El proverbio dice que “las comparaciones son odiosas”, pero en ocasiones resultan necesarias.
Es el caso al comparar en qué medida la Fiscalía General de la República (FGR), y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), han transitado en su cambio para ser más eficientes y contribuir a que la impunidad vaya a la baja.
Esta comparación la realizó la organización México Evalúa en su informe: “De Procuradurías a Fiscalías. Observatorio de la Transición 2020”.
En la primera parte el documento presenta la metodología aplicada. El objetivo es conocer de manera precisa e integral la transformación de las instituciones de investigación penal para saber si van en el rumbo que se requiere.
Para eso evalúan dos dimensiones que son la transformación y los resultados. La primera tiene que ver con las acciones implementadas para transformar la institución y la segunda identifica cuáles son los fenómenos criminales que se prioriza atender y qué tanto se logra.
Entre los resultados que se obtienen está que en la FGR, no hay voluntad política para realizar una transición institucional e incluso existe un retroceso, que la institución se ha aislado con respecto de otras entidades públicas con las que debería colaborar y que se ha tornado aún más opaca.
Mientras que localmente se observa un importante avance en la transición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, resultado de la voluntad política de los tomadores de decisión para lograr una persecución penal estratégica y una institución alineada a los principios del sistema de justicia procesal penal adversarial.
Vale la pena señalar que la FGR inició su proceso de transición el 18 de diciembre de 2018, mientras que la Fiscalía de la ciudad arrancó el suyo el 10 de enero de 2020.
¿Qué factores influyen para resultados tan contrastantes?
El primero es la voluntad política, que la persona que encabeza la institución quiera y se comprometa con el cambio. En el caso de la FGR, su titular, no quiere el cambio e incluso ha promovido una nueva ley que recupera características de la antigua PGR. Además el presidente López Obrador, tampoco manifiesta una idea clara para transformar la procuración de justicia.
Mientras que en la FGJCDMX la titular quiere transformar la institución y pone mediaciones para que el cambio suceda, además existe una clara sintonía de cambio con la Jefa de Gobierno.
Para mover una institución además de la voluntad se requiere de un plan, identificar los pasos a dar y los tiempos que puedan requerirse. En el caso de la FGR no existe dicho plan y tampoco cambio alguno.
En tanto, en la Fiscalía de la CDMX hay un plan general de transición elaborado por una Comisión de Transición, que fue un órgano ciudadano. Este plan lo ha ido precisando la Fiscal y al mismo tiempo formó, al interior de la institución, un equipo cuya tarea es ejecutar los cambios progresivos.
Un tercer aspecto es la participación ciudadana y de otros actores para acompañar la transición. En lo que toca a la FGR se ha aislado y repele la participación ciudadana.
Por el contrario, en la CDMX se ha privilegiado la participación a través de diversos mecanismos y existe apertura permanente de parte de la institución.
Lo que sucede con estas instituciones ejemplifica claramente el dilema de la justicia mexicana: regresión o cambio.