En los últimos días hemos escuchado noticias lamentables relacionadas con agresiones directas de grupos armados contra candidatos y candidatas a cargos de elección popular en el proceso electoral en que nos encontramos inmersos, lo que me lleva a realizar algunas reflexiones en torno a este fenómeno.
En primer lugar, creo que debemos establecer que, si se han generado casi 90 casos en de agresiones directas y en su mayoría armadas en contra de políticos, candidatas y candidatos dentro de este proceso electoral en diversas partes del país, lo cierto es que, si es que hubo una estrategia de seguridad para las campañas, no ha funcionado. Recuerdo que antes de que iniciaran formalmente los actos de campaña y ante la inseguridad que se vive en el país, se anunciaron diversas reuniones de titulares de las diversas dependencias relacionadas con los temas de seguridad en los distintos niveles de gobierno, al parecer para diseñar estrategias que generaran condiciones de seguridad para que las campañas pudieran llevarse a cabo de forma adecuada y sin contratiempos, lo cual evidentemente no ha ocurrido y ya lamentamos la muerte de 34 candidatos en todo el territorio nacional, lo cual me perece una cifra alarmante, extraordinariamente alta.
Además de ello, creo que es sumamente necesario analizar las declaraciones que el pasado miércoles hiciera el Ciudadano Presidente de la República en su acostumbrada conferencia matinal, a propósito de los acontecimientos ocurridos en Moroleón, Guanajuato, en donde una candidata a alcaldesa de ese municipio fue agredida a balazos por un numeroso grupo de personas y privada de la vida en el lugar en el momento en que se llevaba a cabo un acto de campaña con una cantidad importante de personas participando en él, sin que hubiera en la periferia ninguna autoridad policial resguardando o monitoreando dicho evento, siendo el caso que, con absoluta libertad de actuación los agresores se dirigieron a la candidata, le dispararon en forma directa, lesionaron a otras 3 o 4 personas, entre ellas 2 menores de edad y se retiraron del lugar.
El Presidente afirmó en su conferencia matutina, que los actos habían sido perpetrados por gente que quiere generar desestabilidad y que sin duda es delincuencia organizada, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, después de decir eso, mencionó que estaba trabajando con los gobiernos de los estados y que esos delitos corresponde atenderlos a las autoridades de los estados, que son del fuero común y que la federación iba a ayudar en todo en una labor conjunta, palabras más o menos. También dijo que el pueblo no debe atemorizarse y tiene que participar y salir a votar, que generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no vote.
Pues bien, es evidente que el Señor Presidente no sabe que la delincuencia organizada es un delito que corresponde atender, prevenir y combatir exclusivamente a las autoridades de la federación, es decir, la delincuencia organizada es competencia reservada para la autoridad federal, únicamente la Fiscalía General de la República y las policías que tienen competencia federal, están obligados y facultados para investigar este tipo de delitos y llevar ante las autoridades judiciales de la federación a los responsables de cometerlos o participar en su comisión. El mensaje del titular del Poder Ejecutivo Federal debe atenderse en toda su importancia porque es el responsable en última instancia de la política de seguridad de la nación y, al aceptar de manera expresa que los hechos delictivos son de la competencia federal era para que la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional inmediatamente asumieran la conducción y mando de las investigaciones. Lo que ocurre es una contradicción inexcusable en el discurso, al señalar que se trata de delincuencia organizada y luego establecer que esos hechos corresponde atenderlos e investigarlos a las autoridades de los estados.
Lastimosamente, sabemos que las autoridades de la federación no cuentan con las capacidades operativas ni los insumos necesarios para llevar a cabo este tipo de investigaciones en los estados y que en realidad son las autoridades locales las que deben asumir el compromiso y realizar las pesquisas necesarias para tratar de esclarecer los hechos, dándole el tratamiento de un homicidio de la competencia del fuero común y no como en realidad lo es, uno perpetrado por miembros de la delincuencia organizada con la utilización de armas de fuego, cuya portación también es un delito de la competencia de la federación, pero más aún, sin considerar que los motivos y vínculos que subyacen a este tipo de agresiones, tienen repercusiones a nivel nacional, que afectan el orden jurídico mexicano, el Estado de Derecho y la seguridad de la nación, sin que hasta el momento sea posible atenderlos adecuadamente por las autoridades locales, solo habría que preguntar cuántos individuos se encuentran identificados como autores de estos hechos y cuántos han sido detenidos y vinculados a un proceso penal, las respuestas no nos van a gustar.
Finalmente, es también importante establecer que para el día de la jornada electoral debe llevarse a cabo una estrategia de seguridad en coordinación estrecha y eficaz entre los 3 distintos órdenes de gobierno, es decir, las autoridades federales, las estatales y las municipales, aunque a estas últimas son a quienes realmente les dejan todo el paquete en la gran mayoría de los casos, ya que las autoridades federales y estatales tienen distraía a una gran parte de su estado de fuerza policial en el resguardo de los paquetes electorales, antes y después de las votaciones y, en general, en una serie de actividades relacionadas, de manera que se descuida mucho la seguridad en las calles, en donde se debería de poner la mayor atención.
De las tareas de inteligencia que deberían ser las principales y más importantes en materia de prevención y para evitar que ocurran casos como los que hemos comentado, mejor ni hablamos.
RENÉ URRUTIA DE LA VEGA
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