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¿Con qué cara nos dicen que estamos bien?

Morelos se posiciona como la segunda entidad en robo con violencia, la tercera en extorsión y la cuarta en homicidio doloso y secuestro.

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Escrito en OPINIÓN el

El 2016 comenzó con un clamoroso acto de violencia, la ejecución de la recién electa edil de Temixco, Morelos, Gisela Mota. Evidentemente este triste inicio de año muestra y nos recuerda que no basta con cambiar una simple hoja de calendario, ni un listado de buenos deseos para que nuestra realidad cambie, se requieren acciones de fondo que poco a poco construyan los resultados esperados.

 

Ante este escenario debemos preguntarnos: ¿Qué realidad queremos cambiar? ¿A cuál realidad nos queremos referir en materia de seguridad, justicia y derechos humanos? Como se ha podido percibir, desde finales de 2012, existen visiones opuestas sobre la crisis que realmente existe en nuestro país: La de nuestras autoridades y la del resto de la población. Desafortunadamente, esto resulta más que evidente cuando comparamos los discursos oficiales con la cotidianidad ciudadana, o bien, si contrastamos las estadísticas oficiales reportadas por las instituciones de procuración de justicia con ciertos indicadores de victimización.

 

Para ejemplificar cómo existen dos visiones opuestas sobre la crisis de seguridad, utilicemos el caso de Morelos. La estadística oficial reportada por la Fiscalía General al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dice que, en los primeros 11 meses de 2015, se reportaron oficialmente 445 homicidios dolosos, 167 extorsiones, 28 secuestros y 6157 robos con violencia. Si comparamos dichos índices con aquellos registrados durante el mismo periodo de 2014 se observa un descenso de 51% de extorsiones, 75% de secuestros y 12% de robos con violencia; mientras que los homicidios dolosos subieron 11 por ciento.

 

Visto de otra manera, si analizamos la incidencia delictiva a partir de las tasas por cada 100 mil habitantes, podemos apreciar que Morelos se posiciona como la segunda entidad en robo con violencia, la tercera en extorsión y la cuarta, tanto en homicidio doloso, como en secuestro.

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), dio a conocer que la cifra negra en Morelos fue de 92.8% durante 2014, la segunda más alta reportada desde 2010, después de la registrada en 2013 que fue de 93.8 por ciento. Asimismo, desde que se realiza dicha encuesta, se puede considerar que 2014 ha sido el año en el cual se han reportado más delitos en Morelos pues presentó una tasa de 43584 por cada 100 mil habitantes; dicha cifra supera la tasa registrada durante 2013, que fue de 36524 por 100 mil habitantes.

 

Aunado a ello, hay que destacar que el total de delitos en la entidad ha crecido constantemente desde 2011 y que 2014 fue el año con mayor número de víctimas, según datos arrojados por la ENVIPE (29647).

 

Estos índices de victimización contrastan notoriamente con las afirmaciones que suele realizar el gobernador de dicha entidad. Dicen que para muestra basta un botón, así que con tal motivo, considero pertinente recordar lo sucedido en la pasada 39ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). En su participación el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, comenzó por reconocer los logros obtenidos por su administración insistiendo en bajas y mejoras en todos los delitos. Si efectivamente la situación estatal de seguridad ha mejorado como lo afirma: ¿Cómo pudo ser asesinada Gisela Mota a plena luz del día? ¿Por qué continúan siendo hallados y negados restos humanos en fosas clandestinas? ¿Por qué continúan perpetrándose impunemente secuestros y desapariciones de personas?

 

Lamentablemente, las declaraciones autocomplacientes de Graco Ramírez no fueron diferentes a las del propio Presidente de la República, del Secretario de Gobernación y de los gobernadores de entidades con altos índices delictivos y de violencia como el Estado de México y Sinaloa. ¿Con qué cara nuestras autoridades pueden mirarnos directamente a la ojos y declarar sistemáticamente que "estamos bien”? ¿Qué explicación pueden darle a los familiares de Gisela Mota u otras víctimas que hoy lloran sus pérdidas? ¿Cómo pueden pensar nuestras autoridades en resolver la delincuencia y la violencia si no reconocen que existen?

 

Una y otra vez desde el Observatorio Nacional Ciudadano hemos insistido en que no se puede resolver lo que no se conoce o reconoce; si un paciente desconoce su diagnóstico puede confundir sus síntomas y tomar aspirina para intentar curar una pulmonía crónica o aún peor, negar la existencia misma de su enfermedad.

 

De igual manera, minimizar los problemas de entidades como el Distrito Federal, Colima, Estado de México, Jalisco, Morelos, Veracruz, Tabasco o Sinaloa fomenta el crecimiento de la delincuencia, revictimiza a las víctimas y debilita la credibilidad tanto en las instituciones como en el propio Estado de derecho.

 

Es indispensable un reconocimiento de que, por lo menos en la mitad del país, vivimos una crisis de seguridad humana; que nuestras autoridades han sido omisas para aplicar cabalmente la ley; que los intereses particulares han pasado por encima del bien común y, sobre todo, que se ha eludido el combate sistemático y frontal a la corrupción, sin compromisos, ni protegidos.

 

Es momento de que las víctimas puedan tener pleno acceso a la justicia y a la reparación del daño; de que exijamos eficiencia en la prevención del delito; de que se fomente legalidad y se erradique la corrupción. Es momento de que construyamos un país seguro, en el cual no sea normal la comisión de robos, secuestros u homicidios; un México en el cual la impunidad crónica deje de ser la regla.

 

 

@frarivasCoL

@ObsNalCiudadano