Cuando se habla de violencia, inseguridad e incidencia delictiva en México, las referencias más obvias nos remiten al homicidio. Con mayor razón en este 2017, en el que la violencia letal ha alcanzado la del peor momento de la historia de nuestro país.
Sin embargo, si analizamos con detalle los datos oficiales de carpetas de investigación, reportados por Procuradurías y Fiscalías estatales al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos observar que, comparando el primer semestre de 2017 contra el mismo periodo de 2016, el secuestro aumentó 7.92%; la extorsión 25.82%; el robo con violencia 32.40%; el robo de vehículo 9.34%; el robo a casa habitación 2.95%; el robo a negoció 40.06%; el robo a transeúnte 30.54% y las violaciones 1.18 por ciento.
El aumento en delitos patrimoniales no es un tema menor, si se considera lo que significa para una persona enfrentar el costo de la reposición de bienes robados o los costos no económicos al enfrentar la inversión de tiempo relativa a la denuncia, y reponerse de posibles consecuencias del delito como lesiones dolosas, aumento de la sensación de inseguridad o revictimización por parte de las autoridades.
Por ejemplo, en lo que refiere al aumento en materia de robo a negocio, en este 2017 las entidades con la incidencia más alta por cada 100 mil habitantes en este delito son: Tabasco, Baja California, Ciudad de México, Querétaro y Colima, ocupando respectivamente de la primera a la quinta posición. También observamos que el delito ha crecido 4,733.90% en Baja California Sur, 173.96% en Veracruz; 137.67% en Puebla; 116.78% en el Estado de México y 114.82% en San Luis Potosí.
Un análisis más detallado sobre las circunstancias que enfrentan esos empresarios, que hacen parte de más del 40% de los robos a negocios a nivel nacional, nos muestra que:
• El pequeño inversionista difícilmente puede enfrentar el embate de la delincuencia. El primer instrumento que tiene a disposición es la adquisición de un seguro por robo de mercancía (e incluso un seguro de vida). No obstante, dicha cobertura de seguros suele implicar costos relevantes para la operación de una actividad comercial. Por otro lado, la ausencia de seguros implica un riesgo altísimo en términos de daño potencial.
• Los comerciantes no enfrentan únicamente robos, enfrentan "las consecuencias de ser exitosos", es decir, el riesgo de sufrir un secuestro o extorsión en la actividad comercial. En los casos en donde llega a haber una amenaza de extorsión presencial (conocida comúnmente como cobro de derecho de piso), ¿cómo se puede defender un empresario que no cuente con todo un aparato de seguridad? ¿Qué puede hacer (más allá de pagar) si alguien llega a su lugar de trabajo, se declara integrante de un cártel, presume protección de las autoridades y amenaza su actividad, su vida y la de sus seres queridos?
Poco importa en estos casos que quien amenace sea una banda que copia el modus operandi y que en realidad no pertenece a algún grupo de delincuencia organizada. El panorama nacional ha mostrado evidencias de ese ejercicio de la violencia y de esa red de corrupción que pone en riesgo la vida de las personas y permite la creciente incidencia de la extorsión.
• Denunciar a una autoridad suele ser labor compleja, desde los procesos lentos, la revictimización a través del maltrato, burlas, intentos de disuasión de la denuncia, amenazas por parte de autoridades de procuración de justicia, hasta la legítima duda de que al denunciar nos estamos exponiendo y estamos alertando a cómplices de los delincuentes. La denuncia suele ser poco efectiva, los procesos frustrantes y esto debilita la confianza en las instituciones, por lo que, quien no estaba asegurado, difícilmente prosigue con todo el proceso de denuncia, e incluso hay quien prefiere no cobrar su seguro o pagar la extorsión, antes que arriesgarse a denunciar a una autoridad posiblemente corrupta.
• El robo a comercio no se limita al dinero, también tiene como fin apoderarse de productos que posteriormente serán vendidos a través de los mercados criminales. Precisamente éste es otro aspecto que un empresario formalmente establecido debe enfrentar: competir en el mercado con quien, desde la informalidad enfrenta costos de operación menores (y por lo tanto puede vender más barato) y que vende productos de dudosa precedencia, viviendo al amparo de criminales y autoridades.
México requiere de negocios prósperos, de gente que pueda progresar dentro del marco de la ley, de actividades que generen empleo, que ayuden al beneficio de toda la comunidad a través del pago de impuestos, que permitan aumentar el bienestar de las personas.
Pese a que el discurso oficial habla de progreso y de mover a México, la realidad es que, por si fuera poco el embate de la delincuencia, un empresario debe enfrentar la más grave de todas las extorsiones: la que proviene de los representantes del Estado.
Bajo este contexto surge la duda, así ¿cómo invertir en México? ¿Cómo pensar en abrir un negocio en una entidad donde existe una alta probabilidad de sufrir un delito? como son los casos de Tabasco, Baja California, Ciudad de México, Querétaro, Colima, Baja California Sur, Veracruz, Puebla, Estado de México o San Luis Potosí.
Ahora, a pesar de este contexto, es importante reconocer que, según datos oficiales del gobierno federal, vemos un crecimiento del número de empleos formales, de la economía del país y de la confianza de calificadoras internacionales en la posibilidad que México tiene de pagar su deuda pública.
Si bien es sumamente relevante que el empleo formal haya aumentado y que la confianza en los indicadores macroeconómicos del país genere mayor inversión extranjera, es importante recordar que:
1. El aumento del número de empleos no implica necesariamente que estos sean bien remunerados y que por lo tanto permitan sostener a una familia.
2. Una parte muy importante de las ganancias generadas por la inversión extranjera regresará a los países de origen, aumentando el bienestar de ese país y dejando en el nuestro sólo una mínima parte.
3. Una gran empresa trasnacional puede fácilmente afrontar las condiciones de inseguridad del lugar donde invierta gracias a que cuenta con el capital necesario para enfrentar los costos que esa incidencia delictiva implique. Esa inversión puede llegar a jugar en contra de la comunidad ya que distorsiona la necesidad y el sentido de urgencia que un gobernante tiene de mejorar las condiciones de seguridad de su localidad.
4. Debemos pensar en cuánto más grande podría ser esa inversión extranjera y la nacional si en nuestro país el Estado pudiese garantizar el respeto de todos los derechos de las personas y las empresas.
5. Apostarle al crecimiento del país gracias a la inversión extranjera no necesariamente implica una mejora de vida para los mexicanos, debido a que la inversión extranjera no siempre favorece el crecimiento de los pequeños empresarios nacionales.
En resumen, si buscamos más personas dispuestas a apostarle a México, a su gente, a su innovación, a su creatividad y calidad de trabajo, requerimos un marco donde el Estado de Derecho sea sólido y garantice una mejor calidad de vida, donde la incidencia delictiva se encuentre contenida, donde ciertas formas de violencia sean erradicadas y donde la posibilidad de prosperar sea universal.
Necesitamos generar las condiciones para que exista "el sueño mexicano", para que nuestra gente no deba abandonar a su familia, sus bienes, sus comunidades, sus tradiciones y arraigo, desplazada por el hambre y la inseguridad.
Necesitamos generar un círculo virtuoso donde invertir en México sea una garantía para el empresario. Urge que las autoridades dejen a un lado las excusas, cumplan con su trabajo, combatan a fondo la corrupción y hagan de nuestro país, uno donde derechos y normas sean garantizadas y se apliquen universalmente.