Después de varias décadas de expansión hacia los municipios connurbados y despoblación de la Ciudad de México, es una buena noticia que se piense en la redensificación. Es necesario pensar en la gente, el tiempo que tarda para desplazarse de sus casas a su trabajo y la calidad de vida en sus colonias.
Sin embargo, el proceso debe ser ordenado y en el interés de las comunidades. Para dar una idea sobre la dimensión del reto, estamos como en los años setenta del siglo pasado en materia de infraestructura. Todavía más, el crecimiento desordenado ha llevado a un caos en el desarrollo inmobiliario y el deterioro de la calidad de vida en amplias zonas de la delegación.
Un desarrollo urbano caótico dificulta la convivencia y deteriora el nivel de vida de todos. Hablamos para empezar del problema del tránsito en centros residenciales sobresaturados a centros de trabajo en horas pico. Otro problema grave es el desabasto en servicios públicos como el agua o la ausencia de espacios para la recreación y la convivencia, que inciden en la cohesión comunitaria.
Todavía más, un desarrollo urbano desmedido rompe con la vida de nuestras colonias a través del proceso conocido como gentrificación. Primero una comunidad ve cómo se degradan sus servicios básicos como educación o salud, pasándose a una estigmatización de quienes ahí residen por la inseguridad y pobreza resultantes. Acto seguido aparecen grupos inmobiliarios que compran propiedades por doquier y con ellas políticas de “lavado de cara”, como eventos culturales o de rescate, que encarecen la vida. El resultado es la expulsión de vecinos originarios por convenios o por la fuerza, acabando el barrio de ponerse “de moda”.
Un crecimiento ordenado debe llevar a una redensificación ordenada y sostenible de la delegación, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. El crecimiento debe apostar por las mejores prácticas ecológicas y tecnológicas. Y sobre todo, los procesos de contratación deben mejorar la competencia, prevenir conflictos de interés, proveer transparencia y certidumbre jurídica y establecer esquemas de mitigación a quienes resulten afectados por las obras.
La solución a este problema es compleja y es responsabilidad de los gobiernos delegacional y del Distrito Federal, así como la ciudadanía organizada. En atención a ello, presento un código de ética para el ordenamiento urbano como compromiso de campaña. De favorecerme el voto será revisado y enriquecido por académicos, funcionarios públicos y constructoras. Los compromisos que establece son:
Integridad
El servidor público actuará con honestidad, fomentando la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y apego a la verdad.
Lo anterior se verá apoyado por las siguientes políticas:
- Se hará obligatorio presentar y actualizar cada año las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
- Se reordenará la administración pública de la delegación para mejorar trámites. Instaurar un sistema de seguimiento electrónico para que el usuario sepa en cada momento el estado de sus solicitudes.
- Se revisarán todos y cada uno de los procedimientos delegacionales para eliminar todo espacio innecesario a la discrecionalidad y al potencial conflicto de interés.
Transparencia
Es necesario permitir y garantizar el acceso a la información pública gubernamental, sin otra limitación más que la impuesta por el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. Se incluye aquí la obligación del servidor público a hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación.
Lo anterior se verá apoyado por las siguientes políticas:
- Se transparentará todo proceso de toma de decisiones interno, incluyendo compras y contratos, a través de un portal que permita acceder a la información que se necesite.
- Se rendirá cuentas sobre las decisiones en torno a la definición de prioridades, objetivos, metas, uso de recursos y el logro de resultados. El elemento básico de la transparencia y de la rendición de cuentas, es la información pública.
Imparcialidad y justicia
El servidor público está obligado a actuar sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna. Al hacerlo, debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña.
Lo anterior se verá apoyado por las siguientes políticas:
- Revisar los procedimientos de publicidad en las autorizaciones de obra pública, de tal forma que haya apertura total: ninguna obra será otorgada discrecionalmente.
- En el proceso de adecuación del marco normativo que tendrá lugar a raíz de la eventual reforma política de la ciudad, impulsar un normatividad clara para la Ciudad de México en materia de contrataciones.
Entorno cultural, ecológico y comunitario
El servidor público evitará toda afectación al patrimonio cultural, comunitario y ecológico, asumiendo una voluntad férrea de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente que se refleje en sus decisiones y sus actos.
Lo anterior se verá apoyado por las siguientes políticas:
- Garantizar que todo proyecto de desarrollo sea consultado con la comunidad donde se realizará, cuidando siempre planes de mitigación en su caso.
- Definir en los procedimientos de autorización de obra que los proyectos contemplen disposiciones claras en materia de ecología, mitigación de externalidades y sustentabilidad.
- Pensar en toda obra en el vecino por encima del nuevo colono.
Abramos la discusión para ordenar la ciudad.