a la protesta y descontento que la comunidad científica ha manifestado por el impacto negativo que esta decisión tendrá para las actividades de CTI.
Esta visión sobre los fideicomisos pone de manifiesto que se ignora su relevancia, no solamente como una manera eficaz para que los organismos de ciencia se acopien de recursos que financien sus actividades y puedan disponer de fondos transanuales, sino de su importancia para los centros de investigación que requieren de ese tipo de instrumentos para facilitar su vinculación con entidades productivas y con el sector social. Tampoco se menciona que los recursos de los fideicomisos de los Centros CONACYT no corresponden a recursos fiscales sino a recursos autogenerados mediante proyectos y servicios contratados con empresas privadas e instituciones del gobierno y, por lo tanto, no representan un gasto en el presupuesto gubernamental. Por el contrario, los fideicomisos han permitido complementar la operación de los centros ante las reducciones presupuestales que sufren desde hace ya varios años. Además, la cancelación de estos fideicomisos limitará considerablemente la vinculación de los centros con los sectores productivo y gubernamental y, en consecuencia, también con la sociedad, además de ir a contracorriente de lo que el país requiere para mejorar su competitividad. En el mencionado Programa simplemente predomina la descalificación y el desconocimiento de las dificultades que derivan de un marco legal inapropiado, de una excesiva y paralizante normativa y de las dificultades operativas que enfrentan las propias instituciones dedicadas a la I+D en nuestro país.
A los fondos regionales, los FOMIX, lo mismo que a los fondos sectoriales no les fue mejor. Se concluye, sin mostrar un conocimiento a fondo de su operación y bondades, y sin evidencias, que concentraron los recursos en sólo 8 estados, que financiaron a la investigación científica de manera limitada, y que se destinaron los recursos a la construcción de infraestructura (el 58% los FOMIX y el 35% los FORDECYT).
A ello se agrega la crítica que se formula en torno a la persistencia de la inequidad en las capacidades de CTI en las entidades federativas, visión que a todas luces ignora los esfuerzos y resultados en materia de descentralización de la I+D en los últimos treinta años, donde los centros CONACYT han jugado un papel relevante, junto con las acciones de descentralización de la UNAM, el CINVESTAV, el IPN y el fortalecimiento de numerosas universidades públicas estatales. En este mismo sentido, también se desconocen los esfuerzos emprendidos y apoyados por el propio Consejo por mejorar la calidad de los posgrados nacionales, tema en el que varias universidades estatales y los centros CONACYT ya compiten con los que ofrecen instituciones educativas federales. También se pasa por alto la existencia de comisiones o consejos estatales y leyes locales de CTI y la creación de prometedores polos de desarrollo científico y tecnológico en estados como San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Yucatán y Baja California, por mencionar algunos. Tampoco se toma en cuenta la falta de una cultura científica en múltiples regiones del territorio nacional ni el analfabetismo científico que priva en un buen número de estados, punto que ha dificultado una mayor y necesaria participación de otros niveles de gobierno en la promoción y financiamiento de la CTI.
En materia internacional, se atribuye una dependencia y subordinación de la CTI mexicanas a “otros países y corporaciones trasnacionales”, sin mencionar cuáles ni la razón de esa situación. Por si fuera poco, en otro apartado se cuestiona que la cooperación internacional haya quedado subordinada a los países de la Unión Europea y al vecino del norte.
En el rubro de formación de científicos y tecnólogos, la descalificación y el desconocimiento no es menor, pues no se reconoce el incremento sustantivo de becas para estudios de posgrado ni se hacen comentarios sobre el significado y repercusiones de la disminución de becas para estudios en el extranjero, como tampoco se valoran los esfuerzos y el incremento en el número de posgrados de calidad acreditados en distintas regiones, de forma tal que ya no se requiere mudarse a la capital del país para realizar estudios de posgrado en múltiples áreas del conocimiento. Todavía más, al Programa de Becas le endosan obligaciones que no le competen, al responsabilizarlo del alto volumen de rechazados a la educación superior, al tiempo que también lo acusan de no contribuir a la mejora de indicadores de bienestar social. Y para que no queden dudas, esta situación también se la atribuyen a las maldades del neoliberalismo.
Este último punto manifiesta una característica que se advierte en el Programa Institucional y en la visión general del CONACYT actual, incluida también en los considerandos de los PRONACE: la de atribuir al sector científico responsabilidades que no le competen, como la de ocuparse de problemas como los de la pobreza, la desigualdad e inequidad, lo mismo que pedir a los investigadores se sumen al “cambio de modelo social” encabezado por el gobierno en turno, diseñando las convocatorias con ese propósito. De ahí la flamante idea de los investigadores “exploradores”. Desde luego, estas expresiones corroboran la incomprensión de las funciones propias del CONACYT y el desconocimiento de las instituciones y comunidades que integran el sector, a la vez que exhiben el tipo de orientaciones que pretenden impulsar.
Explicado de otra manera, es parecido a lo ocurrido a la todavía recién entronizada Directora del CONACYT quien, al participar en un diálogo celebrado en marzo de 2019 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, desentonó con una comunidad que quería conocer su visión sobre la ciencia y los apoyos contemplados para investigación y posgrado, mientras que ella se limitaba a presentar los horrores del neoliberalismo y lo lacerante de la pobreza en México (https://www.youtube.com/watch?v=Peuknhq59ys).
En el tema de desarrollo tecnológico e innovación, el balance es por demás negativo. Parte de afirmar que la mayor erogación de recursos públicos del ramo fueron a parar a la empresa privada para el fomento de la innovación (el 48%), lo cual derivó en una mejora del país en el ranking de competitividad pero que se perdió en eficiencia, junto con una participación de sólo el 19% del sector privado en la inversión en CTI, a pesar de haber sido beneficiario de los fondos del CONACYT. La descalificación es tal que se afirma que el Estado recurrió a las empresas privadas para suministros de innovación, a la vez que promovió el desmantelamiento de los organismos de I+D e hizo un uso poco eficiente de los fondos para el desarrollo teconológico y la innovación.
Este enfoque, coincidente con la conceptualización de los PRONACE –donde acusan que el neoliberalismo también supeditó la CTI a la empresa–, desdibuja el papel de la iniciativa privada (IP) en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales y el desarrollo nacional. Asimismo, demerita los esfuerzos de las comunidades científicas del país y su capacidad intelectual para discernir sobre las temáticas pertinentes a ser abordadas en materia de CTI.
Se marca con énfasis la inclinación por el Estado, como promotor y beneficiario, y el menosprecio hacia el sector privado, desdén que desconoce la inversión realizada por ese sector en actividades de I+D en toda la historia del CONACYT. De igual manera, ese conocimiento tan pobre y limitado del sector hace que se desconozca la insistencia de organismos internacionales –como la OCDE y la UNESCO, entre otros– para que el país, al igual que otras economías emergentes, fortalezcan las actividades de I+D y mejoren sus indicadores en CTI. También cancela y deja de lado el ya largo debate de si al CONACYT le corresponde el impulso de la innovación o si se requiere que otros actores intervengan, como las secretarías de Economía y de Hacienda, a la par del Legislativo. Por desgracia, la estrecha ventana de observación desde la que se pretende juzgar la política anterior de CTI desconoce discusiones complejas que han merecido el estudio y revisión de numerosos académicos, dentro y fuera del país, en tanto que ameritan reflexiones más profundas. Más grave aún es que también omite los desafíos que en la actualidad presenta este sector.
A estas fragilidades, deslices, falta de resultados o rezagos que dice heredar la nueva administración del CONACYT, el Programa agrega otras insuficiencias o limitaciones como las siguientes: distanciamiento entre la academia y el sector público; desinterés por revisar el impacto social de la CTI; limitada transdisciplina y poco aprovechamiento de recursos informáticos; marco normativo “robusto” y “estricto”, y limitado aprovechamiento del equipamiento científico, así como evaluaciones poco rigurosas del comportamiento de los organismos de CTI. Del SNI se reconoce que ayudó a estabilizar la planta de investigadores, pero le adjudica haber dado pie a la simulación y al predominio de criterios cuantitativos sobre lo cualitativo, además de adolecer de inequidad de género y de presentar desequilibrios entre los estados de la federación, criterios de evaluación poco rigurosos y un reglamento ya desactualizado. En todo caso, si de evidenciar espacios para su mejoría se tratara, llama la atención que no se reconozca el papel del SNI en el predominio del trabajo individual sobre el que se realiza en equipo y de carácter interdisciplinario, además de no alentar proyectos de largo plazo. En otro sentido, tampoco valora el peso que ha tenido en la federalización de las actividades de CTI, de forma tal que menosprecia o desconoce el que la mayor parte de su membresía ya se encuentre fuera de la zona metropolitana de la ciudad de México.
Sobre los Centros Públicos de Investigación (CPI), se afirma que operaron vinculados al sector privado y que tuvieron a la innovación como eje fundamental de sus actividades de CTI, además de presentar una inadecuada categorización del personal sustantivo, desigualdad en las remuneraciones, envejecimiento de su planta académica, infraestructura y equipamiento subutilizado, predominio del trabajo individual y falta de articulación entre las diversas entidades. Conviene mencionar que, sin mostrar estadísticas que sustenten estos juicios, el documento habla fundamentalmente de los centros que coordina el CONACYT, dejando de lado a los otros CPI y sus potencialidades. Asimismo, tampoco hace alusión a los problemas estructurales que frenan un mayor despliegue de ese conglomerado de centros que constituye el segundo sistema en importancia, después de la UNAM, ni a los esfuerzos fallidos por facilitar su integración, modificar su normativa y alcanzar su integración en un gran sistema que bien pudiera incorporar a otros organismos que tienen el mismo modelo.
En cuanto a los Consorcios de Investigación, además de señalar que son 23, solamente se cuestiona que no pusieron énfasis en problemas relevantes de las regiones donde estos se implantaron, sin formular referencia alguna sobre su papel en el fortalecimiento de capacidades ni sobre su vocación para abordar nuevos nichos de oportunidad o para impulsar el trabajo trans y pluridisciplinario, como tampoco se toma en consideración el fomento de la colaboración interinstitucional; de igual manera, se eluden las evidencias que podrían explicar la afirmación de que los consorcios están descontextualizados de los problemas regionales, cuando el modelo que se promovió, en asociación con los poderes locales, centraba su atención precisamente en la agenda de capacidades y oportunidades regionales que se elaboró en la administración del doctor Cabrero. Tampoco se reconoce que este modelo de colaboración científica fue la única salida que encontró la administración pasada para crear nuevas unidades de investigación, ante la negativa de la Secretaría de Hacienda a fundar nuevos CPI.
Como ya se ha mencionado anteriormente, en el documento no faltan las afecciones e intereses científicos de la responsable del CONACYT. Acorde con el discurso actual, atribuye nuevamente al neoliberalismo la responsabilidad de haber descuidado el tema de bioseguridad en tanto que, de los recursos en el rubro, el 76.6% fue asignado a proyectos en biotecnología mientras que a bioseguridad sólo el 23%. Más aún, cuestiona al CIBIOGEM, organismo autónomo y, por tanto, independiente del Consejo Nacional, de haber restado importancia al maíz nativo.
En suma, el diagnóstico que se presenta en el Programa Institucional destaca por su asintonía con el estado de la CTI en México, por el desorden de su estructura y las frecuentes repeticiones, por el abuso de descalificaciones sin sustento y por el desconocimiento de esfuerzos de muchos años, de instituciones y talentos que se han comprometido con el fortalecimiento del sector. Sin duda, llama la atención lo ajeno de su mirada en el ámbito de responsabilidad del ramo, el sesgo ideológico del Programa y el apego a las devociones científicas de la hoy responsable del Consejo.
No obstante, y como característica de un documento que presenta una visión estrecha y a veces hasta contradictoria del estado de la CTI en México, también debemos llamar la atención a los reconocimientos que se incluyen en el Programa a los avances alcanzados en la materia. En primer lugar está el incremento presupuestal alcanzado, encima del 70% respecto al periodo 2007-2012; la ubicación del 79% de los programas del PNPC en las entidades federativas, junto con avances en el tema de la descentralización. En segundo lugar, la posición que ocupa nuestro país en publicaciones científicas de Latinoamérica, justo después de Brasil; el incremento en la membresía del SNI, del orden del 31%. Hasta en materia de innovación se reconoce que el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) logró que México avanzara 7 lugares en inversión y en transferencia de conocimiento al sector privado.
Sin embargo, el sesgo y el desconocimiento del estado que guarda el sector hace que se deje de lado la formación de una comunidad científica más amplia y consolidada, además de haber propiciado la formación de tecnólogos e innovadores, que siguen siendo escasos en nuestro país, y de menospreciar los esfuerzos de descentralización que se iniciaron en los años setentas del siglo pasado, en donde no solamente los Centros CONACYT han jugado un papel importante, sino también otros sistemas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el CINVESTAV, por citar algunos ejemplos.
De manera análoga, no se explica la afirmación de que los regímenes previos, bajo el dominio del neoliberalismo como les gusta afirmar, no se interesaron por la ciencia, pues ello no explica la construcción del Gran Telescopio Milimétrico del INAOE, los parques tecnológicos en varias entidades, el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad y el Laboratorio Nacional de las Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, la creación de centros de investigación como el CIMAV en Chihuahua , el IPICYT y el COLSAN en San Luís Potosí o el Centro Tecnológico Aeronáutico de Querétaro, o incluso el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ubicado en la Ciudad de México. Asimismo, se dejan de lado o ignoran las políticas de organismos internacionales –como el Banco Mundial, el Banco Iberoamericano de Desarrollo y la OCDE– que desde hace décadas insisten en la importancia de mejorar capacidades en CTI; incluso se desconocen las consultas que el gobierno mexicano solicitó para afinar las políticas y los programas en la materia. Estos impulsos han sido de tal nivel que, por citar un ejemplo, hace unos años el BID planteaba que había que impulsar decididamente el fortalecimiento de actividades de I+D en los países de la región, aún a costa del sector científico, pero que más adelante se le retomaría e impulsaría (La ciencia y la tecnología para el desarrollo: Una estrategia del BID, abril 2000, http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1441468, 1 octubre 2011).
El problema de presentar diagnósticos sin sustento, además de las características que ya se han mencionado, es que no constituyen una buena plataforma para avistar el futuro y diseñar las políticas y las acciones que podrían llevarnos a escenarios más promisorios.
Objetivos y prioridades
Es difícil visualizar dónde se ubican los objetivos y metas del CONACYT bajo la denominada 4T, pues el Programa Institucional que nos ocupa transita entre metas, objetivos, prioridades, preocupaciones, ocurrencias y lugares comunes. Empero, para intentar entenderlo, lo diseccionaremos en tres puntos, de los cuales dos son referenciales, para no desentonar con el sector, y el tercero es en el que podría ubicarse el verdadero objetivo que se persigue.
a. El primer punto son los “objetivos” que se resumen en algo tan vago como lanzar un nuevo “paradigma” consistente en “construir una auténtica ciencia por México” dirigida a la solución de “los grandes problemas nacionales”, entendidos como la búsqueda del bienestar social, el cuidado del medio ambiente, la conservación de la riqueza biocultural y la protección de los bienes comunes. En este “nuevo paradigma”, como ya se ha dicho, se le asignan a la I+D responsabilidades que no le competen, al adjudicarle la encomienda de “remover los obstáculos que impiden establecer un nuevo modelo de cooperación entre los componentes de la sociedad, que esté debidamente enfocado en el bien común y la justicia socio-ambiental”, para lo cual define a los siguientes actores sociales como los responsables de su ejecución: “la academia, las organizaciones proletarias y populares, los ejidos y las comunidades indígenas, etc.”
Sobre estas bases se definen seis objetivos, igual de genéricos, pero dirigidos todos a la solución de lo que denominan problemas nacionales: fortalecer la comunidad de CTI, construir un ecosistema de innovación que articule a los diferentes sectores de la CTI, fomentar más incidencia de las humanidades y de la CTI, robustecer la ciencia de frontera, articular capacidades regionales y, por último, estimular la relación entre academia y sector público para la formulación de políticas públicas con base científica. Observemos que en los objetivos lo que se enfatiza son los llamados “problemas nacionales”.
b. El segundo punto está conformado por lo que en el documento se define como “prioridades nacionales” que, a su vez, también se plasman en seis objetivos: formación y consolidación de la comunidad científica; desarrollo tecnológico e innovación; programas nacionales estratégicos; ciencia de frontera; fortalecimiento de las capacidades científicas regionales, e información, ciencia y prospectiva con impacto social.
c. El tercer punto pareciera ser la parte nodal de lo que en realidad se propone hacer el CONACYT de la 4T y está articulado al primero. Aunque no figura como propósito central, tal y como se formula efectivamente lo es y se condensa en el objetivo de contribuir a “un verdadero cambio de regimen”, propósito para el cual fue diseñado el programa estrella de la administración en turno: los PRONACE. Este Programa está concebido para abordar los problemas nacionales, articular la colaboración de la academia con el sector público y el privado –aunque muy minimizado– y transformar la triple hélice en pentahélice, al agregar el sector social y el medio ambiente. Como se menciona en el Programa Institucional, los Pronace apuntan “hacia el desarrollo de procesos de acción social, científica y pública que permitan construir nuevos lazos entre la humanidad y la naturaleza, así como el fortalecimiento de alianzas virtuosas entre las comunidades y el Estado”.
Para entender cuál es la verdadera apuesta de los Pronace, y su centralidad en la propuesta en conjunto, conviene recordar lo que se plantea en el documento de justificación de este programa (http://conacyt.gob.mx/index.php/que-son-los-pronaces). Ahí se reitera y subraya que el objetivo consiste en “investigar y transformar las causas de los obstáculos que agudizan o impiden la solución de los problemas”, para concluir con una propuesta discutible en la que se afirma que “las metas serán revertir las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales agraviantes de los últimos treinta años, y restaurar o construir, en todos estos ámbitos, condiciones más promisorias para las mayorías de nuestro país”. Por lo mismo, los considerandos no dejan de advertir que los investigadores, designados para este propósito como “exploradores”, “enfrentarán muchos obstáculos, algunos cuya resolución conlleva elevados niveles de incertidumbre y complejidad. Entre sus tareas estará detectar y caracterizar esos obstáculos que distorsionan, desvían o detienen los procesos que permiten atender y resolver, desde comunidades humanas bien organizadas, los problemas de escala e impacto nacional con efectividad, justicia y responsabilidad” (https://lasillarota.com/opinion/columnas/los-pronace-conacyt-una-ciencia-militante/403475).
Si bien no es del todo claro, a este programa se le asocia otro al que denominan Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (PRONAI), entendidos como “pilotajes regionales que permiten tener en consideración la diversidad nacional, evaluar los resultados de la investigación y de las acciones propuestas, y reorientar, donde sea necesario, las estrategias y metas”. Estos proyectos a su vez serán evaluados, aunque no se precise cuál es su relación con los Pronace y menos se explique cómo o por qué serían evaluados, desde el momento en que se les denomina instancias de pilotaje, de evaluación y de formulación de propuestas de incidencia regional.
En todo caso, pareciera que éste es el núcleo duro de lo que se propone hacer el CONACYT de la 4T, para lo cual desde noviembre pasado se presentaron las primeras convocatorias en los temas de Sistemas Socioecológicos y Sustentabilidad; Conocimiento y Gestión en Cuencas del Ciclo Socio-natural del Agua, para el Bien Común y la Justicia Ambiental; y Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes; poco después se agregó otra más para el fomento de la lectoescritura (https://elceo.com/politica/pronaces-la-apuesta-de-conacyt-para-resolver-los-problemas-en-mexico/). Por su parte, en el Programa Institucional se menciona que los temas de los Pronace van del medio ambiente hasta la memoria histórica, pasando por una variedad atomizada e inconexa de tópicos como los de transición energética, salud, urbanismo, educación, soberanía alimentaria, riesgos, desastres, violencia y movilidad urbana. Es tal la apuesta de los Pronace que no resulta arriesgado formular la hipótesis de que la intención de extinguir los fideicomisos y concentrarlos en uno solo, manejado por el CONACYT, persigue el interés de allegarse de los recursos necesarios para el lanzamiento de estos programas. No obstante, hasta el momento no se conocen los montos de los que puede disponer cada proyecto, aunque se estima que estarán muy por debajo de lo destinado en los FOMIX y en los FORDECYT de la época del neoliberalismo.
Tampoco se sabe si el CONACYT emitirá nuevas propuestas o si en algunas de ellas considerará investigación en disciplinas que no pueden ser incluidas en los campos anteriores, tales como la física, las matemáticas, la ciencia de los materiales, la astronomía, entre otras, que aglutinan a una proporción importante de los investigadores de este país, muchos de quienes cuentan con gran prestigio internacional. Disciplinas en las que difícilmente los investigadores/“exploradores” podrán “investigar y transformar las causas de los obstáculos que agudizan o impiden la solución de los problemas”.
Finalmente, no deja de inquietar la manera en la que el CONACYT concibe relacionar estas generalidades con los nuevos actores que ahora, según manifiestan, participarán en actividades de I+D. Pareciera inconcebible que en un sexenio, en el que se ha enarbolado la bandera de defensa y protección de los pueblos originarios, se afirme que se integrarán las organizaciones proletarias y populares, los ejidos y las comunidades indígenas en el estudio y solución a problemas nacionales como los de la transición energética, el urbanismo, el medio ambiente, la bioseguridad, la ciencia de la frontera o la migración, por mencionar algunos de los que les inquietan, como lo enuncia este Programa Institucional. Sin embargo, como ocurre a lo largo de todo el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, entre muchas otras ausencias, aunque ésta no sea menor, nunca se dice cómo se alcanzará la variedad de propuestas enunciadas. Como solía pedirse o exigirse a esta clase de documentos, no solamente hace falta el qué sino el cómo.
Miscelánea de propuestas
Una vez definido el objetivo central de un documento que debería tener elementos programáticos, se incluye una serie de propuestas desarticuladas, sin mayor jerarquía, tono ni concierto. Por su relevancia y el peso que le dan a lo largo del texto, sobresale la creación de lo que llaman Ecosistema Nacional Informático, al cual le dan el cometido de ayudar en la planificación de las prioridades de investigación, apoyar a la investigación de frontera y el estudio de sistemas complejos, impulsar la ciencia de datos y la inteligencia artificial. En última instancia, lo que aparentemente se persigue es articular las capacidades instaladas.
Le sigue el propósito de lograr que el CONACYT se convierta en el eje rector de las actividades de humanidades y de CTI, como si las Humanidades nunca hubieran estado consideradas en los programas del Consejo. También pretende una reforma al SNI, con el interés de que se privilegie el beneficio social y ambiental, pero sin que tales objetivos tengan relación con el diagnóstico presentado. En materia internacional, llama la atención el redireccionamiento de la cooperación hacia los países de Latinoamérica, el Caribe, algunos países de Asia que no se especifican y de la Europa del este, aunque tampoco detallan cuáles, donde estiman que hay “buena ciencia”. En esta circunstancia y sin justificar esta decisión, se plantea relajar la cooperación con América del Norte y los países de la Unión Europea.
Mientras en las administraciones previas se buscó impulsar la CTI mexicana en colaboración con los países que durante décadas han mostrado liderazgo, y establecer vínculos con América Latina y el Caribe para cooperar y contribuir a su mejoramiento, parece que ahora se apuesta a los saberes tradicionales y se desdeña el conocimiento de frontera. Por lo demás, esto explicaría la ausencia de menciones a las llamadas ciencias duras, como la física y las matemáticas.
A continuación, con múltiples repeticiones y sin formular metas ni acciones concretas, el Programa se pronuncia por objetivos genéricos, algunos de ellos de tipo aspiracional y otros de tipo operativo, como la igualdad, los derechos humanos, la ética, la equidad de género, la transparencia, la formación de servidores públicos, “el cuidado en las compras de boletos de avión” (sic), la evaluación y fiscalización de los organismos de ciencia, la transparencia y la rendición de cuentas, la libertad de investigación, la creación de empresas de base tecnológica y hasta por la reconfiguración de los centros CONACYT, sin establecer medidas que potencien sus capacidades, amplíen sus dominios o se les dote de la autonomía necesaria para que el Consejo deje de ser juez y parte, en asociación con los otros CPI que no forman parte de ese sistema de centros.
La enunciación de esta miscelánea se acompaña de repetidas frases que no encuentran ubicación en un documento programático en materia de CTI, como aquélla de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”, o la que gusta repetir el encargado del Ejecutivo Federal en el sentido de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, o el estribillo de que “Democracia significa el poder del pueblo”, por citar algunas de las que más se usan en el Programa
A manera de conclusiones
De la lectura y análisis del Programa de Desarrollo Institucional del CONACYT, se pueden extraer algunas conclusiones generales:
a. El diagnóstico no muestra un conocimiento detallado del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación en México, además de estar cargado de comentarios superficiales y descalificaciones;
b. El documento desconoce los esfuerzos previos; sin evaluaciones, suspende planes y programas que se encontraban vigentes; pide a la ciencia resolver problemas que no le competen –como resolver la pobreza o la desigualdad– y se aleja de recomendaciones de organismos internacionales que desde hace décadas sugieren el fortalecimiento de las capacidades en CTI lo mismo que su internacionalización;
c. Si bien en el Programa se insiste en mencionar la ciencia de frontera, no se enuncian propuestas ni compromisos concretos, como tampoco se menciona de qué manera ésta será financiada puesto que el grueso de los recursos, de por sí disminuidos –y todavía serán menores, como advierte el propio documento–, se enfocarán a los PRONACES;
d. La visión que se tiene de la CTI no necesariamente corresponde a lo que se espera de un documento programático de tal naturaleza.
e. De no llevar a cabo las correcciones y ajustes que amerita un Programa de la trascendencia que tiene el de CTI, se puede anticipar un serio retroceso en la actividad científica y un mayor rezago en la articulación de la academia con el sector productivo. El llamado a hacerlo es urgente no sólo porque tendría el propósito de mejorar la productividad y competitividad del país en momentos en los que la economía nacional se encuentra en declive, sino porque también podría incorporar la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, que garantizan condiciones que cualquier sociedad moderna merece y reclama.
f. Finalmente, el hermetismo de la responsable del CONACYT no es la mejor cultura institucional para conducirse en la administración pública y menos para impulsar y gobernar el Sistema Nacional de CTI. Tal y como se mostró en su última comparecencia ante la Comisión respectiva de la Cámara de Senadores, es una funcionaria pública que, a pesar de ser científica, no escucha; no hay comentario o señalamiento que la invite a la reflexión o a la revisión de lo definido y presentado. Ello explica que tenga prácticamente roto el diálogo con el grueso de la comunidad científica y explica la desarticulación de los organismos de contrapeso.
La política y la conducción de la CTI es colegiada, es de razones, es de diálogo, es de visión, es de contrapesos y, desde luego, de múltiples actores.
*Rafael Loyola Díaz
Investigador IISUNAM, ex-director general del CIESAS y fundador de un Centro Socioecosistémico.
*Judith Zubieta García
PUEES UNAM, ex-directora de posgrado y becas en CONACYT/ ex-directora general de Educación Abierta y a Distancia, UNAM.