Más de cincuenta y ocho mil trescientos noventa y cinco millones de pesos, ($58,395,405,695.00), es el total de recursos que la Federación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), ha establecido de 2013 a 2016 para el fortalecimiento de la seguridad en entidades y municipios. Paralelamente, la Subsecretaria de Prevención del Delito ha entregado en ese mismo periodo poco más de nueve mil quinientos treinta millones de pesos ($9,530,141,755.64) para prevenir la violencia y la delincuencia.
Es decir, en cuatro años parte de los impuestos de los mexicanos han sido destinados a entregas federales por sesenta y siete mil novecientos veinticinco millones de pesos ($67,925,547,450.64) para las 32 entidades y para alrededor de 350 municipios. Es importante destacar que arriba del 95% de los municipios que han recibido aportaciones a través del Programa de Prevención de la Violencia (Pronapred), también han obtenido recursos para seguridad del Sesnsp, antes conocido como Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) y ahora como Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
En esta gran cantidad de dinero no se tiene en cuenta el gasto corriente, las nóminas de instituciones federales que coadyuvan en la materia, los 192 mil millones de pesos por año que la Federación incluía en los programas intersecretariales de prevención y otros recursos que por sí mismos, entidades y municipios, destinan a la seguridad.
Si bien puede existir la tentación de pensar que son recursos excesivos etiquetados para este tema, la realidad es que éstos no sólo deben ser analizados por la cantidad, sino de manera específica a partir de indicadores propios de evaluación que expliquen la relación gasto-resultado, entendiendo que, históricamente carecemos de eso: indicadores que sirvan para darnos una ruta, entender avances, errores y malos gastos, al tiempo que se le rinde cuentas a la sociedad. Por ejemplo, pensemos en los recursos destinados al Pronapred que, según el paquete de egresos para 2017, prácticamente desaparecen gracias a un recorte de dos mil millones de pesos.
Quienes hemos dedicado años de trabajo a este tema, hemos insistido una y otra vez en que es fundamental trabajar en las causas que generan la incidencia delictiva y la violencia, por lo que un proyecto de prevención específico del gobierno federal parecía un gran avance. Sin embargo, desde su origen no quedó claro cuál era el objetivo del Pronapred, reducir la violencia, la incidencia delictiva, el homicidio o los factores de riesgo asociados a la delincuencia. Los criterios para las aportaciones eran, en el mejor de los casos, poco claros, hasta llegar a incomprobables de cómo tal actividad iba a reducir “la violencia”.
Lo más grave fue la declaración de las autoridades respecto a que el Programa había tenido éxito, que el homicidio había bajado más en aquellos municipios donde se aplicaba, omitiendo que la tendencia en tales municipios ya era decreciente y que probablemente aún sin Pronapred, el homicidio habría mantenido dicha tendencia. Desde esta perspectiva, lo que hubiéramos esperado de las autoridades es que así como declaraban que cuando el homicidio bajaba era éxito del Programa, al interrumpirse y revertirse el comportamiento (lo que sucedió desde abril 2015), debieron haber salido a declarar el fracaso del mismo.
Ese mismo error se comete con las aportaciones FASP y Subsemun-Fortaseg, pues se busca en la incidencia delictiva, el indicador que justifique los resultados. De esta manera a veces escuchamos hablar de la disminución de los homicidios, secuestros, extorsiones o robos; cuando observamos que se mantienen elevadas tasas de estos delitos. Por ejemplo, en lo que va de 2016 se ha registrado tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de 9.2, de secuestro de 0.5, de extorsiones de 2.3, de robo con violencia de 77.7, de robo de vehículo de 74.8 y de casa habitación de 38.5.
Visto desde otro ángulo, en el país se inicia una averiguación previa por homicidio doloso cada 27 minutos, por secuestro cada 8 horas, por extorsión cada 109 minutos y por robo con violencia cada 3 minutos.
El objetivo de las aportaciones debería ser generar mejores instituciones de seguridad, capaces de responder a las necesidades de individuos y de la sociedad, con pleno apego a protocolos y derechos humanos. Esto permitirá lograr descensos de los delitos en el mediano o largo plazo, enfocándose en que las capacidades municipales, estatales y federales se alineen a la estrategia que debería tener el gobierno federal.
Todo apunta a que seguimos gastando mal, al tiempo que continuamos padeciendo el yugo de la corrupción. Estos dos elementos son los únicos que explican por qué, a pesar de haber gastado miles de millones de pesos, la capacitación policial es deficiente, las condiciones laborales injustas y los recursos materiales insuficientes.
Debemos reconocer que partimos de muy lejos, que en menos de dos décadas creamos instituciones que no existían y que vivían bajo normas diferentes a lo que marca la ley (pensemos en la policía de Arturo Durazo), que hay avances institucionales, pero no debemos pensar que nos encontramos cerca de los mínimos necesarios. Es un hecho que un país con una economía como la nuestra, con su relevancia geopolítica, debería ostentar otro tipo de instituciones, con mayor cultura de la legalidad y con más apego al Estado de Derecho.
A nuestros gobernantes: es hora de definir un plan claro sobre cómo gastarán nuestros recursos, de auditar y sancionar a quien rompa la ley. Al resto de la sociedad: es hora de generar contrapesos, ejercicios de observación y evaluación tanto de las acciones implementadas como del uso de los recursos por parte de la autoridad. Ha llegado el momento de vivir en un país donde estemos seguros de progresar, salir a la calle, vivir. La crisis por la cual atravesamos no se deriva de falta de recursos económicos pues lo cierto es que hoy sí gastamos mucho, avanzamos poco y definitivamente no vivimos seguros.
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