Aparte de ser un país que ha sufrido tanta corrupción por años, México también ha presenciado amplias promesas desde las esferas más altas del gobierno de combatir este flagelo. Las campañas retóricas de los presidentes contra la corrupción, las promesas de enfrentar este problema que nos cuesta tanto, sus juramentos de que “caiga quien caiga”, los casos, escándalos y encarcelamientos, y los pactos de impunidad entre el presidente saliente y el presidente entrante son tan comunes como la corrupción.
Entonces ¿Cómo debe reaccionar la gente ahora con la 4T con un canto similar, pero que suena diferente? ¿Cómo responder a esta lucha contra la corrupción que, esta vez, está dirigida por un presidente honesto; un presidente que muestra más energía y compromiso que sus antecesores de barrer las escalares de arriba hacia abajo; un presidente que coordina un gobierno con funcionarios anticorrupción que, congelan cuentas, fiscalizan al gobierno y multan a ex funcionarios y funcionarios por irregularidades como nunca antes en la historia de la administración pública federal; un gobierno que tiene en marcha investigaciones de las corruptelas del gobierno anterior, incluso de políticos de los más altos niveles, algo que nunca había sucedido? En muchos casos históricos, se tiene registro que la retórica de la lucha contra la corrupción suele disminuir después de ganar las elecciones; pero en este caso, ya llevamos dos años del triunfo de la izquierda en México (2018) y, sin embargo, sigue vigente en la agenda pública de la lucha contra la corrupción como la prioridad del presidente. Incluso, según su segundo informe, se ha convertido en la comprometida leyenda de este gobierno al futuro.
Pienso que, ante este inédito acontecimiento, hay diferentes maneras de reaccionar. Una es la incredulidad. Basada en la larga experiencia y las lecciones de una historia de simulaciones tras simulaciones; tal vez, esta reacción es natural y racional. En esta reacción, uno prevé los mismos resultados de las campañas de cada ex presidente; casos que nos muestran cómo los presidentes anteriores no sólo no eliminaron la corrupción, sino en muchos casos lo aumentaron: la incredulidad se fundamenta en preguntarse ¿por qué debiese ser diferente la lucha anticorrupción en el gobierno de AMLO?
Además de la incredulidad, una segunda reacción es la defensa. Esta reacción es más perniciosa. Para los beneficiarios de la corrupción –algunos funcionarios, coyotes, empresarios, periodistas, ciudadanos, el crimen organizado dentro y fuera del gobierno– la anticorrupción representa una amenaza directa a sus privilegios, sus formas de operar, de disfrutar del erario, su manera de conseguir beneficios que por ley no les corresponden. La pregunta entonces es ¿cómo reaccionan estos grupos a la guerra contra la corrupción? Por supuesto, están en contra de los cambios y van a luchar en contra de la anticorrupción; pero difícilmente pueden reaccionar pronunciándose a favor de la corrupción. Tienen que defender sus intereses, pero por otra vía.
Hay un dicho que dice que “cuando le pegas a la corrupción, la corrupción te responde golpeándote” y esto es la reacción de la defensa de los múltiples intereses que se trastocan. No es fácil abatir la corrupción y desmantelar los sistemas corruptos tan arraigados a través de tantos años en tantos sectores como las aduanas, los sindicatos, en los partidos, en la policía, en el sistema judicial, etc. Y cuando los gobiernos empiezan a golpear a la corrupción, los intereses afectados reaccionan con todos sus esfuerzos y facultades para obstaculizar y desacreditar los cambios. Tal reacción queda como un indicio de la seriedad de un esfuerzo contra la corrupción. Por supuesto, si la anticorrupción es sólo simulación, entonces ellos no tienen nada que temer o hacer.
Una tercera reacción es ver la anticorrupción dentro de una oposición más amplia contra el gobierno. Aunque hay muchos adversarios del presidente quienes dicen estar a favor de luchar contra la corrupción, su oposición y francamente odio al presidente, a sus planes izquierdistas y su 4T, marca un cliché que les impide apoyar cualquier esfuerzo anticorrupción, creerlo o, peor, darle cualquier legitimidad.
Como la reacción cultural de la incredulidad, lo oposición anti-AMLO suele reclamar la hipocresía del gobierno y el presidente, señalando, por ejemplo, algunos casos en que el gobierno parece perdonar o rehusarse a investigar la corrupción de sus aliados, a pesar de que algunos funcionarios del gobierno actual se han sancionado o están bajo investigación (el superdelegado de Jalisco y otros nuevos delegados, la directora de CONADE, el hijo del director de la CFE, cientos de procedimientos de responsabilidades administrativas en 2019, más de mil investigaciones internas dentro de la FGR, etc.).
Sin embargo, para los adversarios del presidente, es buscar cualquier pretexto – como las casas de la Secretaría de la Función Pública declaradas en su declaración – para deslegitimizar el gobierno. Son los que ya concluyeron que el video de Pío López Obrador – a pesar de las grandes diferencias entre los casos y que el gobierno ya se comprometió a realizar una investigación - no sólo muestra la corrupción de AMLO, sino que muestra que el gobierno no va a hacer nada contra la corrupción; que todo, por ende, es un show mediático para distraer de la concentración del poder, el autoritarismo y la corrupción. Todo es parte de lo que en inglés se llama “what-about-ism;” o sea, señalando: “Sí, es cierto que los presidentes anteriores o gobernadores si hicieron actos corruptos, pero… ¿qué tal lo del hermano del presidente o el director del CFE?”. Argumento que refuerza aquello de que todos son iguales.
Una cuarta forma de reaccionar, y lo preferible, es unirse a la causa. Según los expertos (los “corruptólogos”), los gobiernos no pueden solos; la lucha contra la corrupción requiere la cooperación y participación de todos. Por un lado, es la suma de los funcionarios que por tantos años han vivido y trabajado dentro de los sistemas corruptos. A lo mejor no participan ni se benefician de la corrupción, pero saben que existe, saben quiénes son, y saben también que siempre ha sido mejor quedarse callados que decir algo. Pero justamente es así como la corrupción ha persistido a través de los años. Para este grupo de funcionarios, unirse a la causa implica una actitud diferente; un cambio fundamental. Una actitud de denuncia abierta sobre la corrupción, de apoyar a sus colegas para que tengan el valor de denunciar a la corrupción con todos los riesgos que representa y de cooperar con los oficiales encargados de investigar la corrupción. Unirse a la causa desde adentro representa una revolución contra los “arreglos” y a favor de las reglas justas; hacer las cosas como deberían.
Vale mencionar que hay un pequeño grupo de funcionarios que, como Emilio Lozoya, al enfrentar las investigaciones y posibles sanciones, reaccionan “uniéndose a la causa” ofreciendo testimonio e información detallada de los actos ilícitos de sus compañeros y jefes. Es una especie de whislteblower. Y los whitleblowers tienen un papel fundamental en abatir la corrupción. Como siempre, México necesita más whitsleblowers y testimonios (cuando los corruptos traicionan a sus compañeros de las corruptelas).
Por otro lado, están los ciudadanos. Para los ciudadanos la reacción de unirse a la causa implica también una nueva actitud, pero desde afuera. Una actitud dispuesta de rehusar quizá el camino más fácil pero chueco de arreglar las cosas; una disposición de denunciar la corrupción en cualquier lugar; y un espíritu de que esta vez sí se puede lograr un cambio. Ni es fácil, ni barato, ya que uno puede pagar altas consecuencias por enfrentar a los que están defendiendo o beneficiándose de la corrupción. Puede ser que, al desmantelar los sistemas corruptos, los burócratas y funcionarios en realidad no sepan cómo hacer las cosas bien, creando confusión, ineficiencias y pérdidas. Pero esto será el costo transitorio de un cambio de verdad. No querer pagar el costo de los platos rotos no debe de inhibir o destruir la lucha contra la corrupción; no ahora cuando hay un presidente con el firme compromiso de dirigir la batalla contra la corrupción y un gobierno que por fin está enfrentado el problema.
Por supuesto, unirse a la causa no implica aceptar todo lo que dice el gobierno, apoyarlo en todo o cerrar los ojos a sus actos. Unirse a la causa da derecho, por supuesto, de disentir, de exigir la rendición de cuentas del mismo gobierno, de poner la presión para que, de verdad, esta vez, se cumpla con lo que se dice. Si quieren acabar con la corrupción, los del gobierno tienen que poner el ejemplo y los ciudadanos tienen que exigirlos y unirse a la causa.
Políticamente, los que reaccionan por la defensa de sus privilegios amenazados van a unirse al discurso de la oposición política, puesto que no pueden estar públicamente a favor de la corrupción. Ellos representan la oposición de la anticorrupción. Lo que quieren los primeros, al fin de cuentas, es obstaculizar y derrotar las iniciativas contra la corrupción, mientras lo que buscan los segundos es el fracaso del gobierno. Así, da la impresión de que son como “aliados”. Pero si estos (los corruptos que la defienden y la oposición política) llegan a ganar la batalla contra el gobierno en alianza con los que se unen a la causa, entonces el resultado cíclico del combate a la corrupción será el mismo al que llegaron los expresidentes. Y así, el ciclo vicioso de la corrupción y las campañas de la anticorrupción que marcan la historia política del país seguirán y continuarán sin realmente acabar con este flagelo social.
*Dr. Stephen D. Morris Investigador y Coordinador del Laboratorio de la Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, UNAM, y Colaborador de Integridad Ciudadana A.C.
Integridad Ciudadana. Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida. Nuestro objetivo principal, es impulsar la participación ciudadana, la investigación, la docencia, la elaboración de propuestas de políticas públicas, así como fomentar la cultura de la legalidad, mediante la divulgación de opiniones informadas y responsables.