¿Cómo está la situación de México? ¡Qué difícil es contestar esta pregunta! Dar una respuesta a este cuestionamiento que suelen realizar en entrevistas y foros puede parecer algo sencillo. No obstante, para quienes nos dedicamos a analizar las condiciones de seguridad, justicia y del Estado de derecho resulta todo la contrario, debido a las contrastantes realidades que se pueden encontrar en el país.
Como mexicano es triste e inclusive vergonzoso, explicar la colusión existente entre autoridades y grupos delincuenciales, su infiltración en las instituciones, la corrupción, la violación sistemática de derechos humanos, la elevada incidencia de violencia y de delitos, la baja efectividad del sistema de seguridad y justicia, entre otros aspectos. Esto se torna bastante complicado pues al mismo tiempo hay que ser justo en reconocer los avances y esfuerzos de tantas mujeres y hombres que se han empeñado en la construcción de un mejor país.
Es así que la fotografía nacional se vuelve compleja, la incidencia delictiva reflejada en las estadísticas no siempre da cuenta de la realidad local. Precisamente parece que los incentivos están puestos para que nuestras autoridades dejen de combatir el delito, de fortalecer la procuración de justicia, para que las cifras hagan parecer que las condiciones son mejores de lo que en realidad son.
De esta manera hay entidades con altos índices delictivos que están trabajando para dar acceso a la justicia y rendirle cuentas a la sociedad, mientras que hay otras que inexplicablemente mantienen estadísticas aceptables de incidencia delictiva. Permítanme dar un panorama general sobre los niveles de delincuencia que se registran en diversas zonas de México.
Tenemos algunas entidades en una emergencia de inseguridad y violencia que requieren de todos los esfuerzos del Estado mexicano, del sector productivo, de la sociedad civil y la academia; para reconstruir las bases primarias del entramado social. Este es el caso de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán en donde la mera implementación de operativos conjuntos de las instituciones federales de seguridad no ha dado resultados significativos.
Hay entidades con altos índices delictivos, de corrupción, colusión entre autoridades y delincuentes que puede llevar a una descomposición social aún más preocupante. Por ejemplo, me atrevería a decir que entre estas se encuentran Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Durango, Jalisco, Colima y Quintana Roo.
Paralelamente, podemos ver otras con altos índices delictivos donde se han hecho avances significativos pero las condiciones continúan siendo complejas tales como Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Tenemos entidades donde hay problemas álgidos de algunos delitos específicos o una situación de aumento que debe ser atendida puntualmente como Guanajuato, Querétaro, Puebla, Baja California Sur, Distrito Federal, Chiapas, Zacatecas, Morelos, Aguascalientes y Oaxaca.
Asimismo hay otras entidades con situaciones preocupantes, debido a que cuentan con registros de incidencia delictiva no confiables y, por ende, pasan bajo el radar de la problemática nacional. Este podría ser el caso de San Luís Potosí, Nayarit, Sonora, Hidalgo y Tlaxcala. Respecto a estas entidades es difícil decir cuáles y cómo son las condiciones reales de incidencia delictiva e inseguridad, sólo podemos afirmar que las autoridades son opacas y no tienen vocación de rendir cuentas a la sociedad.
En sentido opuesto, tenemos a Yucatán y Campeche que registran los menores niveles de incidencia delictiva de acuerdo con las estadísticas oficiales y que son de las pocas entidades en las que, aparentemente, se han logrado mantener condiciones aceptables de seguridad.
Desde cualquier perspectiva este es un panorama bastante complejo y, por ende, amerita un análisis más profundo y detallado de los problemas de cada entidad federativa. Esto es crucial pues dada la heterogeneidad de las condiciones de nuestro país, se requieren acciones focalizadas frente a la actividad de los grupos delincuenciales pues estos se comportan de manera diversa en función de las actividades a las que se dediquen, el tipo de control que mantengan sobre determinado territorio, entre otros factores.
Otro aspecto que necesariamente debe ser contemplado es la voluntad de nuestras autoridades para contar con municipios y entidades seguras, en las que se respeten cada uno de nuestros derechos humanos. En este sentido, las respuestas a las siguientes preguntas son determinantes: ¿Hay algún reconocimiento de parte de las autoridades de los retos que enfrentan o, por lo contrario, la comunicación se maneja políticamente al tiempo que se permite la impunidad?
¿Existe colaboración entre los poderes y niveles de gobierno con el sector productivo y la sociedad civil? ¿Las responsabilidades se encuentran bien repartidas entre ellos? ¿Existen las condiciones para el combate a los delitos y la reconstrucción de las instituciones? ¿Existe un esfuerzo real para aplicar la ley uniformemente, consistentemente, sin manejos o favoritismos? ¿La sociedad está mandando una señal clara de frente común en contra de la ilegalidad?
Este último punto es el que hace la gran diferencia entre Baja California y Nayarit. Baja California tiene un gran reto por delante, las condiciones de seguridad distan en demasía de ser la deseadas y los recientes aumentos de delitos violentos muestran que el combate al delito nunca termina. Sin embargo, al mismo tiempo es una entidad en la cual sus autoridades reconocen el problema y han hecho un esfuerzo real por generar las condiciones para que el ciudadano se acerque a denunciar un delito.
En Nayarit, por lo contrario, la estadística pasó en tan sólo tres años, de mostrar a la entidad como una de las más violentas, a una de las que presentan en menor medida esta problemática. Esto sería entendible si existiera un modelo o una serie de acciones claras que explicaran cómo se obtuvo tal logro. No obstante, este no es el caso pues las autoridades de la Fiscalía General del Estado difícilmente contestan una solicitud de transparencia o muestran un avance en cultura de rendición de cuentas.
¿Cómo está México en materia de seguridad y justicia? Debido a los argumentos que han sido expuestos, definitivamente esta pregunta no puede responderse fácilmente. Es incuestionable que nuestro país enfrenta grandes retos para controlar y desincentivar el delito pero aún más para generar las condiciones necesarias de Estado de Derecho.
Algunas autoridades han asumido el reto y lo hacen de la mano con los otros actores sociales, mientras que otras niegan la evidencia, minimizan los problemas y permiten que la impunidad continúe reproduciéndose de manera crónica. Esto último les permitirá dejar sus cargos sin haber hecho lo necesario para cumplir con su deber o sin haber mejorado las instituciones que recibieron sin consecuencia alguna, es decir, gozarán de la misma impunidad que ellos se dedicaron a perpetuar.