Como confirma la estadística oficial, estamos viviendo uno de los peores momentos de incidencia delictiva y violencia: homicidios, secuestros, extorsiones, robos y violaciones presentan crecimientos significativos (comparados contra las tasas por cada 100 mil habitantes de los últimos 21 años) que permiten pronosticar que 2017 cerrará como el año más violento de la historia reciente de nuestro país.
Las preguntas que surgen, naturalmente, son: ¿qué está fallando? ¿Quién es el responsable de que nos enteremos día tras día de balaceras, secuestros y la pérdida de la vida de tantas personas? ¿Por qué, tras una década de violencia y miles de millones de pesos gastados para atender el tema, parece que cada vez vamos peor?
La respuesta obvia nos remite a la responsabilidad del conjunto de autoridades encargadas de proveer seguridad y justicia; a las condiciones generales en las que se encuentran policías, procuradurías y fiscalías en términos de salarios, prestaciones y equipamiento; a la incapacidad del Estado de controlar el territorio nacional de las disputas entre delincuentes.
Las dudas persisten ¿por qué, tras una década de gastar miles de millones de pesos para atender la seguridad y la justicia, seguimos repitiendo los mismos argumentos de debilidad institucional?
Cuando se revisan las condiciones institucionales, lo cierto es que no estamos como hace una década. Se han hecho esfuerzos importantes por depurar, profesionalizar y equipar las instituciones, con algunos honrosos resultados: Policía Federal, la policía de Ciudad de México o Guanajuato, procuradurías y fiscalías estatales como la de Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato o Nuevo León, la Procuraduría General de la República.
Dichas instituciones cuentan con equipamiento, tecnología, procesos, capacidades de investigación, personal y – en algunos casos – condiciones salariales adecuadas para enfrentar el delito. Sin embargo, la incidencia delictiva, la evidencia de penetración de los grupos de delincuencia organizada, la violencia y desconfianza de los ciudadanos sigue creciendo.
Cada vez es más difícil justificar los porqués de esta situación y mientras miles de mujeres y hombres honestos, patriotas, día a día siguen luchando y exponiendo sus vidas y las de sus seres queridos, la violencia sigue creciendo. Es cierto, es difícil entender qué está fracturado entre la aparente buena disposición, voluntad y compromiso de los titulares, las capacidades institucionales y las deficiencias, maltrato a las víctimas e incompetencia de autoridades que luego vemos, incluso, entre las instituciones mejor equipadas, capacitadas y pagadas.
Los titulares de las instituciones tienden a descargar la responsabilidad en factores externos, en una casi total ausencia de autocrítica, agravando el divorcio entre autoridades y ciudadanos insatisfechos de la falta de rendición de cuentas.
Tratando de dar una respuesta, en el Observatorio Nacional Ciudadano, hemos llegado a la conclusión que una parte del problema radica en la improvisación o desconocimiento de los tomadores de decisiones en materia de política pública, así como decisiones sustentadas en intereses políticos, más que en diagnósticos objetivos con un claro entendimiento de los retos y tiempos que lleva cristalizar un proyecto, indicadores claros de evaluación y con una visión de rendición de cuentas.
Es decir, si se analizan con detalle las políticas públicas y acciones emprendidas para responder a los retos que tenemos en materia de seguridad, la línea causal entre el problema y su posible solución no queda clara.
Tomemos como ejemplo el decálogo de acciones propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014 como respuesta a los acontecimientos del 26 de septiembre de ese año, cuando 43 jóvenes estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada por parte de autoridades locales de seguridad de los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero, en contubernio con un grupo de delincuencia organizada.
El decálogo propuesto por el presidente, en un intento por mandar una señal de que el tema se estaba atendiendo, incluía:
1. Promulgar una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales.
2. Una iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito.
3. La creación obligatoria de policías únicas estatales.
4. La puesta en marcha de un número nacional para emergencias: el 911.
5. La implementación de Clave Única de Identidad.
6. Iniciar un Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente.
7. Fortalecer acciones de Justicia cotidiana.
8. Emprender acciones en materia de derechos humanos que incluía:
· Una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada.
· Se fortalecerán los protocolos y procedimientos, para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
· Se establecerán indicadores adicionales en materia de Derechos Humanos, en coordinación con la CNDH y Organizaciones de la Sociedad Civil.
· Se creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.
· Se publicará el Reglamento de la Ley General de Víctimas y se pondrá en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas.
9. Combatir la corrupción.
10. Aumentar la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Ante un evento que indiscutiblemente debió haber sacudido conciencias y ayudado a abrir los ojos sobre la realidad de lo que se vive en nuestro país, el titular del ejecutivo propuso una serie de acciones que, a casi 3 años, han quedado inconclusas, olvidadas o nunca debieron ser una prioridad.
Tomemos el caso del número nacional para emergencias 911 ¿es positivo que los ciudadanos cuenten con un número de respuesta que concentre a todas las autoridades involucradas en dar atención a las necesidades de los ciudadanos? ¡Seguramente! ¿Era una prioridad que debía ser impulsada por el Ejecutivo Federal en respuesta a la desaparición forzada de 43 personas? Lo dudo.
Lo dudo por la falta de sensibilidad sobre qué buscaban las víctimas indirectas de ese evento delictivo. Lo dudo porque el gasto que implicó no vino a modificar el mapa de la denuncia y de la confianza ciudadana. De hecho, en la mayor parte de las entidades, los números de atención funcionaban adecuadamente, los ciudadanos los usaban y confiaban.
En ese contexto, las debilidades que tenían los números de denuncia son las mismas del actual 911. Para que un número de emergencia sea exitoso, se requiere de una autoridad local que cuente con las capacidades de dar respuesta a las solicitudes de auxilio de los ciudadanos. Dicho de otra manera, de poco sirve tener un número al cual llamar, si no hay suficientes policías, patrullas, armas, para defender al ciudadano que solicita auxilio.
Insisto, con esto no quiero desacreditar el esfuerzo que costó que el proyecto se cristalizase, pero ¿necesitábamos gastar grandes cantidades de recursos para empezar por homologar a nivel nacional un número cuando son evidentes las asimetrías institucionales que existen en el país en materia de capacidades?
En ese embrollo nos encontramos, no hay una visión clara de cómo lograr reducir la incidencia delictiva. Seguimos sin tener claro cómo medir los esfuerzos de las autoridades por mejorar la seguridad y esto nos lleva a carecer de los indicadores de desempeño y resultado que permitan evaluar individuos e instituciones.
Los mexicanos ya no estamos para ocurrencias, no podemos permitir que se mantenga la actual incidencia delictiva y la violencia que los ciudadanos sufrimos. El país ya no permite ocurrencias, respuestas improvisadas o cosméticas que simulen que algo se está haciendo. La autoridad debe rendir cuentas, explicar su actuar en términos de los qué, cómo y para qué.
Los ciudadanos debemos insistir y demandar por un trabajo serio que se mida por indicadores objetivos y asumir el reto de generar un esfuerzo de dar seguimiento y evaluar el desempeño.
En México hay miles de servidores públicos honorables, hagámosle justicia reconociéndolos, al tiempo que rechazamos la simulación e improvisación de muchos.