El asesinato del diputado federal priísta, Gabriel Gómez Michel, demuestra que Enrique Peña Nieto no ha podido frenar la violencia generada por los grupos delincuenciales.
El sexenio pasado nos dimos cuenta que la exacerbación de la violencia desde el Estado no da buenos resultados. Felipe Calderón y su guerra contra el narco se convirtieron en un lamentable ejemplo de ineficacia que cubrió de sangre prácticamente todo el territorio nacional.
Ahora, a diferencia del gobierno del PAN, la administración de Peña Nieto ha optado por dar un bajo perfil mediático a las acciones policíacas y militares en los medios de comunicación. Sin embargo, la violencia parece imparable.
Esto se debe a que cualquier estrategia policiaco-militar va a fracasar si no va acompañada de un cambio de modelo económico. No es casual que desde que se adoptó al neoliberalismo como dogma la violencia de los grupos delincuenciales haya incrementado.
Prácticamente todas las áreas abandonadas por el gobierno han sido aprovechadas por la delincuencia. Si el gobierno deja a su suerte al campo llega el narco y se apodera de él. Si la falta de empleo hace que miles de mexicanos busquen el sustento fuera de las fronteras se crean redes delincuenciales de tráfico de personas. Si el gobierno abandona a niños y jóvenes, llega el narco y les ofrece salarios a los que no podrían acceder en un trabajo lícito a cambio de matar o dejarse matar.
Ejemplos sobran en México y otros lugares del mundo: los ámbitos que abandona el Estado son tomados por las organizaciones de delincuentes que ya se organizan con un esquema empresarial global.
Mientras, los neoliberales mexicanos tan dados a tomar como ejemplo al extranjero se niegan a ver estas realidades que se dan incluso en países más desarrollados y aprueban una reforma laboral que anula todos los derechos y que dejará en el desamparo a millones de personas al término de su vida laboral.
La reforma energética hará que este escenario sea aún más crudo ya que al desamparo laboral y a los salarios miserables se sumará un Estado inoperante para dar seguridad y crear bienestar pero riguroso en el cobro de impuestos y servicios.
Quienes han gobernado al país en las últimas tres décadas han creado las condiciones para que la violencia se apodere del país a punta de reformas estructurales. El sufrimiento de la gente pareciera ser un daño colateral de la implantación a fuerza de un modelo económico que no sirve ni servirá.